Por Gustavo Vera
De León XIII a Francisco y León XIV, la Doctrina Social de la Iglesia enfatiza una definición fundamental: la economía debe estar al servicio de las personas. Objetivamente el discurso del Pontífice en la Argentina interpela al gobierno de Milei y al mundo empresarial y a los sindicatos, y cuestiona un modelo de desarrollo que subordina la dignidad humana y el cuidado de la naturaleza a la máxima ganancia.
El discurso de León XIV ante representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina fue mucho más que una reflexión religiosa. Constituyó una exposición de los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y una intervención de enorme actualidad sobre el rumbo de la economía, el papel del Estado, las responsabilidades empresariales, los derechos de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente.
Aunque no lo menciona directamente al gobierno de Javier Milei, el Pontífice desarrolló una concepción de la economía que establece profundas diferencias con aspectos centrales de su orientación económica.
La definición que atraviesa todo el discurso es contundente:
“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.
Esta afirmación no constituye una novedad doctrinaria, sino la actualización de una tradición que lleva más de un siglo y que adquiere particular relevancia frente a las transformaciones del capitalismo contemporáneo.
Una misma doctrina frente a tres épocas históricas
En 1891, León XIII publicó Rerum Novarum, en plena expansión del capitalismo industrial, cuando millones de trabajadores soportaban jornadas extenuantes, salarios miserables y condiciones de explotación que acompañaban la acumulación de enormes fortunas.
Frente a quienes pretendían dejar las relaciones entre capital y trabajo libradas exclusivamente al mercado, la Iglesia defendió la organización de los trabajadores en sindicatos, el salario justo, la función social de la propiedad y la responsabilidad del Estado en la protección de los más vulnerables.
Más de un siglo después, Francisco profundizó aquella tradición incorporando los desafíos de una economía globalizada que produce nuevas formas de exclusión, precarización laboral, concentración de la riqueza y destrucción ambiental.
Con Laudato si’ vinculó inseparablemente la cuestión social con la ecológica. Con Fratelli tutti desarrolló la fraternidad y la amistad social como fundamentos de una convivencia que no puede quedar subordinada al individualismo y a la competencia económica.
Y con sus encuentros con los movimientos populares reivindicó el protagonismo de los trabajadores excluidos y sintetizo sus anhelos de dignidad en las demandas de tierra, techo y trabajo.
León XIV recoge ambas tradiciones y las proyecta sobre una nueva etapa, marcada por la inteligencia artificial, la automatización, la concentración del poder económico y la crisis ambiental.
Si León XIII enfrentó la cuestión obrera de la revolución industrial y Francisco la exclusión social y ecológica de la globalización, León XIV advierte sobre las nuevas formas de subordinación del ser humano a una economía cada vez más tecnificada y concentrada.
Al recuperar el pensamiento de su antecesor del siglo XIX, señala que la economía debe encontrar un equilibrio entre los intereses empresariales y las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Y agrega una definición que trasciende cualquier consideración puramente económica:
“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.
La continuidad entre los tres pontífices no es solamente histórica. Expresa una misma convicción: el trabajo constituye una dimensión esencial de la dignidad humana y no puede reducirse a una mercancía sometida a las oscilaciones del mercado.
Francisco sigue presente y vigente:
Uno de los aspectos más significativos del discurso es la presencia permanente del magisterio de Francisco.
León XIV no se limita a rendirle homenaje. Recupera sus principales enseñanzas y las incorpora al centro de su reflexión.
Cita expresamente Fratelli tutti para recordar que:
“En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal”.
La definición cuestiona cualquier concepción que reduzca al trabajador a un costo de producción y al empleo a una simple variable de ajuste.
También recupera uno de los principios más profundos de Laudato si’:
“Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”.
La propiedad privada, por lo tanto, no es un derecho absoluto desligado de sus consecuencias sociales. Está subordinada al destino universal de los bienes y a las necesidades del conjunto de la comunidad.
Pero quizás una de las continuidades más significativas aparezca en el reconocimiento del protagonismo de los movimientos populares.
León XIV afirma:
“Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales —los cartoneros, los campesinos, los artesanos— son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los Movimientos Populares”.
Y añade:
“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”.
No se trata de considerar a los pobres como simples destinatarios de asistencia, sino de reconocerlos como sujetos capaces de organizarse y transformar la realidad.
Al reivindicar nuevamente las tres T —tierra, techo y trabajo—, León XIV confirma que el legado de Francisco no fue un paréntesis en la historia de la Iglesia, sino una profundización de su doctrina social que continúa desarrollándose.
