El miércoles 19 en la última sesión extraordinaria de la cámara de diputados nacionales por la reforma a la Ley de Trata distintos diputados nacionales se refirieron a las propuestas y denuncias de la Alameda y otras ong’s como Esclavitud Cero. Aquí los extractos más importantes en diez horas de debate. Antes de pasar a las citas. Vale recordar que la totalidad de los bloques reivindicaron a Fernanda Gil Lozano (diputada mandato cumplido) y la mayoría destacó y citó la labor de la fiscalía antitrata UFASE, a cargo de Marcelo Colombo.
Maria Luisa Storani (UCR prov BsAs.) “Si me permite, voy a nombrar a cada una, porque aparte de la Fundación María de los Ángeles, de Susana Trimarco, que ha hecho un gran trabajo en esta materia, cabe destacar la tarea desarrollada por la “Red no a la trata”, de la que participan la Fundación Mujeres en Igualdad, ATEM, Feministas en Acción, Mujeres en Acción, CEDEM, La Casa del Encuentro, Razonar, la Red Argentina, la Campaña Abolicionista y La Alameda”.
Alberto Assef (Frente Peronista prov Bs. As.): “Vamos a apoyar este proyecto de ley. Protestamos por la forma, los modos, el contexto, la situación. La Alameda me ha dicho con mucha razón que, por ejemplo, el secuestro simple de personas tiene más pena que el tráfico de personas. Éstas son anomalías, irregularidades, disparidades que la ley tendrá que mejorar”.
Elsa María Alvarez (UCR prov. Santa Cruz) “También es sabido que las provincias petroleras, como la mía, son el destino final de los adolescentes o mujeres sometidas. El último registro telefónico de Marita Verón es de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Se sospecha que pasó por el barrio prostibulario más grande del país, conocido como “Las Casitas”. Luego de dos años de clausura de “Las Casitas”, tras la investigación y denuncia de La Alameda, los jueces de casación penal avalaron la reapertura de los prostíbulos, cuya clausura había sido ordenada hace un año por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Luis Fernando Sacca (UCR provincia Tucumán): “Hay 600 prostíbulos denunciados, con direcciones y nombres y apellidos de los titulares, por la fundación Marita Verón, por la fundación La Alameda, por la fundación Esclavitud Cero, Vínculos en Red, El Otro, La Casa del Encuentro, y otras tantas que siguen con sus puertas abiertas y no tienen respuestas sobre estas denuncias”.
“Otro tema que merece espacialísima atención en cuanto a la trata de personas es la esclavitud de personas, el sometimiento que sufren miles y miles de conciudadanos argentinos en fábricas clandestinas, de lo cual –en esto quiero ser tremendamente claro‑ pareciera que la AFIP no tiene ningún conocimiento, cuando en realidad se sabe dónde y cómo funcionan. En esto voy a reivindicar una vez más el trabajo de fundaciones como La Alameda, que tienen denuncias abiertas contra fábricas como las de Kosiuko, Montagne, Le Coq Sportif, Rustik, Graciela Naum, Normandie, Claudia Larreta, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Cueros Crayon y otras tantas. Son denuncias abiertas que la Justicia debe investigar, porque esto es lo que corresponde”.
Gabriela Camaño (Frente Peronista prov. Bs.As.): “Es cierto que el Ejecutivo creó algunas herramientas, como por ejemplo la que se mencionó acá: la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas de Trata. Pero también es cierto que hay una funcionaria denunciada de esta oficina (su titular la psicóloga Zaida Gatti) por el maltrato que le ha propiciado precisamente a una persona explotada”. Y agregó Camaño: “El artículo 21, que sustituye el 125 del Código, contiene definiciones amplias. Sobre la base de ese artículo digo que un caso como el de los alquileres del doctor Zaffaroni ya no va a pasar inadvertido por la ley”.
Roy Cortina (Partido Socialista CABA): “Esta ley se debe a distintas organizaciones de activistas simbolizados en el nombre de Susana Trimarco. Sin perjuicio de ello, como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quisiera hacer referencia a una organización que ha sido muy activa respecto de este tema. Me refiero a La Alameda, que ha denunciado que la ley vigente, al desviar el eje de los tratantes y de las finalidades que persiguen hacia hechos y condiciones que atañen a las víctimas, se ha convertido en una herramienta inútil para poner fin a la impunidad con que se mueven las redes de trata en la Argentina“…. “a pesar de la ley que vamos a aprobar, quien robe una vaca tendrá una pena de cárcel mayor que quien explote y secuestre a un menor”… “debemos abordar fundamentalmente el tema de la connivencia política, económica, judicial y policial ante este flagelo, que no se da sólo en algunas provincias argentinas, pues también sucede acá, en la ciudad de Buenos Aires. Si no, no sería posible explicar que a tres cuadras del Ministerio de Seguridad de la Nación y de una comisaría de la Policía Federal funcionen los más grandes narcoprostíbulos del país”…”…La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata ha denunciado la existencia de ciento veintiséis burdeles y prostíbulos disfrazados de boliches bailables, y lo propio ha hecho la organización La Alameda, junto con la Agencia de Control Gubernamental, pero nada se hizo. Esta es la matriz delictiva de la Argentina: las redes de trata, los prostíbulos, los burdeles, los talleres clandestinos, la explotación de los hermanos latinoamericanos”.
