Link del video: http://www.youtube.com/user/prensaalameda?feature=mhum

El video muestra las irregularidades cometidas en el allanamiento de La Mimosa III, una de las granjas de la empresa NUESTRA HUELLA SA, que se produjo el viernes por la tarde hasta la madrugada del sábado.

La empresa avícola viene siendo denunciada por la Fundación Alameda desde 2008 por trata de personas, trabajo infantil y reducción a la servidumbre.

Ezequiel Ferreyra, un niño de solo 7 años que trabajaba en las granjas, agoniza hoy por un tumor producto de la manipulación de agroquímicos.

Exclusivo: Infancia, veneno y esclavitud

Año 3. Edición número 130. Domingo 14 de noviembre de 2010

Por Lucas Schaerer

Atrás de la camioneta policial aparece la granja de la firma Nuestra Huella S.A. Allí trabajaba Ezequiel.

Ezequiel, un pibe de siete años, agoniza por trabajar con agrotóxicos en una granja avícola de pilar allanada el viernes en un operativo lleno de irregularidades. La empresa tiene vínculos con el intendente local y la Uatre

Casi desde la cuna, Ezequiel se convirtió en emblema de la explotación infantil rural. A los cuatro años fue filmado en plena recolección de huevos en un inmenso galpón de gallinas. Hoy tiene siete años y agoniza por una afección cerebral provocada por el uso de agroquímicos para el guano, la materia fecal de las gallinas, y el veneno fosforado que se usa para espantar moscas. El pibe llegó traficado –esta es la palabra que corresponde– desde Misiones hasta la granja La Mimosa III, ubicada en Pilar. Luego fue explotado sin posibilidad de escapatoria alguna ya que el predio tiene los cercos electrificados y un custodio en la tranquera. Ezequiel reconoció en aquella filmación de la Ong La Alameda que hasta el propio día del cumpleaños en lugar de jugar y festejar estuvo recolectando huevitos. “Así, así, así”, decía y hacía el gesto de agarrar con sus manitos.
Desde el lunes Ezequiel está internado en gravísimo estado de salud en el Centro Gallego. Recién el viernes por la tarde y debido a la difusión que tuvo el caso, la Justicia federal de Zarate-Campana actuó sobre los agroquímicos que utiliza Nuestra Huella S.A., la mayor empresa avícola del país en sus 70 granjas.
Miradas al Sur fue el único medio presente en el allanamiento a La Mimosa III ordenado por el juez Adrián Chavay, a cargo del juzgado federal N°2, junto al fiscal Orlando Bosco. El operativo en la granja, símbolo de la esclavitud y explotación de niños, incluyó a 30 efectivos de la Prefectura Naval, a personal de la Dirección de Migraciones y del Ministerio de Justicia Nacional y a la Oficina de Rescate y Asistencia a la Víctima.