Milei y una concepción muy diferente de la economía
El contraste con la orientación económica del gobierno argentino aparece cuando estos principios se trasladan a las políticas públicas.
Milei ha colocado el equilibrio fiscal, la desregulación económica, la reducción de determinadas funciones del Estado y los incentivos a la inversión privada entre sus principales prioridades sin importarle las dramáticas consecuencias sociales.
León XIV, sin desconocer la importancia de la estabilidad económica ni de la iniciativa empresarial, establece otro criterio fundamental para evaluar un modelo de desarrollo.
Al citar su enseñanza sobre el trabajo, sostiene:
“El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”.
Y agrega que es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.
La diferencia no es menor. Mientras una concepción económica privilegia la eliminación de regulaciones y la reducción de costos como instrumentos para estimular la inversión y el empleo, la doctrina social exige evaluar esas decisiones por sus consecuencias sobre la dignidad de los trabajadores y las condiciones de vida de las familias porque ya esta probado históricamente que el famoso “derrame” que pregonan las opciones ultraliberales nunca llega.
La Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno introduce cambios en las relaciones laborales, en las condiciones de contratación y en distintos mecanismos de protección del empleo. Sus promotores sostienen que favorecerá la formalización y la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, desde los principios expuestos por León XIV, su resultado debe juzgarse por la calidad del empleo que efectivamente genere, la protección de los trabajadores y el fortalecimiento de sus derechos. Además desde el punto de vista práctico las medidas adoptadas por Milei multiplicaron los despedidos, la precarizacion laboral, el pluriempleo , la caida del poder adquisitivo y un insólito proceso de endeudamiento masivo de los trabajadores para llegar a fin de mes.
El Papa tampoco propone un Estado que sustituya todas las iniciativas sociales o empresariales. Por el contrario, reivindica el principio de subsidiariedad, pero recuerda que corresponde al Estado mantener su capacidad reguladora en función del bien común y asumir las responsabilidades que las organizaciones intermedias no pueden resolver por sí mismas.
Esta concepción se distancia tanto del estatismo que absorbe las iniciativas comunitarias como de la idea de que el mercado puede resolver por sí solo las desigualdades sociales.
El contraste adquiere una dimensión todavía más concreta frente al endeudamiento de las familias argentinas para afrontar gastos esenciales.
Cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir alimentos, medicamentos, alquileres o servicios, y los hogares deben recurrir al crédito para sobrevivir, el problema deja de ser exclusivamente financiero y se convierte en una cuestión de dignidad humana.
Desde esta perspectiva, una política de alivio para las familias endeudadas por necesidades básicas, junto con la protección de los ingresos y la promoción del empleo, no constituye simplemente una medida asistencial, sino una respuesta vinculada con los principios de solidaridad y bien común.
No alcanza con que cierren las cuentas fiscales si las cuentas de millones de familias no cierran a fin de mes.
Cuando el lucro se convierte en el único objetivo
El discurso de León XIV también contiene una fuerte interpelación al mundo empresarial.
El Pontífice reconoce el valor de quienes invierten, arriesgan su patrimonio y generan puestos de trabajo. Pero establece una distinción fundamental entre la empresa concebida como una comunidad humana y aquella que transforma la rentabilidad en su único objetivo.
Para ilustrarlo, recupera el ejemplo del empresario argentino Enrique Shaw, quien entendía que la industria: “No era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.
La definición adquiere especial relevancia frente a empresas que buscan maximizar beneficios mediante la precarización laboral, salarios insuficientes o el traslado de costos sociales y ambientales a las comunidades.
León XIV advierte: “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”.
No es una condena a la actividad empresarial ni a la obtención de ganancias. Es un cuestionamiento a la absolutización del lucro cuando se convierte en el único parámetro para tomar decisiones.
La función social de la propiedad y del capital exige que la producción de riqueza esté acompañada por condiciones laborales dignas, responsabilidad ambiental y una distribución de sus beneficios que contribuya al desarrollo de la sociedad.
El Papa también reivindica el papel de las organizaciones sindicales: “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.
Pero no exime al sindicalismo de responsabilidades. Le exige ampliar su representación hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos, que constituyen una parte cada vez más importante del mundo laboral.
La doctrina social interpela así simultáneamente al Estado, a los empresarios y a los sindicatos. Ninguno puede desentenderse de su responsabilidad frente al bien común.