Marcela Rodríguez (ex CC-ARI hoy en “Democracia Igualitaria y Participativa unibloque por CABA) se refirió a la confiscación de bienes, lavado de dinero, la relación entre explotación sexual y juego, caja de la policía, responsabilidad del “cliente”, inclusive llevó al recinto los volantes de prostíbulos de alrededor del Congreso que recogió en tres cuadras y a su vez pidió que se denuncien a la Fiscalía de turno.
Jorge Cardelli (por Proyecto Sur CABA).– “Venimos a legislar sobre una de las más miserables violencias del capitalismo: la mercantilización de los cuerpos” y fue otro de los pocos diputados que se refirió a la trata con fines de explotación laboral y sus vínculos con el narcotráfico.
“Por otra parte, me quiero referir al tema de los talleres clandestinos. En este sentido, se sabe que las marcas más famosas e importantes –incluso hay empresas familiares de importantes funcionarios- cuentan con talleres textiles clandestinos ubicados en la ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de la provincia. En estos casos, el Ministerio de Trabajo está totalmente ausente, como también lo está en la lucha contra la precarización laboral.
Por otra parte, cabe señalar que el problema de la trata está profundamente asociado al tema del narcotráfico. Las más de 600 pistas de aterrizaje clandestinas –que ya fueron denunciadas por mi compañero Fernando “Pino” Solanas- atraviesan a todas las fuerzas políticas que han gobernado en los Estados provinciales. Aquí está comprometida la policía y la Justicia. No olvidemos que la policía y la Justicia dependen de los gobiernos provinciales y nacional.
Desde Proyecto Sur consideramos imprescindible avanzar en estos momentos en la elaboración de un articulado más preciso y contundente, para cerrarles los caminos a los delincuentes que se dedican a la trata y explotación de personas. El proyecto aprobado por el Senado de la Nación constituye un avance en comparación con la legislación vigente, pero lamentablemente no recoge muchas de las solicitudes planteadas por numerosas organizaciones de la sociedad civil a través de la Declaración de Villa María, frente a la cual muchos diputados se comprometieron a impulsarlas.
También resulta necesario tipificar el delito de compraventa de seres humanos. Tengamos en cuenta que en este orden capitalista, hoy se compran y venden seres humanos. Esta es una deuda pendiente que tenemos con la comunidad internacional pero, fundamentalmente, con nuestra Constitución Nacional.
Comprar y vender personas no está tipificado como delito en la Argentina. Por eso, durante la consideración en particular vamos a proponer una modificación en el artículo 2° del proyecto en tratamiento.
Además, es necesario legislar con firmeza y sin dejar lugar a dudas en dos aspectos que son centrales: la lucha contra los tratantes y el financiamiento. Aquí hablamos solo de la confiscación, pero también necesitamos prever la posibilidad de la incautación de los bienes. Hoy en día, si un taller clandestino es intervenido por la Justicia, puede cerrar y los trabajadores quedar en la calle. Por eso, proponemos que se incluya la posibilidad de incautar los bienes que pertenecen a los proxenetas o traficantes de la muerte pasen automáticamente a esa comisión prevista por la propia ley para solucionar las consecuencias de la trata.
Por ello, proponemos que se incorpore la obligación de la expropiación automática sin indemnización de los bienes que se utilizan para la esclavitud de seres humanos, y que junto a sus incautaciones y decomisos dichos bienes tengan como destino un fondo de asistencia directa a las víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata.
Asimismo, sugerimos medidas reparadoras, como porcentajes en los planes sociales o en los planes de viviendas. No queremos dejar de señalar que estamos ante una ley que implica realmente un avance, así como también la necesidad de implementar políticas públicas; pero no debemos ocultar la cuestión central. Me refiero a la sociedad del narcotráfico con la trata, problema a nivel nacional que incluye al conjunto de las fuerzas políticas.
Si bien otros problemas que afectan a las fuerzas políticas de diferente manera, como la deuda externa, fueron tratados en el momento justo ‑como ocurre en el día de hoy con el caso de Marita Verón‑, después pasan al olvido, porque la policía y la Justicia provinciales siguen siendo socios del narcotráfico y de la trata.