Dictamen fiscalía por los 170 talleres textiles clandestinos

El fiscal Federico Delgado elevó un alarmante informe sobre los datos de 170 inmuebles denunciados por trata y sus dueños. La zona “administrativamente liberada” y el planteo a la Justicia

http://www.infobae.com/2016/02/15/1790177-cuanto-gana-mes-un-trabajador-esclavo-un-taller-textil

Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com

En un principio, se trató de 170 domicilios denunciados como talleres de trabajo esclavo, una presentación hecha el 10 de noviembre pasado por el legislador Gustavo Vera, cabeza de La Alameda, y remitida por la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga la trata tanto laboral como sexual a cargo del fiscal Marcelo Colombo. La sospecha se volvió obvia: el conjunto de estos domicilios sería el cuadro definitivo de la trata laboral de personas en suelo porteño, con zonas como Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

La cuestión recayó en el fiscal Federico Delgado y su equipo en los tribunales de Comodoro Py, que requirieron informes y allanamientos a gran escala. Con los datos finales sobre sus escritorios, comenzaron a hacer cuentas a comienzos de este mes. Y la matemática final es deprimente. Los 175 trabajadores consultados que pasaban sus días ante máquinas de coser en talleres clandestinos –148 de ellos extranjeros, un 97% de ellos ciudadanos bolivianos– reconocieron cumplir un promedio de algo más de nueve horas diarias; poco más de cinco los sábados, para promedios de 52 horas semanales y 184 horas mensuales. Un promedio, por otra parte, es meramente eso: un promedio. Hubo casos que admitieron trabajar turnos de hasta doce y trece horas diarias. Otros diez trabajadores incluso aseguraron estar “a prueba” sin ver un solo peso en su bolsillo al momento de ser entrevistados por la Justicia.

Delgado también pudo establecer cuánto cobraban, al menos en la mitad de los obreros consultados: 31 pesos por hora fue el valor promedio. También, su sueldo básico. Por trabajar sin vacaciones ni aguinaldo,sin ningún tipo de seguridad, con su libertad controlada, en un ambiente de alto riesgo de enfermedad o incendio, y de cara a jeans de dos mil pesos en locales de moda, tan solo $5.766 por mes, menos que el salario mínimo en bruto que asciende a $6.060. La conclusión de Delgado al respecto es deprimente también: “Aquí se nota la funcionalidad de la ineficacia administrativa de las autoridades comunales que carecen de una planificación expresa para hacer un control que exceda el plano formal”.

Esta información forma parte de una larga investigación preliminar que Delgado elevó el día 11 de este mes al Juzgado Nº 8 en Comodoro Py a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, el juez original de la causa de los 170 domicilios. Actualmente, el expediente se encuentra bajo un recurso de queja presentado por Delgado ante la Cámara de Apelaciones, de la que todavía se espera una respuesta: Martínez de Giorgi decidió fragmentar el expediente, algo a lo que Delgado se opuso. El fiscal plantea la investigación como un hecho colectivo, tomar a los domicilios como un todo.

La información que nutre la preliminar –citada por la periodista Catalina de Elía en su blog y a la cual Infobaeaccedió en forma completa– incluyó actas de inspección de la Dirección General de Protección del Trabajo porteñas sobre los domicilios denunciados remitidos a la PROTEX así como protocolos requeridos a la Agencia Gubernamental de Control y el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, más una profunda búsqueda en el Registro de la Propiedad Inmueble. Del relevamiento de las actas surgió otro punto enervante: la esquina de Cobo y Curapaligüe en Flores, donde trabajadores eran levantados en vehículos para ser llevados a talleres. Así, se llegó a más de diez domicilios en calles como Puán, Miró y Emilio Mitre que no formaban parte de la lista original.

La lista se redujo: de 170 domicilios, la AGC envió actas sobre 161. De esos 161, a 29 no se pudo ingresar; aunque en muchos casos hubo sospechas de existencia de actividad textil, como ruidos de máquinas o medidores de energía con alto consumo. De los restantes, 72 resultaron ser talleres textiles. Solo tres tenían habilitación para hacerlo. Sesenta y nueve de ellos eran clandestinos.

También, hubo un análisis casi total de la titularidad de los 170 inmuebles. Los nombres, asegura una voz cercana a la fiscalía de Delgado, no se repiten. Sin embargo, hubo algo llamativo: el 30% de los dueños son de los talleres extranjeros, principalmente coreanos y bolivianos; en la mitad de estos domicilios se encontraron talleres clandestinos. La pregunta de Delgado, entonces, se vuelve evidente: el fiscal indagará aún más en estos nombres, en busca de posibles testaferros. Para Delgado, muchos de estos bolivianos simplemente no pueden ser los dueños de estos talleres.

