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Es increíble que tengamos que salir a responder calumnias de un abogado de esclavistas investigados por trabajo esclavo y trata laboral que nos acusa de habernos apropiado de dos máquinas textiles (valuadas en tres mil pesos cada máquina).  

Fue el Juez Federal Ariel Lijo quien resolvió que se incauten y reutilicen las maquinarias de dos esclavistas. La Secretaria de Derechos Humanos de la CGT y la Alameda fueron depositarios judiciales de las máquinas para ser cedidas al Hogar de Cristo del Padre Pepe Di Paola. Adicionalmente el titular de la Alameda de su salario como legislador porteño le donó diez mil pesos al padre Pepe para que terminen de acondicionar la escuela de oficios en San Martín.

Pocas semanas después la Cámara Federal, la Sala II a cargo de Martín Irurzun, y Horacio Cattani, sentenció que la investigación por trata y explotación laboral debía proseguir aunque revocó el procesamiento de los esclavistas y ordenó la devolución de las maquinarias.

Efectivamente la devolución de la maquinaria se realizó (ver adjunto la constancia), en dos partes por razones organizativas, logísticas y se completó hace dos semanas. Esto quedó registrado en el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi que prosigue la investigación por trata y explotación.

Mientras que el abogado de los esclavistas denunció malversación de fondos públicos por dos máquinas ante el Juez Federal, Claudio Bonadio, pero como ya estaba todo devuelto  ahora dice que no son las que corresponden.

En realidad toda la denuncia era un maniobra tendiente a realizar una operación de prensa con el claro objetivo de calumniar a nuestra organización, el referente y al Papa Francisco como lo hacen en los títulos en la que se resalta con fotos.

Cabe recordar que la Alameda jamás se quedó con ninguna máquina incautada y ante actas judiciales constan la reutilización en incautaciones a organizaciones como la Comunidad Q’om de la provincia de Formosa y del Chaco.

El mismo juez Martínez Di Giorgi que recibió la maquinaria por parte de la Alameda hace dos semanas en otras causas nos entregó maquinaria para que seamos depositarios judicial ante la negativa de los organismos oficiales de administralas.

No es menor recordar que la Alameda rechazó una donación que pretendía hacer por vía judicial el condenado ex secretario de transporte nacional, Ricardo Jaime, por $1.200.000 de pesos por proceder de la corrupción.

Por último, es público y accesible a todos los medios que lo requieran las actas ante escribano público de la donación/devolución de gran parte del salario del legislador Gustavo Vera que ya asciende a la cifra de $850.000.

Resulta ridículo la acusación que Gustavo Vera se quiere quedar con maquinaria cuando el legislador porteño de Bien Común podría haber comprado 283 máquinas al precio de las dos que supuesta y falsamente dicen algunos periodistas que se apropió.

No se nos escapa que hay algunos periodistas muy enojados con el Papa Francisco y que hace tiempo vienen desinformando y demonizando su figura y a todos los que estamos cercanos a él. El propio Francisco hoy se solidarizó con Gustavo Vera y además lo felicitó por la ley recientemente sancionada de cierre de todos los prostíbulos encubiertos en la Ciudad de Buenos Aires.

En su carta Francisco dice ” No me extrañan las reacciones de la gente que no quiere paz y justicia frente al anuncio de que no podré viajar el año que viene. Sentí que debía  explicar las razones… y el pueblo de Dios comprendió perfectamente. Lamento que algunos hayan ensuciado a personas cercanas, entre ellos vos. Felicitaciones por el cierre de “cabarets” (prostíbulos encubiertos). Es impresionante la insensibilidad de algunos frente a la trata de personas”

Agradecemos la buena predisposición del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nacional, Germán Garavano, que a partir de ahora dispondrá que sea su ministerio que se constituya en depositario judicial de todo bien incautado para su reutilización social, ya que antes ningún organismo del Estado asumía la responsabilidad de ser depositario judicial. De esta manera las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al bien común no tendremos que lidiar con trámites que siempre tendría que haber hecho el mismo Estado.

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