El falso progreso del extractivismo sin límites
La dimensión ambiental ocupa un lugar central en el discurso y constituye otra de las grandes continuidades con Francisco.
León XIV recupera la ecología integral de Laudato si’ para cuestionar una concepción del desarrollo que considera a la naturaleza como una fuente ilimitada de recursos disponibles para la explotación económica.
Al referirse a las consecuencias de un crecimiento que beneficia a unos pocos, recuerda:“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.
La definición resulta particularmente relevante para la Argentina, donde las inversiones mineras, petroleras y energéticas ocupan un lugar importante en las estrategias de crecimiento y generación de divisas.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, impulsado por el gobierno de Milei, establece importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala, incluidos los vinculados con la explotación de recursos naturales.
Sus defensores sostienen que estas inversiones permitirán generar empleo, aumentar las exportaciones y desarrollar sectores estratégicos. Pero los principios de la doctrina social introducen una pregunta que no puede quedar subordinada a la rentabilidad: ¿qué desarrollo producen esas inversiones, a quiénes benefician y quiénes soportan sus consecuencias?
Una empresa puede presentar balances extraordinarios mientras las comunidades cercanas enfrentan problemas de acceso al agua, deterioro ambiental o beneficios económicos insuficientes.
La discusión no consiste en rechazar toda actividad extractiva, sino en impedir que la explotación de recursos naturales se desarrolle sin controles adecuados, sin participación de las comunidades y sin una distribución justa de sus beneficios.
El Papa recuerda que la humanidad no es propietaria absoluta de la creación:
“No somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad”.
Esta concepción exige compatibilizar la actividad productiva con la preservación ambiental, el respeto a las comunidades y la responsabilidad hacia las generaciones futuras.
La riqueza natural no puede convertirse en una fuente de acumulación privada desligada del destino colectivo de los bienes.
De los principios a las responsabilidades concretas
El discurso de León XIV no puede quedar reducido a una declaración doctrinaria ni a una ceremonia académica.
Sus enseñanzas tienen consecuencias prácticas para la organización de la economía y las responsabilidades de sus protagonistas.
Para el Estado, significan promover el empleo digno, proteger los ingresos familiares, regular en función del bien común y garantizar que el desarrollo económico no deje a sectores enteros de la población excluidos.
Para los empresarios, implican reconocer que la rentabilidad no puede desvincularse de las condiciones laborales, la responsabilidad social y la preservación del ambiente.
Para los sindicatos, suponen defender los derechos conquistados y, al mismo tiempo, ampliar la organización y representación hacia quienes trabajan en condiciones precarias o permanecen fuera de las estructuras tradicionales.
Para los movimientos populares, representan un reconocimiento de su capacidad de construir soluciones comunitarias y participar activamente en la transformación social.
Y para el conjunto de la sociedad plantean la necesidad de construir respuestas frente al desempleo, la precarización, el endeudamiento de las familias y las consecuencias ambientales de un desarrollo sin controles suficientes.
La Doctrina Social de la Iglesia no constituye un programa partidario ni ofrece una fórmula económica cerrada. Pero establece criterios éticos que permiten evaluar las políticas públicas y las decisiones empresariales.
León XIV sintetizó su mensaje en cinco tareas:
“Defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiaridad responsable, para construir juntos la civilización del amor”.
Desde León XIII hasta Francisco y León XIV, la Iglesia ha desarrollado estos principios frente a diferentes transformaciones históricas, sin abandonar una convicción fundamental: la persona humana debe ocupar el centro de la vida económica y social.
En la Argentina actual, estas definiciones plantean una responsabilidad que no puede eludirse. No alcanza con reivindicar la doctrina social en los discursos mientras se desatienden sus consecuencias en las decisiones económicas, laborales y ambientales.
El verdadero alcance del mensaje papal no se medirá por los aplausos que reciba, sino por la disposición a traducir sus principios en políticas públicas, prácticas empresariales y formas de organización social que coloquen efectivamente a las personas por encima del lucro.
Porque, en definitiva, no puede llamarse progreso a una economía que multiplica las ganancias mientras deteriora las condiciones de vida de quienes trabajan, endeuda a las familias para sobrevivir y compromete los recursos naturales que pertenecen también a las generaciones futuras.
Gustavo Vera es titular de la Fundación Alameda; ex legislador y ex director nacional del Comité de Lucha contra la Trata y explotación de Personas. Autor del libro “La amistad no se negocia”, correspondencia inédita del Papa Francisco con un militante de las periferias.
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