Como todos los años, el Departamento de Estado norteamericano publicó su Informe Mundial sobre Trata de Personas, y si bien nuestro país mantiene la categoría I (más por decisión política del gobierno de Trump en su respaldo a su aliado subordinado en la región, Mllei), en todas las áreas el mismo reporte reconoce un debilitamiento generalizado de las políticas públicas en la materia. En particular, señala una preocupante disminución en la detección y asistencia a las víctimas, una reducción en los procesamientos a tratantes y explotadores y deficiencia en las inspecciones laborales.
Anualmente el Departamento de Estado norteamericano evalúa “los esfuerzos” que 190 países realizan en relación a la lucha contra la trata y explotación de personas. Las conclusiones son plasmadas en un detallado informe el cual ubica a los países en las categorías 1, 2 y 3, de acuerdo a la mayor o menor efectividad en la implementación de las políticas públicas en materia de prevención, persecución y asistencia a las víctimas de trata. También evalúa procesos judiciales y sentencias firmes, entre otros aspectos.
El informe se nutre de la información que los propios estados y organizaciones de la sociedad civil brindan, si bien en los últimos años hubo críticas debido a demoras en la elaboración del informe, el hecho de que funcionarios experimentados hayan sido echados debido a recortes presupuestarios, una disminución generalizada respecto a la rigurosidad y metodología empleada, y una marcada utilización geopolíticas más que a un monitoreo real y efectivo.
En el caso de Argentina el informe, en contraste con el del año 2025 donde hubo un “manto de piedad,” esta ver establece serias deficiencias:
Persecución penal:
En primer lugar pone de relieve una disminución de las investigaciones preliminares iniciadas. Contabilizando un total de 40 durante 2025, en comparación a las 49 del 2024: “La PROTEX informó que durante 2025 inició investigaciones preliminares en 40 casos: 17 por trata con fines de explotación sexual, siete por trabajo forzoso y 16 por formas de trata no especificadas.Esta cifra representó una disminución respecto de las 49 investigaciones preliminares iniciadas en 2024”.
Asimismo, se contabilizan menos procesos judiciales en 2025, un total de 11, frente a los 16 de la anterior evaluación: “PROTEX señaló que las fiscalías y los órganos judiciales de todo el país informaron que habían iniciado acciones penales contra 11 nuevos sospechosos —frente a 16 en 2024—”.
-Se crítica la falta de información respecto a penas impuestas: “A diferencia del año anterior, el Gobierno no proporcionó información sobre las penas impuestas a los tratantes condenados”.
Poder Judicial:
En el apartado referido al papel de la justicia, el informe destaca la labor de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), sin embargo pone de manifiesto la falta de especialización en fiscalías y juzgados: “Más allá del apoyo a las investigaciones que PROTEX brindó en determinados casos, no existen unidades de las fuerzas de seguridad ni juzgados dedicados exclusivamente a las causas de trata de personas”.
Por otro lado insiste en la falta de recursos en el poder judicial, en particular debido a la falta de nombramiento de personal, la cobertura de cargos vacantes y a la implementación del nuevo proceso judicial acusatorio: “Las deficiencias de financiamiento y de personal en las fiscalías continuaron afectando las investigaciones sobre trata de personas y crimen organizado, mientras que los cambios en curso en el sector judicial repercutieron en la asignación de recursos”, para finalmente y a modo conclusón sostener: “la elevada cantidad de vacantes judiciales, incluidas las correspondientes a fiscales, continuó siendo motivo de preocupación, particularmente en el contexto de la implementación del nuevo sistema acusatorio en todo el país”.
Asistencia:
A diferencia de lo que venía sucediendo en evaluaciones anteriores, aún durante gobiernos de distinto signo político, el informe en esta área es lapidario y coincidente con lo que las organizaciones de la sociedad civil venimos denunciando:
Habla de una disminución significativa en lo que refiere a identificación y asistencia. Mientras que en el 2024 fueron detectadas 1372 personas y asistidas otras 1256, durante el año pasado apenas 805 víctimas fueron identificadas y sólo 251 asistidas: “En 2025, el Gobierno identificó a 804 víctimas y derivó a 251 a servicios de asistencia, lo que representó una disminución significativa en comparación con 2024, año en el que se identificaron 1.372 víctimas y se derivaron 1.256 a dichos servicios.”
El reporte se hace eco del traspaso de las áreas de asistencia y protección del Ministerio de Capital Humano (históricamente Ministerio de Desarrollo Social) al Ministerio de Seguridad: “En mayo de 2025, el Ministerio de Capital Humano creó un programa de apoyo a las víctimas de trata, que posteriormente pasó a denominarse Coordinación de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata de Personas y fue transferido al Ministerio de Justicia en junio de 2025”.
El reporte también menciona la eliminación del fondo de reparación a las víctimas bajo la figura de fondo fiduciario: “en noviembre de 2024, el Gobierno disolvió el fondo fiduciario destinado a las víctimas de trata, que administraba los bienes decomisados a los tratantes y facilitaba el pago de las reparaciones, alegando preocupaciones relacionadas con la ineficiencia del fondo”, y si bien reconoce que hay un sensible aumento de personas reparadas económicamente, también crítica la excesiva demora en hacer efectivos dichos pagos: “el Gobierno dispuso el pago de reparaciones a las víctimas como parte de las sentencias penales. En 2025, los tribunales otorgaron reparaciones a 22 víctimas en nueve causas que concluyeron con condenas penales, frente a los 19 casos registrados en 2024. El Gobierno informó que había enfrentado algunas dificultades para efectuar los pagos”.
