Reportaje en el diario La Voz de Córdoba a Gustavo Vera

vera_2
 

Gustavo Vera estuvo en Córdoba para la conformación de la Red Antimafia Nacional. Dijo que la mafia atraviesa a los tres poderes del Estado. Criticó la ley provincial antitrata.

Por Juan Federico, y foto por Ramiro Pereyra.

“El país es el tercer exportador de cocaína del mundo, según un informe reciente de la ONU, y el primer consumidor de cocaína de América latina; tiene por lo menos medio millón de esclavos, que para mí son mucho más: trabajan por lo general en la industria agrícola, textil, en los ladrilleros, es gente que labura más de 12 horas sin derechos gremiales y pernocta en el mismo lugar en el que trabaja. Además, hay ocho mil prostíbulos en toda la Argentina (1.200 en Capital Federal). Hay una masa enorme de dinero de la trata, de la explotación sexual, de los prostíbulos, el narcotráfico, el tráfico de chicos y de órganos, del contrabando. Pero en los últimos 20 años sólo hubo dos condenas en todo el país por lavado de dinero”.
El autor de esta radiografía del crimen organizado en Argentina es Gustavo Vera, el alma máter de la Organización No Gubernamental La Alameda, una referencia ineludible a nivel nacional cuando se quiere indagar sobre la trata de personas y sus complicidades estructurales.
Impacto. De esta ONG, conformada en una pizzería de Parque Avellaneda (al sudeste de la Capital Federal) durante las asambleas populares de la crisis de 2001, salieron diversas denuncias que causaron gran impacto: acusó de trabajo esclavo a grandes empresas textiles y a los propietarios de la feria La Salada; desnudó la red de prostíbulos que alquilaba los departamentos del juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y apuntó en reiteradas oportunidades a los policías que amparaban los prostíbulos que funcionan pese a estar prohibidos por ley desde 1937.
Vera, que acababa de visitar en Roma a su amigo y protector, el ahora Papa Francisco, llegó a Córdoba para lanzar la Red Antimafia Nacional junto a las ONG cordobesas Basta de Trata y Newen.
–El concepto de mafia está ligado al fin económico del crimen organizado, sea trata de personas o narcotráfico.
–Las mafias son organizaciones que cometen delitos, que no tienen olor ni partido, sino que persiguen el objetivo de hacer dinero. Por eso, insistimos para que se investigue la ruta del dinero. No hace falta que nos sentemos a hablar de trata ni de narcotráfico, sino de mafia, porque ese es el marco en que estas actividades se desarrollan. La mafiosidad atraviesa transversalmente a los tres poderes de Estado, la mafia no podría existir sin un apañamiento. En el país, en todas las provincias, la estructura judicial está diseñada para condenar a “perejiles”.
–¿Cómo aparece Córdoba en este mapa del crimen organizado?
–Córdoba tiene muchísima trata laboral, con todo un canal propio de tráfico de mano de obra esclava, en especial de Perú. El tema “narco” es tan grande como en el resto del país y sobre los prostíbulos, sigue siendo grande el negocio aunque se hayan cerrado muchos, ya que los reabren de otra manera.
Crítica. Vera se mostró pesimista respecto de la efectividad de las normas cordobesas para pelear contra la trata de personas.
–Córdoba aprobó hace un año una ley antitrata que se superpone con la ley ya existente desde 1937, aunque deja sin eufemismos a municipios y policías que hacían la vista gorda con los prostíbulos.
–En Entre Ríos cerraron todos los prostíbulos y aumentó espectacularmente la venta de cocaína. La mafia cambia de rubro porque goza del mismo canal de encubrimiento. Nosotros insistimos para que haya una reparación del daño a la víctima con la incautación de los bienes de la propia mafia, que en un prostíbulo se haga un refugio o un centro de rehabilitación de adictos, por ejemplo. En Córdoba, la asistencia de las víctimas tiene los mismos problemas que a nivel nacional. “Tomá un pasaje y andate”, le dicen, o, en el mejor de los casos, le dan dinero para un microemprendimiento. Pero las mujeres se van a fundir ahí nomás, si no las preparan. Debería haber cupos en el Estado o en el ámbito privado para insertar laboralmente a las personas que se haya comprobado de manera oficial que fueron víctimas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *