Un medio periodístico por internet en inglés destinado a un público anglosajón se interiorizó por las denuncias contra la empresa avicola Nuestra Huella S.A. Cada vez más recorre por el mundo los criminales métodos de los empresarios argentinos como la familia Luaces y López Camelo. Aquí el texto traducido y el original.
The Argentine Independent
de Kyle Younker
La sucia Historia Detras de la Gallina y el Huevo
Graves acusaciones contra una de las empresas más grandes de productos avícolas en Argentina podrían hacerte pensar en dónde compras el próximo carton de huevos.
Desde 2008, Nuestra Huella SA, el productor principal de huevos en el país, ha enfretado acusaciones de trabajo infantil, tráfico de personas, y trabajo esclavo. Pero esta empresa está nuevamente bajo tela de juicio después de la muerte de Ezequiel Ferreyra, en el mes de noviembre de 2010. El niño de 7 años murió después del desarollo de un tumor maligno en el cerebro, que se cree que fué el resultado de una exposición constante a pesticidas.
El video de 2008 que fue capturado por La Alameda durante una denuncia, muestra a Ezequiel, que en ese momento tenía 4 años, juntando huevos de gallinas en jaulas con su familia.
Nuestra Huella SA, ubicada en Pilar, provee huevos a los supermercados de Carrefour, Walmart, Coto y Disco, y también exporta a la empresa austríaca Ovoprot. Walmart Argentina recientemente hizo una declaración separándose de la empresa. Representativos de Nuestra Huella se indispusieron para ofrecer comentarios sobre este artículo.
Pablo Sernani y Rodolfo Cleto Garcia, los abogados que están representando a los trabajadores en este caso, se mostraron incrédulos sobre las condiciónes durante su primera visita al campo La Mimosa III, donde algunos de los trabajadores ejercían sus labores.
“Fue como un campo de concentración,” dijo García. “Habia un alambrado de 220 V alrededor del perímetro, trabajadores enfermos que no fueron atendidos, niños que no asistían la escuela porque estaban trabajando desde la mañana hasta la noche, y todos viviendo y trabajando en condiciónes inhumanas.”
En total, hay 14 procedimientos legales – criminales, laborales, y civiles- contra Nuestra Huella. Incluido entre ellos está el caso llevado por Oscar Taboada, de 30 años de procedencia boliviana quien trabajo en la granja La Mimosa III por dos años antes de denunciar la empresa por tráfico de personas, trabajo infantil, y trabajo esclavo, y que además fue el primer caso contra Nuestra Huella.
Taboada dice que fue encargado de un gallinero, tipicamente un trabajo para varios trabajadores. Despues de atrasarse en su trabajo, cedió a la presión de los encargados para hacer trabajar a su esposa e hijos sin pago alguno.
“Esto es lo que la empresa hace- busca familias vulnerables, las trae a la granja con afirmaciónes engañosas, encargan al hombre algo que es imposible que él haga solo y despues lo obligan hacer a su familia trabajar,” dijo Sernanin, que representa a Toboada. La mayoria de la gente que trabaja en las granjas son familias pobres que vienen del interior de la Argentina, o son inmigrantes de Bolivia y Paraguay.
Taboada dice que se le ofreció dinero de Nuestra Huella para regresar a Bolivia con la meta de traer amigos o parientes disponibles para trabajar. Él no lo hizo.
“No queria ver nadie trabajar en las condiciónes en las cuales yo estaba trabajando” dijo. Despues de empezar procedimientos legales en abril de 2008, fue despedido en diciembre pero esta tratando de ser reinstituido. Con ningún otro lugar para ir, sigue viviendo en la granja con su esposa y siete hijos.
“Trato de hablar con los trabajadores sobre los derechos que tienen, pero obviamente la empresa no quiere esto, entonces prohibe a las otras familias hablar con nosotros,” dijo. “Ellos ya no quieren que estémos aquí.”
Otros trabajadores han contado historias parecidas del ostracismo despues de tomar acción legal.
Cuando Hernán López Arias empezo procedimientos legales, la empresa lo presionó para mudarse a otra granja, que lo separaría de su esposa y familia. Arias, inconsciente de sus derechos y debajo de presion fuerte de la empresa, se fue angustiado.
