Ante la insólita construcción de una plaza en parte del Cementerio de la Chacarita es que el legislador porteño Bien Común, Gustavo Vera, elevó un pedido de informes al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que nunca respondió.
La estrategia del oficialismo y de la fuerza que encabeza Graciela Ocaña fue diluir la norma solicitada por Vera en un pedido de informes de todos los cementerios.
De esa forma no quedaba en evidencia la infracción que comete el Gobierno porteño en la Chacarita
UNA OBRA ILEGAL DENTRO DE UN CEMENTERIO
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño inició las obras, tras derrumbar parte de los muros del cementerio, y lo inauguró a principios de enero de este año como Parque Elcano.
Sin embargo, la construcción fue ilegal porque infringió varios aspectos legales y de salud, ya que en el marco de la plaza se construyó una pista pequeña para caminar o hacer ejercicios al lado del crematorio del cementerio.
El pedido de informe presentado por Vera contó con el respaldo de la ONG Basta de Demoler, vecinos de la zona, representantes del Sindicato Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina área Capital Federal, integrantes de la Comuna 15 e historiadores del barrio.
El predio del cementerio de la Chacarita “tiene, según el Código de Planeamiento Urbano (CPU), una zonificación E4, que es específica para eso, por lo que nada tiene que ver con lo marcado para la zonificación del Uso Público del CPU”. Por lo tanto, está apto para ser cementerio, pero no para que haya una plaza.
Asimismo, las personas que intervinieron en la reunión remarcaron “el profundo dolor y la tristeza” que les generó a aquellos familiares que tuvieron que retirar los restos de sus seres queridos de manera compulsiva para llevar a cabo esa obra impulsada por el gobierno porteño.
En ese sentido, se indicó que esas obras se realizaron “presuntamente sin los permisos ni las obligaciones que ella marca, sal tiempo que “no cuenta con ningún cartel de obra obligatorio según el Código de Edificación de la Ciudad”.
Además, se explicó que “para la modificación del uso de un terreno en la Capital Federal es preciso la aprobación de una ley de mayoría especial de 31 votos, según lo establecido por el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad, que a su vez, según establece el artículo 90, se debe contar con una audiencia publica”.
“Ninguno de estos trámites fueron realizados por el Gobierno porteño al momento de encarar esta obra ilegal.