Desde que el Gobierno Nacional cesó el envío de fondos para el Incentivo Docente a las provincias, comenzó a gestarse en Misiones el germen de un conflicto que se profundiza. Si bien la provincia estableció en reemplazo de esos fondos un incentivo provincial, éste es financiado por el recorte de fondos a cada intendencia de esa provincia litoraleña.
El recorte nacional no termino ahí, ya que la merma de la coparticipación nacional ronda el 16%, lo cual mantiene frenadas tanto obras públicas como aumentos salariales de todos los sectores.
El conflicto docente viene creciendo y extendiéndose en toda la provincia, se han sumando los sectores de la salud también con paros, protestas y movilizaciones. La tensión escaló esta última semana con la rebelión de amplios sectores de las fuerzas de seguridad que se autoacuartelaron en el Comando Radioeléctrico, también con reclamos sobre condiciones salariales y laborales.
Al retraso salarial de estos sectores que dependen del Estado provincial se suma la crisis total en el resto de la economía misionera. Tanto el DNU como las leyes en discusión pretenden poner en jaque a la industria yerbatera, situación que se mantiene en stand by por un amparo judicial, así como también la caída estrepitosa del movimiento comercial centralmente en Posadas y Obera y el estado de asamblea permanente de los trabajadores de la distribuidora eléctrica, entre otras situaciones.
En efecto, mientras hace algunos meses atrás era común ver comercios y estaciones de servicios colmadas por ciudadanos paraguayos o brasileños que “cruzaban” a comprar a Misiones por la diferencia de precios, hoy la ecuación es exactamente al revés. Ya no existe la demanda de los hermanos de países vecinos e incluso los habitantes locales eligen cruzar a Paraguay a hacerse de múltiples provisiones.
Esto se explica por la combinación de aumento de precios y costos en dólares que sufrimos en Argentina, el retraso salarial que no le gana a la inflación con sueldos que no cubren la canasta básica y el retiro de políticas públicas de financiación a través de entidades bancarias que permitían 12 cuotas sin intereses y devolución de hasta 40% en determinados rubros. Dichos beneficios eran articulados por la provincia con financiamiento nacional. Nuevamente, la motosierra libertaria deja sus efectos en la vida cotidiana de las familias trabajadoras.
El Gobierno provincial mantiene reuniones con los sectores en conflicto pero, de momento, no ha realizado una oferta salarial que permita arribar a un acuerdo. Con salarios docentes que van de 250 a 350 mil y policiales rondando los 450 mil pesos, lejos se está aún de acercarse a cubrir la canasta básica familiar.
La política del gobierno nacional pone a la provincia contra las cuerdas.
Misiones no es la excepción, es una política decidida desde Casa Rosada. El Gobierno Nacional activa la motosierra y asfixia a las provincias, mientras licúa salarios y jubilaciones.
Luego, sólo queda la extorsión. Si votan la Ley de Bases y acompañan al Gobierno Nacional podrían tener la oportunidad de que algunos fondos les sean liberados.
De hecho, en el caso de Misiones, los diputados provinciales de todos los colores políticos votaron a favor de la Ley de Bases. Sin embargo, la provincia está en llamas y los sectores en conflicto responsabilizan al gobierno provincial.
No se podría afirmar por cierto que los gobiernos provinciales no tengan responsabilidad en el estado de situación actual. Pero no menos evidente es el mecanismo perverso que se ejecuta a nivel federal, prendiendo la mecha de la bomba para que en medio del caos gobernadores y legisladores caigan rendidos a los pies de la entrega total del país y del futuro.
Misiones es hoy el espejo donde deben mirarse todas las provincias que están a tiro de extorsión.
Ahora deberán decidir si van a enfrentar a sus pueblos o al Gobierno Nacional.