Mientras se esperaba la elección del sucesor de nuestro querido Papa Francisco, que tanto hizo por los descartados y particularmente por las víctimas de trata y explotación, fuimos testigos absortos de las palabras del Presidente Milei quien negó la existencia de la explotación laboral.
Al exponer en el 11 Latam Economic Forum 2025, sostuvo que: “Lo que hay que entender es que, si el dinero es un bien de intercambio indirecto, quiere decir que ustedes lo demandan porque sirve para comprar otros bienes. Por ejemplo: ustedes le venden trabajo, a su empleador, a cambio de pesos para -con esos pesos- comprar otros bienes”, agregando luego que: “ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la Teoría de la Explotación”, para concluir su extraña explicación diciendo que: “sólo por plantear la discusión de una manera distinta, hace que se termine con la teoría de la explotación, salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios. Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo”.
El razonamiento que hace el presidente Milei carece de toda lógica y contradice abultada bibliografía al respecto, incluso tomando distintos prismas ideológicos. Si consideramos, muy sintética y simplificadamente, lo que plantea Marx en El Capital (1867) sostiene que en una economía capitalista el trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario. A su vez, este salario representa el valor de los medios necesarios para que el trabajador subsista. Siguiendo con este razonamiento, el trabajador, durante su jornada laboral, produce un valor mayor que el de su salario. Esa diferencia es lo que Marx llama plusvalía, la plusvalía es apropiada por el capitalista, sin remuneración adicional para el trabajador, y constituye el beneficio del capitalista. En síntesis, el concepto de explotación en el capital de Marx no se refiere estrictamente a condiciones laborales, sino a una relación estructural en la que el trabajador no recibe el valor completo de lo que produce, y esa diferencia sustenta la acumulación capitalista.
Si tomamos alguno de los criterios que toma la doctrina social de la iglesia en la encíclica Rerum Novarum (1891), establece una serie de principios que, con mínimas modificaciones, rigen hasta el día de hoy, por ejemplo: el trabajo no es solo un medio para subsistir, sino una actividad que dignifica a la persona; el obrero no debe ser tratado como una mercancía; el trabajador debe recibir un salario suficiente para mantenerse a sí mismo y a su familia con dignidad. Rechazando los sueldos de mera subsistencia; condena las jornadas extenuantes y aboga por el descanso dominical y una duración del trabajo humana, que respete la salud y el tiempo de la familia; critica especialmente la explotación de mujeres y niños, y pide protección legal para ellos, incluso sostiene que el Estado tiene el deber de proteger a los trabajadores mediante leyes que regulen condiciones laborales, garanticen justicia y eviten abusos del capital.
Estos principios también son tomados y sistematizados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que al día de hoy toma tres parámetros para diferenciar la simple irregularidad laboral de la explotación:
Salario, no puede estar por debajo del SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil). Jornada laboral, la jornada no puede superar el máximo legal permitido.
Contexto, las condiciones en las que se desarrolla la actividad del trabajador o trabajadora no pueden ser indignas.
El mensaje del Presidente se enmarca en un sostenido proceso de desmantelamiento de las políticas públicas para prevenir, erradicar y perseguir las distintas formas de trata y explotación.
Desde diciembre del 2023 en nuestro país se observa y desde la Alameda denunciamos, el desfinanciamiento y luego suspensión de programas de asistencias de corto, mediano y largo plazo, poniendo fin a políticas públicas que habían sido sostenidas por gobiernos de distinto signo político. Con respecto a la asistencia económica directa, fueron eliminados programas como el “Potenciar Trabajo”, “Programa Acompañar” o “Ayuda Urgente”, no solo no hay nuevos ingresos, las sumas de quienes lo perciben no se actualizan desde diciembre del 2023; paralización del programa de entrega de soluciones habitacionales para personas damnificadas por el delito de trata y sus familias, dejando incluso viviendas en construcción paralizadas; suspensión del Programa Reparar que, en el marco del ex Ministerio de Trabajo, logró la formación e inserción laboral de víctimas de trata. Asimismo, fue desmantelado casi en su totalidad el despliegue territorial del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, al despedir a sus delegados y delegadas y mantener algunas mesas interinstitucionales solo en lo formal, pero sin injerencia real en el territorio, tampoco se está cumpliendo siquiera con las reuniones regulares de los organismos que integran el Comité Ejecutivo, recordando asimismo que el año pasado fue eliminado el Fondo Fiduciario de reparación económica bajo la escueta excusa de “falta de transparencia”.
