El Comité de Lucha contra la Trata celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme este jueves la prisión preventiva del tratante y explotador Raúl Martins. Desde el año 2013, el actual director del Comité, Gustavo Vera, es querellante en la causa y aportó importantes pruebas en la misma. “Esperamos su extradición para ser juzgado en Argentina”, sostuvo la Dirección del Comité.
La CSJN dejó este jueves firme la prisión preventiva impuesta al tratante, proxeneta, y ex integrante de la SIDE, sindicado como líder de una asociación dedicada a la trata y explotación para la prostitución. Gustavo Vera, querellante, aportó pruebas desde 2013 en la causa.
El Comité de Lucha contra la Trata celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme este jueves la prisión preventiva del tratante y explotador Raúl Martins. Desde el año 2013, el actual director del Comité, Gustavo Vera, es querellante en la causa y aportó importantes pruebas en la misma. “Esperamos su extradición para ser juzgado en Argentina”, sostuvo la Dirección del Comité.
Por unanimidad, el máximo tribunal de nuestro país rechazó la queja que había presentado la defensa de Martins, investigado por liderar una organización dedicada a la explotación sexual de personas.
El 11 de junio de 2019, María Romilda Servini de Cubría, jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, decretó el procesamiento de Martins por considerarlo coautor del delito de explotación de la prostitución ajena, junto con el de asociación ilícita, agravado por el carácter de jefe u organizador. En esa ocasión, dispuso la prisión preventiva de Martins y su extradición desde México. En la causa, quedó probado que entre el 3 de marzo de 2011 y el 27 de octubre de 2014, Martins y otras dos personas explotaron comercialmente la prostitución de diversas mujeres, utilizando para ello el bar ubicado en la calle Juan B. Justo 5302.
Martins fue detenido en Cancún, cuando sobre él pesaba una orden de captura internacional, a raíz de su procesamiento, por ser considerado jefe de una organización dedicada a explotar mujeres en la Argentina y en el Caribe mexicano.
La Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó un planteo de prescripción interpuesto por la defensa, ya que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que la causa no tenía esa condición, porque podría configurarse una figura “más gravosa” como la trata de personas con explotación consumada. Recurrida la decisión, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que no existía arbitrariedad en la medida, y, una vez presentado por la defensa el caso ante la Corte Suprema, los ministros de la misma, por unanimidad, desestimaron la petición.
El actual director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, había expresado en 2019: “La jueza federal María Romilda Servini lleva adelante junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y La Alameda, una investigación que inició la Alameda en el año 2012. La titular del juzgado federal Nº 1 había decretado el procesamiento y detención de Martins y parte de su banda que luego fue confirmada por la Cámara Federal. Desde el momento mismo de la denuncia, la Fundación Alameda logró aportar información precisa sobre el funcionamiento de la red criminal internacional que Martins tejió desde principios de los años 90, tanto en Argentina como en México”.
Vera también recordó que “‘Brut’ era un narco-prostíbulo, propiedad de Raúl Martins, ubicado a pocos metros del cementerio de la Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires, donde miembros de La Alameda lograron encontrar y rescatar a una menor de edad colombiana que era explotada sexualmente por parte de Raúl Martins y su banda. Si bien la causa se encontró archivada desde un comienzo, el trabajo de la fundación le permitió constituirse como querellante y reabrir la causa contra Martins y sus laderos criminales”.
En ocasión de su detención, el director del Comité había afirmado: “La investigación no solo fue por la explotación sexual y trata de personas sino que también se aportó información a la causa sobre el lavado de dinero que la banda criminal de Martins realizó. Se descubrieron propiedades en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, empresas fantasmas que sirvieron como tapadera para la habilitación municipal de prostíbulos en toda la Ciudad de Buenos Aires y la creación de otras empresas más dedicadas a encubrir el dinero. En los meses previos a que la jueza María Romilda Servini de Cubría ordene la detención, la PROTEX y la Alameda ampliaron la información ante el juzgado sobre las ultimas maniobras realizadas por “el clan Martins” para continuar con el lavado de dinero. Luego de que la Cámara Federal confirmara el pedido de detención internacional y el embargo de 10 millones de pesos que pesa sobre Martins, la INTERPOL emitió una alerta roja sobre él y la detención no se hizo esperar demasiado”.
A casi tres años de su detención, la Dirección del Comité de Lucha contra la Trata expresó su beneplácito con la reciente decisión de la Corte y pidió por su pronta extradición para ser juzgado en la Argentina.