Se pone de relieve la postergación durante el 2024 y nuevamente en el 2025, de una nueva convocatoria el programa de formación e inserción laboral: “durante el período de presentación del informe anterior, la Secretaría de Trabajo había postergado la incorporación prevista de una cuarta cohorte a un programa destinado a promover la reinserción laboral de sobrevivientes de trata, y en 2025 no informó avances al respecto”
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También destaca la falta de información sobre subsidios otorgados a víctimas de trata con fines de explotación laboral en el ámbito rural: “El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), una institución de carácter semipúblico, administraba un programa de subsidios destinado a cubrir las necesidades inmediatas de los trabajadores que pierden su empleo de manera repentina. El organismo otorgó subsidios a víctimas de trata con fines de explotación laboral identificadas durante inspecciones, aunque el Gobierno no informó qué subsidios se proporcionaron a las víctimas durante 2025”.
Prevención:
-El informe 2025 menciona la falta de apertura para que mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil puedan participar del Consejo Federal: “La normativa del Consejo Federal exigía que las organizaciones de la sociedad civil participantes estuvieran reconocidas legalmente como organizaciones no gubernamentales (ONG) en Argentina. Observadores señalaron que el Gobierno ofreció oportunidades limitadas para que otros sectores de la sociedad civil participaran en las actividades del Consejo”.
En materia laboral, el informe es especialmente crítico, detalla que el gobierno no informó sanciones a empleadores por trabajo no registrado: “el Gobierno no informó haber aplicado sanciones durante 2025.“. Tampoco agencias de empleo multadas: “el Gobierno retiraba el registro a las agencias de empleo temporal que cobraban tarifas a los trabajadores o efectuaban deducciones no autorizadas, y multaba a las agencias que les cobraban cargos. No obstante, no especificó cuántas agencias habían sido multadas durante el período del informe”.
Asimismo y continuando con la detección de trata y explotación laboral, el reporte analizado pone de relieve la falta de coordinación del área de inspección de la Secretaría de Trabajo y la falta de articulación con las áreas de inspecciones provinciales: “la falta de coordinación centralizada y de recopilación de datos entre la inspección laboral del Gobierno nacional y las de los distintos gobiernos provinciales dificulta obtener una visión clara de las posibles deficiencias en la aplicación de la normativa”.
Si bien destaca que fueron detectados 239 trabajadores con indicios de explotación laboral, pone de relieve que no se informaron cuántas de esas inspecciones derivaron en procesos judiciales por trata y explotación: “los inspectores laborales identificaron a 239 trabajadores que presentaban indicadores de explotación laboral, pero el Gobierno no precisó si alguno de esos casos había dado lugar a investigaciones por trata de personas”.
Menciona también la falta de capacitaciones en la materia a personal militar que cumple misiones de paz: “El Gobierno no informó haber impartido capacitaciones sobre la lucha contra la trata de personas a sus efectivos militares antes de su despliegue en misiones de mantenimiento de la paz”.
Para finalizar el capítulo de Prevención, establece la falta de programas y políticas públicas para reducir la demanda de prostitución, así como de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: “el Gobierno no adoptó medidas para reducir la demanda de actividades sexuales comerciales”.
Nuevas formas de explotación:
El informe publicado hace especial mención a los entornos virtuales, tanto para la captación, como para la explotación y que esta mutación afecta especialmente a niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes de sectores vulnerables: “los tratantes recurren cada vez más a las redes sociales como principal mecanismo de engaño y captación, y se dirigen a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, incluidos hombres y mujeres adultos y migrantes. También utilizan de manera creciente plataformas digitales destinadas a la producción y comercialización de contenidos digitales como medio para explotar a las víctimas mediante la trata con fines de explotación sexual, una modalidad que afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes”.
Asimismo detalla un sensible aumento de la trata con fines de explotación reproductiva y de criminalidad forzada: “Se expresó preocupación por la situación de mujeres jóvenes en condiciones socioeconómicas desfavorables que trabajan como gestantes subrogadas en una actividad no regulada”, y también destaca la criminalidad forzada: “se registraron casos en los que los tratantes sometieron a víctimas de trata, incluidos niños y niñas, a criminalidad forzada. Entre otras prácticas, las obligaron a actuar como transportistas de drogas -mulas, soldaditos- o las incorporaron a circuitos delictivos más amplios.
Finalmente se menciona a las organizaciones coercitivas (sectas) con fines de explotación, tanto laboral como sexual: “ organizaciones benéficas y religiosas, tanto fraudulentas como legítimas, fueron utilizadas como fachadas por tratantes que buscaban explotar a las víctimas con fines sexuales y laborales”.
A modo de conclusión, destacamos que si bien hubo algunos avances en lo que respecta a capacitaciones y sensibilizaciones, son significativa y proporcionalmente menores frente al debilitamiento generalizado que hay en todas las políticas públicas en materia de trata y explotación. Especialmente en lo que a la asistencia refiere, algo que desde la Alameda venimos sosteniendo en los informes publicados en 2024, 2025 y 2026. También resulta realmente preocupante el debilitamiento de las inspecciones laborales, la coordinación en la propia Secretaría de Trabajo (antes Ministerio de Trabajo), así como la articulación con las áreas provinciales con poder de policía en la materia.
Si la alianza estratégica mediante la cual el gobierno de Trump sostiene a Milei a cambio de la apropiación de los recursos logísticos y estratégicos del país no fuera tan evidente, la Argentina tendría que haber descendido del Tier 1 al Tier 2 por el desmantelamiento de prácticamente todas sus políticas públicas. Si se sostiene la categoría Tier 1 es solamente para respaldar a su gobierno “aliado” , aunque por las dudas, porque todo cambia, en la descripción de la situación el informe es lapidario. Que el árbol no tape al bosque.
Ofrecemos a continuación el informe en su idioma original y traducido al español.
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