En el mismo sentido, no se ejecutan ninguno de los convenios de cooperación, sensibilización y difusión oportunamente suscriptos para trabajar temas de trata y delitos conexos con universidades, colegios de profesionales, cámaras empresariales. Tampoco se realizan actividades mínimas de difusión, llegando al ridículo de enviar calcos recortados de la gestión anterior y desperdiciando la difusión masiva que, por ejemplo, proponía realizar la AFA en partidos de distintas divisiones y que tuvo muy buenos resultados en el 2023.
Debe considerarse, asimismo, que este tipo de declaraciones se dan en un momento de crisis económica en la que además se da una situación inédita en la historia reciente de nuestro país, hoy tenemos un salario mínimo vital y móvil ($ 302.600) que está por debajo de la línea de indigencia, ya que de acuerdo a los datos del INDEC, se necesitan $ 495.616 para no caer en la indigencia y $ 1.100.267 para no ser pobre. De esta forma es claro que se habilita a pagar salarios de indigencia sin que esto constituya un delito. Esto sin contar con que el Ministerio de Trabajo no se ocupa, ni preocupa por más de la mitad de la población económicamente activa trabajando de manera precaria, sin convenio colectivo y sin ningún tipo de derecho laboral donde en muchos casos estamos ante la presencia de trabajo forzado o reducción a la servidumbre.
Como si el cuadro de situación no fuera lo suficientemente grave, en el día de hoy a través de la Resolución CNV 1066/25 se continúa con el proceso que busca eliminar las indemnizaciones, omitiendo al Congreso, a las organizaciones sindicales y sin ningún tipo de debate de cara a la sociedad. Con esta resolución se crea un “Fondo de cese laboral” que se constituye a partir de los aportes patronales, manejado por entidades privadas y con una mínima injerencia laboral. En sencillo: se busca reemplazar la indemnización que establece la Ley de Contrato de Trabajo por un instrumento financiero que, como tal, queda expuesto a devaluación, inflación o mala gestión, siendo los riesgos asumidos por los trabajadores y trabajadoras. Este modelo busca imitar lo que padecen hace décadas los trabajadores en Chile.
En nuestro país, los últimos números informados por el propio estado nacional, a través del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia contradicen al propio presidente, dando cuenta que solo en 2024 se rescataron 1372 personas víctimas de trata y explotación, mientras que hasta abril del presente año, el propio Ministerio de justicia informa que fueron 150 personas las personas rescatadas. A nivel mundial, el Informe Mundial sobre Trata de Personas que realiza la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) cada dos años reporta la situación global. En sus últimas dos publicaciones, 2022 y 2024 respectivamente, registró un aumento significativo y sostenido de la trata con fines de explotación laboral, el trabajo forzoso y la explotación infantil. En el año 2022 de detalló que por primera vez la trata de personas con fines de explotación laboral (38.8%) casi equipara a la trata con fines de explotación sexual (38.7%) y también un aumento de la trata mixta, que abarca ambas modalidades (10.3%).
Desde la Fundación Alameda, abordamos el fenómeno de la trata y explotación en todas sus modalidades, siendo prácticamente la única organización de la sociedad civil que abarca las distintas formas de explotación laboral. En este sentido, y con más de 23 años de trayectoria acompañando a víctimas y familiares de víctimas, repudiamos las irresponsables palabras del presidente y exigimos políticas públicas estatales que prevengan, persigan y asistan a las víctimas en cumplimiento de los compromisos internacionales a los que adhiere nuestro país.
