La Cámara Federalde Comodoro Rivadavia está siendo ferozmente presionada para que disponga en estos días la reapertura de las infames “Casitas” de tolerancia de Río Gallegos, que fueron allanadas y clausuradas en junio de 2009. Más de 80 amparos presentaron los proxenetas respaldados por buena parte del arco político local que a su vez estudia variantes para disimular la infamia de la trata y el proxenetismo bajo el inocente disfraz de wiskería o cabaret clase “c”.
Hace dos años la jueza Federal Ana Álvarez allanó y clausuró a los 29 prostíbulos de Río Gallegos, ubicados en el llamado barrio de las “Casitas de tolerancia”. Allí estaban sometidas a la servidumbre sexual más de 200 mujeres provenientes del norte del país, de países limítrofes e incluso de República Dominicana que eran captadas mediante promesas y engaños aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad. Las llamadas “casitas” eran consideradas por la totalidad de las ONGs que luchan contra la trata como uno de los lugares más pesados de tratantes y proxenetas, casi una estación terminal adónde iban a parar las víctimas antes de ser vendidas al exterior o desaparecer sin dejar rastros. Mucho antes de su clausura, fueron rescatadas victimas de trata en diversos operativos judiciales sobre prostíbulos de esa zona.
Una investigación con cámaras ocultas de la Alameda en abril del 2009 puso al descubierto todo lo que ya se sospechaba. Trata, tráfico, servidumbre y complicidad política y policial. Esa investigación y denuncia fue la que precipitó la clausura.
Otra investigación en el mismo año con cámaras ocultas de un programa de América TV mostraba cómo actuaban los reclutadores de Río Gallegos en la Villa 31 y dejaba al descubierto las conexiones de estos con la policía y los servicios de inteligencia locales.
Cuando se realizó el allanamiento, fue escandaloso y evidente como dentro de las mismas fuerzas de seguridad que participaban del operativo judicial se les anticipó muchas horas antes a los proxenetas a fin de que pudieran huir con las victimas y las evidencias del lugar. No obstante, la jueza Álvarez clausuró las “casitas”, persiguió a los proxenetas y tratantes, realizó allanamientos en otros domicilios y siguió rescatando victimas en Río Gallegos y en otras localidades de Santa Cruz.
Pero desde entonces la presión de los proxenetas sobre la justicia y los políticos locales fue incesante, al punto que varias veces en el consejo deliberante estudiaron fórmulas para reabrir esos antros con el cuento de que serían inocentes wiskerías. Mientras tanto, los Flores, Blanca Moyano, Oscar Mazzochi, el “araña” Guerrero y otros personajes claves en estas redes de trata y proxenetismo caminan libres por las calles con absoluta impunidad.
Desde el propio poder político local se defiende abiertamente la reapertura de las “casitas”: El Secretario de Gobierno, Ernesto Cruz admite que “Trabajamos para encuadrar a las casitas como cabarets”, algo similar plantea al concejal Pablo Grasso. Todo esto bajo el manto justificatorio que les da el gobernador Peralta que ante C5N justificaba en el 2009 a las “casitas” admitiendo que la prostitución en la provincia era “una cuestión cultural”, casi folklórica. Ahora sabemos por los cables de wikileaks difundidos por los medios nacionales, que una posición similar tenía el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, que justificaba en ese entonces las “casitas” con el curioso argumento de que “si no tienen algún lugar donde gastar su dinero, probablemente violaran mujeres para satisfacer sus deseos”. Un argumento bochornoso, repetido por varios funcionarios en aquellos días del 2009.
Este es el marco donde la Cámara de Comodoro Rivadavia es presionada para la reapertura de las “casitas”.Sin embargo, muchos estamos dispuestos a continuar la lucha contra la trata y el proxenetismo en Santa Cruz, invocaremos la Constitución y las leyes, apelaremos a la razón y al sentido común que deben existir en una República para evitar esa aberración. Nadie niega, ni siquiera los defensores de los que regentean los locales de Las Casitas que se trata de prostíbulos, locales prohibidos en todo el territorio de la República Argentina por la ley 12.331 (art.15). Nadie niega que esa actividad esté prohibida por el Convenio sobre la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (ley 11925). Nadie niega que esa conducta está prohibida por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 6) que tiene jerarquía constitucional. Entonces, el único fundamento de una decisión judicial que permite la reapertura de estos locales es la arbitrariedad y la sumisión ante el poder económico del crimen organizado
La Alamedadenuncia los intentos de garantizarle nuevamente impunidad a las redes de trata y proxenetismo y difunde nuevamente un resumen de las investigaciones que dieron lugar al allanamiento y clausura de las Casitas de Tolerancia en Río Gallegos.
Por una patria sin esclavos, ni excluídos.
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