Por Marcelo Cabero
Hoy, gracias al trabajo de relevamiento que hicimos como Mesa Nacional de Barrios Populares y a los datos del propio monitor oficial de la SISU, podemos mostrar con números lo que significa esta decisión.
En este momento, hay 14 obras de integración socio-urbana en ejecución en nuestra provincia. Obras que se están haciendo en localidades como Abra Pampa, San Pedro, Palpalá, San Salvador de Jujuy, Alto Comedero y Humahuaca. Obras que tienen un avance de entre el 15% y el 85%. Obras que están casi terminadas, y que ahora quedan paralizadas.
¿Saben cuántas familias iban a recibir esas obras? 2.528 familias. Gente que hoy ve cómo el Estado Nacional les saca una obra que ya estaba en marcha.
¿Y qué pasó con el dinero de las obras? El Gobierno Nacional tomó la decisión de vaciar el Fondo de Integración Socio Urbana FISU y enviar todo el dinero de las obras al Ministerio de Economía seguramente para pagar al FMI y para continuar perpetuando la exclusión de los vecinos y vecinas de los Barrios Populares, son más de 6.200 millones de pesos de inversión pública que ya no va a llegar a Jujuy. Eso no es solo plata que se pierde en un papel., es plata que no va a los corralones, no va al transporte, no va a los trabajadores, no va a la mano de obra local.
EL PROGRAMA MI PIEZA
Y hablemos del programa Mi Pieza. Ese programa permitía a las familias mejorar sus viviendas. Ese programa llegó a 127 barrios populares de Jujuy, que alcanzó a 3.760 familias.
Hoy, 316 obras de Mi Pieza quedaron sin terminar. Y 13 obras más, que estaban por iniciar, fueron canceladas porque no depositaron los fondos.
Esto no es un número frío. Esto es una familia que juntó esfuerzos, que pidió los materiales, que confió en el Estado, y que hoy se queda a medio camino. Con una pared a medio levantar, con un baño sin terminar, con una ilusión rota.
LOS PUESTOS DE TRABAJO
Y acá quiero detenerme en algo que no siempre se dice. ¿Saben quiénes hacen estas obras? Miren estos números: el 63,6% de las obras las ejecutan organizaciones sociales y cooperativas de trabajo, gente del barrio, vecinos nuestros, compañeros que encontraron en el laburo digno una forma de llevar el pan a su casa.
Hoy, cerca de 700 familias vinculadas a cooperativas pierden su sustento. Porque cuando el gobierno nacional corta la obra, no corta un expediente: corta el sueldo de un laburante, corta la comida de los chicos, corta la esperanza de un montón de gente que labura con sus manos para mejorar su barrio.
LOS TRABAJADORES DE LA SSISU: EL CONOCIMIENTO QUE TIRAN A LA BASURA
El desmantelamiento del equipo técnico de la SSISU, hoy quedan menos de 300 trabajadores y trabajadoras —arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, abogados— están en la cuerda floja. Gente que durante años se capacitó, que conoce cada barrio, cada obra, cada familia. Gente que construyó una memoria técnica que no se improvisa.
Cuando echan a estos trabajadores, no están ahorrando plata: están tirando a la basura años de conocimiento acumulado. Están diciendo que la planificación, el relevamiento, el acompañamiento técnico no importan. Y después, cuando quieran retomar algo, no van a tener con quién. Porque formar un equipo así lleva años. Eso también es retroceder. Eso también es destruir el Estado.
Porque la integración socio-urbana no es solo tirar cemento. Es entender el barrio, escuchar a los vecinos, diseñar soluciones con la gente. Y esa capacidad técnica, ese saber acumulado, no se recupera de un día para el otro. Eso es lo que están liquidando.
AGUA, LUZ, CLOACAS: LO BÁSICO QUE NO LLEGA
Y permítanme enseñarles algunos números más, porque a veces los números ayudan a entender la dimensión de lo que está pasando.
En metros lineales, esto es lo que se estaba haciendo y ahora se frena:
· Red eléctrica: 3.787 metros lineales.
· Red de agua: 1.500 metros lineales.
