Se acentúan las denuncias sobre la existencia de establecimientos avícolas y talleres clandestinos con personas reducidas a la servidumbre. Desde la Legislatura solicitan al Ejecutivo bonaerense que detalle si ha realizado un relevamiento para combatir la “esclavitud del siglo XXI”.
A través de una solicitud de informes, la legisladora de la Coalición Cívica, María Isabel Gainza, desea saber si el Ministerio de Trabajo “ha recabado información sobre las condiciones edilicias, de higiene, seguridad y salubridad de los establecimientos dadores de trabajo” de Buenos Aires con el fin de combatir el trabajo esclavo.
En este marco, Gainza quiere conocer “la cantidad de establecimientos que no se encontraban debidamente habilitados por la autoridad de aplicación correspondiente” y cuántos “trabajadores se encontraron laborando en dichos establecimientos” y en qué condiciones estaban viviendo. Además, la legisladora quiere saber si en esos procedimientos “se han encontrado casos de trabajo infantil” y, si los hubiera, qué medidas se tomaron para proteger la integridad y los derechos de los menores.
Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, unas 500 mil personas viven en situación de servidumbre en la Argentina, caracterizada por extenuantes jornadas laborales, paupérrima situación de higiene y salubridad, hacinamiento y escasa paga.
Al fundamentar la iniciativa, Gainza sostiene que “masivas migraciones internas desde las provincias norteñas y desde los países limítrofes llegan a la provincia de Buenos Aires en búsqueda de una salida laboral ante la hambruna en el lugar de origen. Y la contracara de esta historia triste y lamentable es el enriquecimiento desmedido y casi obsceno de las grandes empresas empleadoras de este tipo de trabajo indigno”.
(Portal Contacto Político)