Interpol dio a conocer los primeros resultados de la Operación Liberterra III, un megaoperativo internacional contra la trata de personas y el tráfico de migrantes realizado en noviembre del año pasado, que involucró a 120 países, entre ellos la Argentina. La acción permitió rescatar a 4.414 posibles víctimas de trata, detectar a 13.000 migrantes en situación de vulnerabilidad y detener a 3.744 sospechosos, además de dar inicio a 720 nuevas investigaciones.
La operación fue coordinada por Interpol, la mayor organización policial del mundo, que en la Argentina está representada por la Policía Federal. Para esta tercera edición, la agencia trabajó de manera articulada con fuerzas de seguridad y organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Operativo Regional del Proceso de Jartum (ROCK) y la Oficina de Apoyo Regional del Proceso de Bali (RSO).
El despliegue incluyó 14.000 agentes y la puesta en funcionamiento de cuatro unidades operativas en Argelia, El Salvador, el Reino Unido y la República Democrática Popular Lao, desde donde se procesó información en tiempo real y se coordinaron alertas internacionales para la detección de redes criminales.
Cambios en la dinámica de la trata
Según los primeros hallazgos del informe, las estafas vinculadas a la trata de personas continúan siendo una de las principales preocupaciones en Asia y África. No obstante, Interpol destaca que la mejora en los sistemas de inteligencia, control y cooperación policial permitió aumentar las detenciones y facilitar la repatriación de cientos de víctimas.
Aunque la explotación sexual sigue siendo una modalidad predominante, el organismo advierte un crecimiento sostenido del trabajo forzoso, junto con la detección de casos de esclavitud doméstica y extracción de órganos. Al mismo tiempo, se identificaron víctimas procedentes de América y Asia en países africanos, un fenómeno que marca un cambio respecto de los patrones históricos de la trata, tradicionalmente centrados en la explotación de personas africanas en el exterior.
El informe también señala una reconfiguración de los flujos migratorios en América. En los últimos años se observa un desplazamiento hacia el sur, a través de América Central, de ciudadanos sudamericanos que previamente habían migrado hacia el norte. Esta tendencia estaría vinculada al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas durante la gestión de Donald Trump en Estados Unidos.
En paralelo, continúa la presión migratoria sobre las rutas marítimas del Atlántico y del Mediterráneo, especialmente desde el oeste y norte de África hacia Europa. Frente a este escenario, las fuerzas de seguridad recurren cada vez más a la vigilancia digital para detectar y desarticular redes de trata y tráfico de personas.
Redes criminales y delitos conexos
Interpol remarca que la trata de personas y el tráfico de migrantes siguen estando estrechamente asociados a otros delitos complejos, como la falsificación de documentos, el lavado de activos y el narcotráfico, lo que refuerza la necesidad de abordajes integrales y cooperación internacional sostenida.
Durante la operación se detectaron distintos modus operandi según la región. En América, se desarticularon redes de explotación sexual de menores, organizaciones dedicadas al tráfico transnacional de migrantes y grupos que operaban mediante la colaboración involuntaria del sector privado. En Asia, se identificaron esquemas de trata encubiertos como servicios legales —como taxis o complejos laborales— y se incautaron miles de dispositivos electrónicos utilizados para fraudes. En África, se desmantelaron redes de captación piramidal basadas en falsas promesas de empleo en el extranjero, mientras que en Europa se rescataron mujeres sometidas a explotación sexual tras ser trasladadas por varios países.
Conclusiones
La Operación Liberterra III dejó en evidencia que la lucha contra la trata de personas solo es posible mediante estrategias coordinadas y transnacionales. El trabajo en red liderado por Interpol permitió actuar de manera simultánea en más de un centenar de países, confirmando que se trata de un delito global que se adapta rápidamente a los controles estatales.
En segundo lugar, el operativo confirma una tendencia que se profundizó tras la pandemia: la expansión de la trata con fines de explotación laboral, que en muchos casos alcanza o supera a la explotación sexual, y que afecta especialmente a personas migrantes en contextos de precariedad económica.
Además, los resultados refuerzan la conexión estructural entre la trata de personas y otros delitos del crimen organizado. Los mismos corredores utilizados para el traslado y la explotación de víctimas funcionan como rutas para el lavado de dinero, la falsificación documental y el tráfico de drogas, lo que incrementa el impacto social y económico de estas redes.
Finalmente, más allá de las cifras y los operativos, el denominador común sigue siendo la vulnerabilidad. La falta de oportunidades, los conflictos, las restricciones migratorias y la desigualdad continúan siendo el principal terreno de captación de las organizaciones criminales, que se aprovechan de la necesidad de miles de personas que buscan mejorar su calidad de vida y terminan atrapadas en circuitos de explotación
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