Luego de todo su análisis, el fiscal consideró lo siguiente: que hay un sistema de fragmentación y controles laxos que beneficia al sistema de trata laboral. Delgado concluyó: “En efecto, del análisis de las actas remitidas se observa que existe en los barrios de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda una zona administrativamente liberada, donde los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente, ya sea que se trate de edificios tomados o no, y donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad. O, lo que es peor, saben que en caso de ser molestados a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente que podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”.

Así, el fiscal no solo eleva sus planteos hasta el juez. Piensa hacerlo incluso a la jefa de los fiscales misma, la procuradora Alejandra Gils Carbó, “para que pondere la posibilidad de sugerir a las fiscalías de primera instancia un criterio común a la hora de ejercer la acción penal pública, dado que la fragmentación de las investigaciones actúa en su desmedro”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-292547-2016-02-16.html

SOCIEDAD › UN INFORME JUDICIAL DENUNCIA AL BARRIO DE FLORES COMO ZONA LIBERADA

Se trata de tapar la trata

El fiscal federal Federico Delgado elaboró un informe en base a talleres textiles allanados en la CABA. Sólo el 3 por ciento funcionaba en blanco. Describe la facilidad con que operan los explotadores y considera la zona de Flores como “administrativamente liberada”.

Por Mariana Carbajal

Una investigación judicial determinó que existe en los barrios porteños de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda “una zona administrativamente liberada”, donde “los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente”, en edificios tomados o no, y “donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad”. El informe fue realizado por el fiscal federal Federico Delgado en el marco de una causa por trata de personas para explotación laboral, iniciada a partir de una presentación realizada por el legislador Gustavo Vera, fundador de La Alameda, y que llamativamente avanzó poco en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8.

La pesquisa dio resultados alarmantes: de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí encontradas eran bolivianas y paraguayas, que en promedio trabajan casi 9 horas y media por día y cobran apenas 31 pesos por hora, aproximadamente la mitad de lo que gana una empleada doméstica. Mientras que quienes figuran como encargados, explotadores, son de nacionalidad china y coreana. Los investigadores sospechan que podría tratarse de testaferros. En la zona relevada funcionaba el taller clandestino en cuyo sótano, con ventanas tapiadas, diez meses atrás, murieron asfixiados dos hermanitos, de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana que se desempeñaba en el lugar. El fiscal Delgado remitió el informe al juez De Giorgi y le reclamó “una investigación profunda” y “global” porque, advirtió, no se puede fragmentar la causa y se debe mirar integralmente el problema por las interrelaciones que se observan en el funcionamiento de los talleres. También envió una copia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, y a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

En su investigación preliminar, fechada el 11 de febrero, Delgado advirtió sobre la “irracionalidad” del sistema: si los explotadores de un taller clandestino son detectados por un inspector de la Dirección de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control la ciudad de Buenos Aires, “saben que a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”. El fiscal destacó que ese procedimiento “esconde muchos problemas”, y señaló entre ellos que los operadores judiciales no indagan en la responsabilidad penal de “esos explotadores” frente a la existencia de habilitaciones formales, de la agencia gubernamental, “que únicamente reclamará dinero frente a las irregularidades detectadas durante las inspecciones”. Delgado indicó que, “obviamente, la existencia de talleres habilitados administrativamente no implica que en el lugar no trabajen personas que sean explotadas laboralmente e incluso sean objeto de accionar delictivo y por ende, competencia de la justicia federal”.

La pesquisa se inició a partir de la presentación de Vera, con 170 domicilios donde funcionarían talleres clandestinos. El relevamiento encontró 72 talleres textiles, de los cuales el 96 por ciento no tenía la habilitación correspondiente. En los talleres clandestinos se encontraron 175 personas, 27 eran de nacionalidad argentina y 148 extranjeros (mayoría de bolivianos y paraguayos). Al analizar las horas trabajadas por persona, se encontró que de lunes a viernes son un promedio de más de 9 horas diarias, mientras que los sábados rondan las 5 horas y media. Del relevamiento surge, que algunos de los trabajadores son “levantados” por sus explotadores en la esquina de Cobo y Curapaligüe, del barrio de Flores, donde funciona una especie de mercado humano, de día y de noche.