Según los documentos legales entrados por García y Sernanin, el 19 de febrero 2009, Arias se suicido cuando bebio una gran cantidad de Cipermetrina, un pesticidio potente usado para matar moscas que fue “dejado imprudentemente al alcance de los trabajadores, en violacion de las normas en lugares de trabajo.”
La viuda de Arias y sus dos hijos estan demandando por pagos de seguro de vida y una indemnizacion por despido que se le debe a ellos por la ley debido a su muerte.
Otro trabajador, el paraguayo Agustín Navaro, fue despedido por Nuestra Huella cuando empezó un procedimiento contra la empresa debido a que su esposa tuvo que trabajar con pesticidas hasta el último día de su embarazo y su hija nació con múltiples quistes en los riñónes. Un juicio reciente demandó su reinstitución y que todos los pagos hechos deben ser devueltos. La empresa aún no ha cumplido.
A pesar de los testimonios de casi 40 trabajadores y horas de video que demuestran las violaciones laborales, ningún juicio ha sido realizado contra Nuestra Huella o sus dueños. Según García y Sernani, es a causa de las conexiones politicas de la empresa.
El gobernador de Pilar es el primo del presidente de la empresa, Alejandro López Camelo. El secretario general del UATRE Pilar, el gremio que debe defender los derechos de estos trabajadores, es el cuñado de Camelo. Y el ex-gobernador de Pilar, trabajaba como abogado para la empresa Nuestra Huella,” dijo Sernani.
García añadó: “La empresa y los profesionales que la están defendiendo son todos cómplices de estos crímenes.”
Lucas Schaerer de La Alameda, una organización que lucha para los derechos de los trabajadores, dijo que hay tanto como 200 niños trabajando en las 72 granjas de Nuestra Huella en el país. Pero también dijo que el caso contra Nuestra Huella es solo la punta del iceberg de explotacion humana en la Argentina.
“Ademas de los trabajadores que inmigran del campo explotados, el tráfico de seres humanos conduce la gente a las industrias de produción textil y prostituticion,” dijo, añadiendo, “Estimamos que hay 3,000 talleres textiles clandestinos solamente en la ciudad de Buenos Aires.”
Joy Ngozi Ezello, la Reportera Especial en Trafico de Personas para la Naciones Unidas, vino a Argentina en septiembre. Despues de seis dias de entrevistas y investigacion, ella diagnoso Argentina como un pais de “destino”, diciendo que trafico de personas de Bolivia, Paraguay y la Republica Dominicana ha “aumentado en magnitudes” en los últimos años.
Bajo la ley contemporanea anti-tráfico de personas, que fue ratificada en 2008, víctimas adultas tienen que probar que no dieron consentimiento a los traficantes, que complicaron la prosecucion de los crimenes. Ezeilo tambien condenó la baja capacidad que Argentina tiene para combatir tráfico de personas a causa de la mala coordinacion entre los grupos anti-traficantes, la falta de recursos y la corrupción.
The Foul Story Behind the Chicken and the Egg
by Kyle Younker, 17 December 2010. Publicado en http://www.argentinaindependent.com/socialissues/humanrights/the-foul-story-behind-the-chicken-and-the-egg-/
Dire allegations against one of Argentina’s biggest poultry farmers might have you thinking twice about where you buy your next carton of eggs.
Since 2008, Nuestra Huella SA, the country’s principal egg producer, has faced charges of child labour, human trafficking, and indentured servitude. But the company is under renewed scrutiny following 7-year-old Ezequiel Ferreyra’s death last month after developing a malignant brain tumour believed to be the result of constant exposure to pesticides.
Undercover footage from 2008 captured by the NGO La Alameda shows then 4-year-old Ezequiel collecting eggs from chickens in battery cages with his family.
Nuestra Huella SA, headquartered in Pilar, provides eggs to the supermarkets Carrefour, Walmart, Coto, and Disco, and also exports to the Austrian company Ovoprot. Walmart Argentina recently issued a statement disassociating itself from the company. Representatives of Nuestra Huella were unavailable for comment on this article.
