En conferencia de prensa hoy jueves 19 de marzo, en la Legislatura porteña, presentó el candidato a jefe de Gobierno porteño y legislador de Bien Común, Gustavo Vera, junto el ex investigador del Ministerio de Seguridad Nacional, Jorge O. Rodríguez, un extenso informe los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína instalados en la villa del Bajo Flores, que custodian 300 hombres armados de nacionalidad peruana ex miembros de fuerzas de seguridad, y que fuera investigado por Jorge Rodríguez bajo las órdenes de la ex ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, y sus principales colaboradores que pese a las evidencias no actuaron para desmantelar los laboratorios narcos.
También acompañaron la presentación el titular de la Secretaría de DD.HH de la CGT y secretario general del gremio de judiciales, Julio Piumato, y el titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Leonardo Fabre.
Aquí el link del informe completo en formato PDF sobre los narcos en la Ciudad, que en breve será editado como libro por la Comisión Especial de Trata y Delitos Conexos: http://www.mediafire.com/view/7c5d66micok405r/OK.pdf
RESUMEN DE LA DENUNCIA DE JORGE RODRÍGUEZ, por el director de la Comisión Especial de Trata y Delitos Conexos en la Legislatura porteña, Mario Ganora
“El extenso trabajo del Lic. Jorge Rodríguez contiene una detallada descripción del estado de descomposición de la Policía Federal Argentina y de la inoperancia, cuando no la complicidad del Ministerio Nacional de Seguridad. También revela las rutinas, los compromisos políticos y la falta de una verdadera vocación de justicia de muchos jueces federales y miembros del Ministerio Público que, por acción u omisión, han hecho que esto fuera posible. Ese estado de descomposición de una de las principales fuerzas de seguridad del Gobierno Nacional que está indisolublemente asociada con la tolerancia y protección de bandas criminales, por supuesto a cambio de dinero, y la consecuente desprotección de la comunidad constituye la esencia de la crisis de un Estado cuya finalidad debe ser la tutela de los bienes jurídicos y del sentimiento de seguridad de la vigencia de su vigencia. El trabajo del Lic. Jorge Rodríguez describe con precisión y detalle el modus operandi de esa corrupción, menciona con nombre y apellido a los funcionarios involucrados en esas maniobras, a las miembros de las bandas criminales objeto de la protección policial y, lo que es más que importante, da las cifras y el destino de las ganancias de esta actividad ilícita. Sin embargo, lo que más atemoriza y nos debe preocupar del trabajo de Jorge Rodríguez no son sus historias acerca del proceder del hampa sino su relato de las actitudes asumidas por las agencias del Estado encargadas de controlar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Un Ministerio de Seguridad que hace sistemáticamente oídos sordos a sus informes, sea por ideología, sea por complicidad con esta forma de accionar, y que demuestra no contar ni con planes ni con funcionarios idóneos para hacerse cargo de uno de los fines establecidos en el Preámbulo de la Constitución Nacional, esto es, asegurar los beneficios de la libertad, constituye un escándalo que clama al cielo. Un Ministerio Público y un Poder Judicial Nacionalcada vez más burocratizados y prisioneros de sus rutinas, envueltos en una retórica jurídica desconectada de la realidad, impotentes para obligar a las fuerzas de seguridad a que sirvan de colaboradoras de la labor de administrar justicia y no de herramienta del crimen organizado, han declinado de su protagonismo histórico y desertado de la misión política que les asigna la Constitución Nacional que es la de afianzar la Justicia. La lectura del periplo recorrido por Rodríguez y sus denuncias ante los funcionarios del Ministerio de Seguridad, los jueces federales, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura y los escasos o nulos efectos producidos nos llenan de preocupación y nos obliga a reflexionar sobre el derrotero político de la República. Nuestra retórica como representantes del pueblo deviene vacía e hipócrita si no somos capaces de hacernos cargo de esta crisis del estado, crisis que es fundamentalmente de la ética pública y de los valores que hacen posible nuestra existencia como nación civilizada. Consideramos que la barbarie no es un destino impuesto sino una elección de vida tanto en el plano individual como en el colectivo. Dejar pasar, por cálculo o por pereza, estas atrocidades sin hacer nada es elegir la barbarie como destino de la nación argentina.
