Paralizada la causa contra 106 marcas textiles acusadas por trabajo esclavo

Una megacausa contra 106 marcas de ropa de primera línea acusadas de tercerizar la producción en talleres clandestinos, de ser copartícipes, y en algunos casos, responsables directas de trata de personas, reducción a la servidumbre y evasión impositiva, entre otros delitos, permanece estática en la justicia pese a las numerosas pruebas reunidas sobre los delitos.

A ocho años de la primera denuncia a un taller textil clandestino, no hubo “ni un solo juicio oral y por lo tanto ni un solo condenado”, aseguró a Tiempo Argentino Lucas Schaerer, referente de la organización civil La Alameda.

La extensa lista de denunciados sorprende por la fama de los nombres que la componen, por ejemplo Adidas, Puma, Vitamina o Awada, perteneciente a la primera dama porteña, Juliana Awada. Además, existen denuncias contra diseñadores “top” como Jorge Ibáñez, Laurencio Adot y Benito Fernández.

La megacausa está en la justicia federal, pero llamativamente “no avanza”. Schaerer contó que las denuncias empezaron en 2005, con el caso de Juan Carlos Salazar Nina, dueño de un taller clandestino. Entonces, por primera vez los costureros salieron de un taller e hicieron denuncias “sin saber que detrás de ellos estaban las grandes marcas”, recordó el referente de La Alameda.

Este año los tiempos indican que debería realizarse el juicio contra Salazar Nina, quien pese a las denuncias, las pruebas reunidas y la cantidad de testigos en su contra sigue en el negocio de la producción textil ilegal. Hoy regentea un nuevo taller textil clandestino en un predio cuyos fondos limitan con los de la Comisaría 40º en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada: “El patio del taller da al patio de la comisaría”, graficó Schaerer.

El delito de base, explicó la fuente, es la violación sistemática de la Ley de Trabajo Domiciliario. Esa normativa determina que al descubrirse un taller de tales características corresponde proceder a la incautación de la maquinaria, las materias primas y los productos necesarios para montar la producción. Sin la incautación, los talleristas simplemente mudan el taller y continúan con la explotación. “Hubo un solo caso de decomiso” en el que la maquinaria de alto nivel incautada en un taller en Parque Patricios fue cedida al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y hoy es el motor de un centro demostrativo de indumentaria.

Luego del caso Salazar Nina, carátula de la megacausa, siguieron denuncias penales contra nombres importantes del mercado local e internacional como la especializada en ropa deportiva Montaigne; la fábrica de camperas Lacar, ahora en manos de los trabajadores;  y Rustique.

Luego fue el caso de marcas como Kosiuko (que tiene sucursales en el exterior) y Soho.

El año 2006 fue clave. Un incendio en un taller clandestino de la calle Luis Viale al 1200, en el barrio de Caballito, terminó con la vida de al menos seis personas. Con la referencia cercana de Cromañón, el Ejecutivo porteño, a cargo de Jorge Telerman, impulsó un proceso que terminó con 30 denuncias. Pero el compromiso fue corto: con la victoria de Mauricio Macri las investigaciones se congelaron. Hoy, la propia mujer de Macri es propietaria de una de las 106 empresas procesadas.

La reconocida marca de ropa para niños Cheeky, propiedad de Awada, comparte lugar en la indeseable lista con otras compañías como Nasa, Graciela Naum, Topper, Gabucci, Chocolate, Cheeky, Fila y Le Coq Sportif. Con Naum también compartió la preferencia de la futura reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, cuyos hijos vistieron la marca de la primera dama local. Hasta que estalló el escándalo. Los top designers Adot, Ibáñez y Fernández cargan denuncias de encargar sus costosos productos a talleres de la localidad bonaerense de Avellaneda.

Los últimos casos informados a la justicia involucran a Montaigne y Soho. Al impulso de La Alameda se sumó en este caso el del secretario de Derechos Humanos de la CGT  moyanista, Julio Piumato. Montaigne carga sobre sus espaldas además con la muerte de dos costureros del taller clandestino en el que tercerizaba sus productos. Los hombres de nacionalidad boliviana murieron en un accidente de tránsito cuando eran trasladados por sus empleadores.