Pablo Sernani and Rodulfo Clieto García, the lawyers representing the farm labourers in the case, were incredulous at the conditions on their first visit to the farm La Mimosa III, where several of the workers are based.
“It was like a concentration camp,” said García. “There was a 220-volt wire fence around the perimeter, sick workers that went unattended, kids out of school because they were working from morning till night, and everyone lived and worked in sub-human conditions.”
In total, there are 14 legal proceedings – criminal, labour, or civil – against Nuestra Huella. Among them is the case brought by Oscar Taboada, 30, of Bolivia, who worked at the farm La Mimosa III for two years before denouncing the company for trafficking, child labour, and indentured servitude, the first case against Nuestra Huella.
Taboada said he was put in charge of a henhouse, a job normally done by several workers. After falling behind in his work, he submitted to pressure from managers to make his wife and children work without pay.
“That’s what the company does – they look for vulnerable families, bring them to the farm using specious claims, put the man in charge of something he couldn’t possibly do by himself, and then coerce him into making his family work,” said Sernani, who represents Taboada. Most of the people who work on the farms are poor families who come from the interior of Argentina, or immigrants from Bolivia or Paraguay.
Taboada said he was offered money by Nuestra Huella to return to Bolivia in order to bring back friends or relatives who would also be willing to work. He didn’t go.
“I didn’t want anyone else to work in the conditions I was working in,” he said. After filing charges in April of 2008, he was fired in December but is attempting to be reinstated. Having no place else to go, he continues to live on the farm with his wife and seven children.
“I try to talk to the workers about the rights they have, and obviously the company doesn’t want that, so they prohibit the other families from talking to us,” he said. “They don’t want us around anymore.”
Other workers have told similar stories of ostracism after taking legal action.
When Hernán López Arias filed charges against the company, they began pressuring him to move to another farm, which would separate him from his wife and children. Arias, unaware of his rights and under strong pressure from the company, became anguished.
According to legal documents filed by García and Sernani, on 19 February 2009, Arias committed suicide by drinking a large quantity of Cipermetrina, a powerful insecticide used to kill flies that was “left imprudently within reach of the workers, in violation of workplace norms.”
Arias’s widow and two children are demanding life insurance payments and a severance package owed to them by law for his death.
Another worker, Paraguayan Agustín Navarro, was fired by Nuestra Huella for filing a claim against the company after his wife worked with insecticides until the last day of her pregnancy and their daughter was born with multiple kidney cysts. A recent court ruling demanded he be reinstated and that any lost wages be returned. The company has yet to comply.
But despite the testimony of almost 40 workers and hours of footage showing workplace violations, no sentence has been handed down against Nuestra Huella or its owners. According to García and Sernani, it’s because of the company’s political connections.
“The mayor of Pilar is the cousin of the company’s president, Alejandra López Camelo. The secretary general of the UATRE Pilar, the union that’s supposed to defend the rights of these workers, is Camelo’s brother-in-law. And the former mayor of Pilar used to work as a lawyer for Nuestra Huella,” said Sernani.
García added: “The company and the professionals who defend it are all accomplices in these crimes.”
Lucas Schaerer, of La Alameda, a workers’ rights NGO, said there are as many as 200 children working in Nuestra Huella’s 72 farms across the country. But he said the case against Nuestra Huella is only the tip of the human exploitation iceberg in Argentina.
“In addition to exploited migrant farm workers, human trafficking funnels people into the textile industry and the sex industry,” he said, adding, “We estimate about 3,000 clandestine textile factories in the city of Buenos Aires alone.”
Joy Ngozi Ezeilo, the United Nations Special Rapporteur on Trafficking in Persons, came to Argentina in September. After six days of interviews and investigation, she diagnosed Argentina as a “destination” country, saying human trafficking from Bolivia, Paraguay, and the Dominican Republic has “increased by magnitudes” in recent years.
Under the current anti-trafficking law, passed in 2008, adult victims have to prove they didn’t give consent to traffickers, which complicates the prosecution of crimes. Ezeilo also decried Argentina’s low capacity to combat trafficking in persons because of poor coordination between anti-trafficking groups, a lack of resources, and corruption.