Alberto Lebbos, padre de Paulina, este viernes mantuvo una reunión con el legislador porteño y titular de la Alameda, Gustavo Vera. Además de organizar el lanzamiento de la Red Antimafia en Tucumán hablaron respecto al significado que los abogados se expidan respecto a la desaparición de Paulina y el respaldo que pueden dar a otra miles de causas impunes en el NOA argentino.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados designó al 26 de febrero como fecha de reflexión en homenaje a las víctimas de la falta de acción del Estado.
Las marchas para pedir por el esclarecimiento del crimen de la joven tucumana sumaron muchos otros reclamos contra la impunidad.
El 26 de febrero, fecha en que se conmemora la desaparición de Paulina Lebbos, fue declarado Día Nacional de Repudio a la Impunidad en el Estado de Derecho por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
La solicitud para la instauración del recordatorio partió del Colegio de Abogados de Tucumán. En la declaración, FACA considera que la investigación del asesinato de Paulina se ha caracterizado “por episodios y actitudes provenientes del propio poder del Estado, destinados a entorpecer la libre investigación y el accionar de la Justicia”; y que ese “atropello” vulnera elementales principios, derechos y garantías constitucionales que el mismo Estado debe proteger.
Además, destaca que el caso Lebbos “guarda similitud con otros hechos aberrantes ocurridos en nuestro país, donde el poder político y una justicia parcial han sido cómplices y partícipes necesarios de la impunidad” y que los abogados están obligados a luchar contra todo aquello que obstaculice la actuación del Poder encargado de administrar justicia.
Por todo eso, la FACA decidió realizar cada año un acto nacional de recordación y reflexión en homenaje a quienes resultaron víctimas de episodios signados por la corrupción y la impunidad provenientes de los poderes del Estado, para lo cual también se invitará a los Colegios y Asociaciones de Abogados de todo el país y de América, a organizaciones de Derechos Humanos y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y de las provincias.