En el trabajo de Jorge Rodríguez resalta con particular nitidez la cuestión del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Un prominente funcionario del Ministerio de Seguridad manifestó en una jornada realizada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a miembros de ONG, funcionarios y juristas italianos comprometidos en la lucha contra la mafia, que en la República Argentina no había problemas de crimen organizado porque no existían zonas donde este ejerciera el control territorial. Los informes del Lic. Jorge Rodríguez desmienten esa presuntuosa afirmación. En efecto, surge claramente de su relato que a seis km de la Casa Rosada, para ser más precisos en la Villa 1.11.14, en la zona delimitada por las calles Av. Bonorino, Riestra, Perito Moreno, Varela, Club DAOM, Depósito Balbastro y Viviendas Colectivas B, E y F., una persona de origen peruano de nombre Marco Antonio Estrada GoNzález , alias “Marcos”, antiguo integrante de la organización terrorista denominada “Sendero Luminoso”, conjuntamente con varios integrantes de su familia constituyeron una organización criminal destinada al narcotráfico con control territorial. Esta banda criminal que domina aproximadamente quince manzanas de la Villa 1.11.14 y que proyecta su acción sobre el Barrio Illia no solamente importa pasta base de Bolivia y del Perú sino que además produce clorhidrato de cocaína en diez “cocinas”, que son verdaderos laboratorios, para luego comercializarlos. De acuerdo con los informes elaborados por el LIc. Rodríguez el clan “Estrada González” ha montado una poderosa organización que poseería tres departamentos: uno encargadode la producción de la cocaína realizada por expertos traídos especialmente de la República del Perú, otro encargado de la comercialización que utiliza personas de origen extranjero (peruanos, bolivianos, paraguayos) y nacionales y, por último, el tercero encargado de la seguridad del territorio integrado por alrededor de trescientos (300) efectivos pertenecientes a la antigua organización terrorista “Sendero Luminoso” y ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de la República del Perú. Estas personas se encontrarían fuertemente armadas, munidas con fusiles de asalto y armas automáticas, y dispuestas a imponer su ley en el territorio que dominan. La “familia” Estrada González” haciendo uso de las tácticas aprendidas en “Sendero Luminoso” ha logrado intimidar a la población civil, neutralizar a través de la corrupción a las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Federal como la Gendarmería Nacional y, además, aumentar paulatinamente el espacioque controlan. También ha logrado organizar un sistema eficiente de lavado de dinero valiéndose de un sistema de “cholas”, es decir de mujeres de condición humilde que transportan grandes cantidades al exterior y que luego serían lavadas en entidades financieras de su país. Según los informes del Lic. Rodríguez, la “familia” Estrada González ha contado con la protección de los efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional encargados del operativo “Cinturón Sur”. Destaca incluso que el propio Marco Antonio Estrada González, pese a estar detenido, controla desde la prisión la operatoria de su organización.
En síntesis, estamos en presencia de criminalidad organizada transnacional en los términos de la “Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional” ratificada por la ley 25.632 con características mafiosas, en el sentido que le da el Código Penal Italiano (art. 416 bis incorporado por la ley Latorre). Esa clase de criminalidad constituye una gravísima amenaza para la Ciudad de Buenos Aires donde tiene asentados sus reales y para el conjunto de la República. Expresa además el gravísimo problema de la marginación social de vastos sectores de la población que son potenciales consumidores de drogas como escape a su angustia y desesperación y potenciales reclutas a las filas de la narco-criminalidad como medio de salida individual a la inopia. Esta clase de problemática es conocida no sólo en Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos y en los estados del Viejo Continente.
El negacionismo argentino no sólo tiene fuertes fundamentos chauvinistas de la peor especie sino que además está alimentado por los intereses ligados a la corrupción policial, judicial y política, lo que lo torna cada vez más irracional y nos expone a peligros de consecuencias impredecibles.
Este informe que presentamos apunta a hacer pública las denuncias que se mencionan en los informes del Lic. Jorge Rodríguez consiste en como instrumento de los integrantes de la justicia Federal y del Ministerio Públicos dedicadas a la recaudación de dinero proveniente de exacciones y sobornos con un preciso detalle de los montos que se recaudan y el destino que se les otorga. Pero esta cuestión que no es menor y que cuenta con muchos años de antigüedad adquiere un perfil particularmente siniestro a la luz del desarrollo del narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El trabajo del Lic. Jorge Rodríguez señala que existe en la Ciudad de Buenos Aires una organización criminal de origen extranjero dedicada al narcotráfico que ha logrado un extenso control territorial y el manejo de importantísimas cantidades de dinero. Los jefes de esta organización que antiguamente militaron en las filas de una organización terrorista denominada “Sendero Luminoso” aprendieron allí las tácticas que les han permitido neutralizar a las fuerzas de seguridad, intimidar a la población y aumentar paulatinamente el territorio que dominan”.
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