El caso de Soho es el más reciente. Además de trabajo esclavo, la empresa está denunciada por intento de vaciamiento y tiene una deuda de $ 120 millones por operaciones con cheques sin fondo. Los denunciantes también señalan vínculos con otras redes, entre ellas de explotación sexual. Schaerer cuenta que el de Soho es un caso paradigmático. “Los trabajadores organizados tomaron la fábrica varias veces y en su momento la causa avanzó bien, hasta que en las indagatorias el juez (Norberto) Oyarbide sobreseyó a los comprometidos con el argumento de que la esclavitud es cultural” entre los bolivianos.

Con diferencias muy puntuales, las 106 marcas denunciadas en la  justicia federal afrontan cargos por violación de la ley de trabajo domiciliario; trata de personas; reducción a la servidumbre; trabajo esclavo; trabajo infantil; informalidad laboral; y evasión impositiva.

Concretamente, al vivir en el propio taller en el que trabajan, la movilidad de los trabajadores está sujeta a la voluntad del dueño. Los costureros trabajan de lunes a sábado durante jornadas interminables y no tienen permiso para salir del taller, salvo custodiados por dueños o funcionarios de los talleres. Las salidas suele limitarse a los parques de la zona o a bares de mala muerte, donde el ahogo de las penas está a la orden del día.

Otro problema es el empleo de mano de obra infantil. En Bolivia está aceptado legalmente que los menores pueden trasladarse fronteras afuera si está acompañado por dos testigos. En virtud de esa disposición, a la Argentina llegaron más de 10 mil chicos desde Bolivia para trabajar en Buenos Aires y alrededores, indicó Schaerer. En Córdoba sucede un fenómeno similar con ciudadanos peruanos.

El referente de La Alameda enfatizó que la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que agrupa a las empresas denunciadas, “reconoció que el 78% de la industria produce en la ilegalidad”, lo que coincide con las denuncias de la megacausa: “Hay tantas marcas procesadas porque todo o casi todo se confecciona talleres clandestinos”, afirmó.

Para La Alameda la responsabilidad del gobierno porteño es evidente: los talleres violan leyes laborales nacionales y municipales. En juego con eso, las violaciones involucran a la Policía Federal, a la AFIP, a la justicia, según consideraron en la organización civil. “Este gobierno de Macri –remarcaron– no siguió con la políticas del gobierno anterior de denunciar y el caso patente es el de su esposa”, informó. Sobre la empresa de Juliana Awada pesan nada menos que cuatro denuncias.

Lo más común es que las marcas utilicen los talleres para tercerizar la fabricación, pero muchas veces los talleres pertenecen efectivamente a las grandes compañías. “Cheeky –empresa de la mujer de Macri– puso plata directamente para que se pusieran los talleres; y lo sabemos por declaraciones del gerente general de la empresa”, aseguró Schaerer.

En cualquier caso, la relación que une a las partes es muy estrecha; las grandes marcas viven de los esclavizadores. Para la ley, por ejemplo, corresponde que la empresa que regentea la marca se haga cargo de una deuda, si el tallerista declara que no tiene dinero para afrontarla. La Alameda y su brazo gremial, la Unión de Trabajadores Costureros, lamentan que pese a todo todavía no haya condenas efectivas “ni por violar la ley de trabajo ni por reducción a la servidumbre”, aun cuando destacan alguna detención por trata de personas. De todos los empresarios involucrados, ninguno fue detenido desde 2005 en adelante.A pesar de que se calcula que el caso Salazar Nina iría a juicio oral este año, “en general no avanza ninguno de los juicios”. Salazar Nina es apenas un tallerista. “Con todas las causas pasa lo mismo: contra Soho hay muchos elementos; contra Montaigne y Kosiuko también, pero no pasa nada. Ni un solo juicio oral”, concluyó Schaerer.