Allanamiento cantado. Al llegar este cronista junto al abogado de los trabajadores, Pablo Sernani y Gustavo Vera, de Fundación La Alameda, se produjo un diálogo con el prefecto de traje y corbata a cargo del operativo. “No estoy autorizado a dejarlo pasar, doctor”, apuntó el prefecto que quedó al mando tras haberse retirado el secretario del juzgado federal a las tres horas de comenzado el operativo que duró hasta las 2.10 de la madrugada del sábado. Pese a haberse identificado con su credencial, el abogado no pudo ingresar como sí logró hacerlo en el primer allanamiento, cuando se descubrió la cerca electrificada y las condiciones infrahumanas en las que vivían y trabajaban las familias, todas oriundas de Bolivia, Paraguay y el norte argentino.
Poco después apareció el trabajador Oscar Taboada, el primero que denunció a Nuestra Huella S.A. por explotación infantil, reducción a la servidumbre y tráfico de personas. Cuando Oscar se estaba acercando a la tranquera para hablar con su abogado defensor, una mujer de civil de la Oficina de Rescate y Asistencia a la Víctima se lo impidió. Allí se produjo una larga discusión entre el abogado y el prefecto por no permitirle ejercer el derecho de defensa y a los gritos Sernani sostuvo que en los hechos, se trataba de una privación ilegítima de la libertad. Durante la discusión apareció un adolescente quien intentaba pasar pero los guardias se lo impedían. Hasta que llegó el prefecto de traje. El joven no mostró ningún documento pero igual lo dejaron ingresar. Hasta ese momento, decían, “nadie podía entrar ni salir”. Esta regla tampoco no incluyó al abogado de la empresa Nuestra Huella S.A., Jaime Seoane, quien estuvo dentro de la granja durante todo el operativo. El propio prefecto que controlaba el allanamiento admitió esta situación irregular. Los trabajadores denunciantes aseguraron que el abogado de la patronal, además, estuvo caminando por la granja La Mimosa III. Llegó hasta el fondo de la granja lo más pancho pero resulta que yo no puedo ni hablar con mi abogado”, gritaba Taboada.
Pablo Sernani, representante de los trabajadores, aseguró a este medio que “Asistencia a la Víctima presionó a mis defendidos para que se vayan. Un actuar vergonzoso. Al punto que no le hicieron firmar el acta. Esto estuvo plagado de irregularidades que denunciaremos”.
“El propio encargado de la Mimosa III, Ceferino Viero, denunciado por no permitir a la madre de Ezequiel asistir a su hijo, se dedicó a abrir y cerrar la tranquera de ingreso”, afirmaba Agustín Navarro Farías, delegado de los trabajadores que fuera despedido y que cuenta con dos fallos a favor de su reincorporación. “Ceferino nos maltrata, nos dice bolivianos de mierda, discrimina, y varias veces me quiso pisar con su camioneta”, decía Danisa, la hija adolescente de Oscar Taboada y Elsa Soliz Ramos.
Justamente la camioneta del encargado de la granja es donde la Prefectura encontró los bidones con el veneno de fosforado. Tres tipos de veneno se utilizan para remover el guano, que luego se vende como abono para fertilizar la tierra y matar las moscas: Furadan, Sipermetina y Nubal. Éste último dicen que es el mortífero. “Era tanta la presión de la empresa, que un trabajador llamado Hernán López Arias se suicidó tomando Nubal, un veneno que no se disuelve en la sangre. Por eso el veneno que está en la camioneta es de menor efecto. Lo usamos para matar las moscas dentro del galpón porque si usamos el otro mataría a las propias gallinas que comieran alguna mosca que caiga muerta”, acotó Navarro Farías, un joven paraguayo que tiene a su hijita de tres años, Claudia, con un riñón del tamaño de un poroto y que teme que le suceda lo mismo que a Ezequiel.
“Es increíble –agrega Gustavo Vera de La Alameda– que se lleven sólo una muestra y no todo el veneno mortífero. Tenemos a Ezequiel agonizando por usar esas sustancias y la Justicia las deja acá. Esto es ridículo. Es como si encontrarán cocaína en un allanamiento. Se llevan todo, no una muestra.”
Otra trabajadora, María, expresó que la empresa estaba avisada del operativo de ante-mano. “El martes trajeron botas, pantalones y camisas. Pusieron letreros de seguridad nuevos. Cortaron todo el pasto que estaba alto como un metro. Además el encargado estuvo espantando a las mosca.”

Radiografía de una empresa asesina. Los actuales accionarios de Nuestra Huella S.A. son Leticia Esther García de Luaces, su hija Luz Luaces y la presidenta de la firma Alejandra López Camelo. Ellas tienen pedido de indagatoria por la delicada situación de Ezequiel y están denunciadas tanto en causas laborales como penales por reducción a la servidumbre y trata de personas. Nunca fueron detenidas ni llevadas a declarar en calidad de imputadas.
Y es que su respaldo es político y gremial. La presidenta de Nuestra Huella S.A., López Camelo, es la prima hermana del actual intendente de Pilar, Humbetto Zúccaro, y además cuñada del delegado gremial de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Jorge Herrera. El sindicato de los peones rurales fue denunciado por querer coimear con 50 mil pesos a Oscar Taboada para que retire sus denuncias contra la empresa. El respaldo político además se sostiene porque el anterior jefe del ejecutivo en Pilar, Sergio Bivort, luego de dejar la intendencia pasó a prestar su oficio de abogado a la empresa de la familia Luaces. Bivort fue filmado y fotografiado haciendo de chofer de Alejandra López Camelo cuando se produjo una protesta bloqueando el molino de la empresa.
Por el respaldo judicial a Nuestra Huella S.A. se presume que llega a través del intendente Zúcarro aliado con el senador provincial José Manuel Molina. Éste último controla la Comisión de Acuerdos que designa o eleva a juicio político a los jueces bonaerenses. “Quizás esto explique la parálisis de la jueza de garantías Graciela Adriana Cione. Quien pese a tener las pruebas más contundentes por reducción a la servidumbre jamás actuó”, concluye Vera de La Alameda, la Ong que viene denunciando desde hace años a diversos establecimientos que explotan hasta la esclavitud a sus trabajadores.
Calculan los empleados denunciantes que en por lo menos 20 granjas de esta firma avícola, hay en cada una de ellas, 10 chicos explotados laboralmente, lo que lleva el número a 200 pibes con riesgos graves para sus salud. Nadie los analizó. Hoy es Ezequiel, mañana pueden ser 199 más.