· Red de cloacas: 2.544 metros lineales.
· Calles: 38.061 metros cuadrados.
· Veredas: 29.190 metros cuadrados.
· Alumbrado público: 13.511 metros lineales.
· Espacio verde: 10.382 metros cuadrados.
Todo eso, paralizado.
Y nosotros nos preguntamos: ¿Alguien en el Gobierno Nacional entiende lo que significa vivir sin cloacas? ¿Alguien sabe lo que es no tener agua potable en la canilla? ¿Alguien tiene idea de lo que es caminar por barro todo el invierno porque no hay calles?
Como comente en una entrevista, y lo repito acá: “Es increíble que en pleno siglo 21, en San Salvador de Jujuy, haya gente que todavía tiene que hacer sus necesidades en bolsas o en baldes porque no tienen un baño ni pozo ciego”. Esa es la realidad que esta política pública estaba empezando a cambiar. Y ahora la quieren tirar por la borda.
LA LEY Y EL PELIGRO DE DESALOJOS
Pero hay algo más grave aún. El cierre de la SSISU no es solo el fin de las obras. Es el fin de la Ley 27.453.
Y quiero que entiendan de qué ley estamos hablando. Esta ley no la votó un partido ni dos. La votaron todos. Fue el último gran acuerdo democrático que tuvo este país. En 2018, en el Congreso de la Nación, todos los partidos políticos, todos los representantes de cada provincia, se pusieron de pie y dijeron: basta de vivir de espaldas a los barrios populares.
Pero no fue solo la política. Detrás de esa ley hubo un enorme consenso social. Estuvieron las organizaciones sociales, los movimientos populares, los curas villeros, y también la Iglesia, con el respaldo explícito del Papa Francisco, que siempre nos dijo que la integración de los barrios no es un favor, es una deuda de justicia.
Esa ley, construida entre todos, creó el RENABAP, el registro de nuestros barrios. Y creó el Certificado de Vivienda Familiar, que es la llave que nos permite tramitar la luz, el agua, el gas. Pero también cumple otra función, quizás la más importante: nos protege contra los desalojos.
Porque tener el certificado significa que el Estado reconoce que ahí vive una familia, que ese lugar es su hogar, y que no puede ser echada sin más.
Y hoy, con el cierre de la SSISU, esa protección corre peligro.
Presten mucha atención a esto: 20.000 familias jujeñas pueden quedar expuestas a sufrir desalojos. Porque sin certificado, sin registro, sin política pública, vuelve la especulación, vuelve el “esto es mío y te echamos”, vuelve la incertidumbre. Vuelve el desamparo.
No es sólo económico el impacto. Es social. Es humano. Es una familia en la calle.
¿Y LA PROVINCIA?
Nos preguntamos: ¿qué va a hacer la provincia?
Nosotros esperamos que el Gobierno provincial no abandone a los barrios. Porque en definitiva, los que viven en estas condiciones son jujeños. Y acá hay un dato que no queremos dejar pasar: la provincia de Buenos Aires, ante una situación similar, creó su propia Secretaría de Integración Socio Urbana y continúa realizando obras en los Barrios Populares.
Acá, en Jujuy, esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto. Que se siente con nosotros, con los vecinos, con las cooperativas, y busquemos una solución. Porque hay posibilidades de hacer obras mixtas, los vecinos están dispuestos poner trabajo y esfuerzo. Solo hace falta voluntad política.
PORQUE SEGUIMOS RESISTIENDO
Porque este no es solo un problema de los asentamientos. Este es un conflicto social que nos toca a todos. Cuando un trabajador no tiene dónde vivir dignamente, cuando una familia no tiene cloacas, cuando un niño no tiene una vereda para jugar, eso nos afecta como sociedad.
En todo el país, los habitantes de los barrios populares estamos diciendo: no al cierre de la SSISU. No al vaciamiento de una política que funciona. No al abandono de 5 millones de personas.
Y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir visibilizando. Vamos a seguir exigiendo.
Hago propias las palabras del compañero Nico Caropresi que dijo “Porque exigir una política de integración de barrios populares es de buena gente, y nada más”.
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