Este lunes 17 de octubre a las 10.30 hs en el ingreso a los tribunales federales de la avenida Comodoro Py en el barrio de Retiro, la Alameda realizará un acto en apoyo a las indagatorias dispuestas por el Juzgado Federal de Julian Ercolini y pedidas por el fiscal Cearras a los principales directivos de la marca Kosiuko, acusados de basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo.
Desde el 12 al 17 de octubre fueron citados a indagatoria el presidente de la firma Aníbal Terra, el dueño de la marca, Federico Bonomi, el gerente general y apoderado de Bonomi, Marcelo Gallardo a estos tribunales. Están acusados de haber subcontratado talleres clandestinos en los que se acreditó reducción a la servidumbre de trabajadores migrantes, mediante intermediarios que hacían de “pantalla” para engañar a los inspectores del Estado.
Las indagatorias a los dueños de Kosiuko se hacen conforme a lo que establece la Ley de Trabajo a Domicilio que hace penalmente responsable a los dadores de trabajo de las condiciones en que trabajan los costureros en los talleres que confeccionan para esa marca.
Hasta ahora la justicia federal se negaba a aplicar este criterio con la excepción de un fallo del Juez Federal Sergio Torres y de una indagatoria anterior a los dueños de la marca SOHO. En los tribunales suelen dejar impunes a las marcas por sus talleres esclavos. El propio Juez Ercolini pretendió dictar la falta de mérito en la causa y fue nuestra apelación y la intervención de la Cámara Federal, sala I, la que garantizó junto con el fiscal los pedidos de indagatoria.
La Alameda respalda estas indagatorias y exige el procesamiento de los directivos de Kosiuko a los que denunciamos penalmente en el 2006 y en el 2009 por basar su producción deliberadamente en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Esperamos que este paso crucial establezca un precedente para la megacausa que el propio Juez Ercolini tramita en su juzgado en la cual hay más de cien marcas denunciadas por usar los mismos métodos esclavistas de Kosiuko.
Durante el acto y simbólicamente se crucificará un costurero en clara señal de que hasta ahora las marcas salen impunes y los costureros son sacrificados en el altar del trabajo esclavo.
Adjuntamos informe completo de la causa Kosiuko.
CONTACTO: Gustavo Vera 15 6158 4835 / 4115-5071
Artículo publicado en el semanario Noticias Urbanas:
El dueño de la empresa, Federico Bonomi, y dos directivos fueron citados a indagatoria, acusados de usar talleres clandestinos. Por primera vez, la Justicia avanza sobre los barones de la moda. El caso puede arrastrar a un centenar de empresas de ropa y sus propietarios.
Por Lucas Schaerer
“Unite a nosotros.” Ese es el lema de la marca de ropa Kosiuko, que oculta una realidad ligada a durísimas denuncias y pruebas de sometimiento a esclavitud laboral. Por años, la coartada fue ese llamado a la unión entre el consumidor de shopping y la marca fashion. Las marquesinas que muestran el símbolo oriental, una letra japonesa, eran la clave para que el dueño de Kosiuko, Federico Bonomi, y su entonces socia y esposa, Cynthia Kern, alcanzaran una millonaria facturación. El prestigio por la marca exitosa y las abultadas cuentas en el banco se quebró cuando un cura, un rabino, una organización social, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y un ex funcionario porteño se comprometieron con los costureros que se animaron a revelar el oscuro sistema de trabajo utilizado para confeccionar la producción de los famosos jeans de tiro bajo.La piedra que viene a complicar la maquinaria explotadora de la moda es el dictamen del fiscal federal Carlos Cearras, dado a conocer por primera vez en este artículo. La resolución del fiscal Cearras para llamar a declaración indagatoria a Bonomi y a dos de sus laderos más destacados fue avalada por el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la megacausa por el sistema neoesclavista de producción que involucra a un centenar de grandes marcas. Por la documentación a la que accedió Noticias Urbanas, Cearras considera que el gerente general de Kosiuko, Marcelo Gallardo, que este miércoles 12 declaró, y Aníbal Terra, el presidente de Kowsef SA, nombre de la empresa propietaria de la marca Kosiuko –llamado a declarar este jueves 13– conocen al detalle la explotación de costureros de nacionalidad boliviana sometidos en un taller clandestino del barrio de Flores. Para lo último, el próximo lunes 17, Ercolini se guardó al fundador de Kosiuko, Bonomi, el publicista que jura haber iniciado su empresa con solo 700 pesos que ganó en un casino de Punta del Este. Las pruebas y el aval de la Cámara de Apelaciones a profundizar la investigación determinaron que por primera vez la Justicia resquebrajara el pacto de impunidad que protegía a Kosiuko y siente en el banquillo de los acusados a los capos de la moda. El fiscal Cearras y el juez Ercolini analizaron las pruebas aportadas por la Defensoría del Pueblo porteña, a cargo de Alicia Pierini y la fundación La Alameda, que preside Gustavo Vera, la cual en 2009 logró que cayera el primer eslabón de la cadena que esclavizaba a los costureros en el taller ilegal de la calle Crisóstomo Álvarez 3914: los capataces Walter Moya (prófugo de la Justicia) y Andrea Reparaz Fiori.
Las evidencias que permitieron la convocatoria a indagatoria a los directivos de Kowsef SA y al propietario de la marca no solo fueron las declaraciones de los costureros victimizados, OMM y CPM (se dan las iniciales por ser testigos de identidad reservada), hizo falta que avalaran el relato de los trabajadores inmigrantes dos religiosos. Mario Videla, sacerdote católico entonces a cargo del Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires y Damián Karo, rabino integrante de la Fundación Judaica que preside el hoy electo legislador Sergio Bergman. La segunda causa contra Kosiuko se inició, de manera paradójica, a partir de una acción de la propia empresa. Después de ser denunciada por presunto trabajo esclavo por La Alameda en el año 2006 junto con la Subsecretaría de Trabajo porteña, los responsables de la empresa Kowsef SA le propusieron a la organización referente en la lucha contra la esclavitud que monitorearan su producción de prendas para certificar que no producía prendas sometiendo a la servidumbre a los costureros. La Alameda aceptó, pero con la condición de que en ese proceso participaran además un sacerdote católico y un rabino, teniendo a los templos religiosos como los espacios de reunión. De los primeros encuentros participó el propio responsable de la empresa de indumentaria, Federico Bonomi, acompañado por un directivo de una asociación civil y un cura de su confianza. Estos encuentros comenzaron en octubre de 2008. En enero de 2009, una pareja de inmigrantes bolivianos denunció en La Alameda que habían sido despedidos de un taller del barrio de Parque Avellaneda, donde trabajaban bajo un régimen de reducción a la servidumbre (más de 12 horas, viviendo en el taller) y sin documentos de identidad para confeccionar prendas que llevaban las etiquetas de Kosiuko. Ese taller era el de Crisóstomo Álvarez 3914.La empresa negó entonces toda relación con ese taller. En una nueva reunión, a la que no acudió Bonomi sino el gerente general de la empresa, Marcelo Gallardo, los trabajadores relataron que recibían las telas para confeccionar y que las prendas eran retiradas por una mujer, a la que conocían como Andrea, de la firma Miyagawa. Y exhibieron etiquetas de Kosiuko con el número 14, con el que identificaban el taller donde se confeccionaban las prendas, para casos de reclamos.Tras escuchar ese testimonio, en la reunión que se realizó dentro de la sinagoga de la calle Paso, en el barrio de Once, el gerente general se comunicó con la empresa para preguntar si en el taller identificado con el número 14 se habían encargado camperas, como habían dicho los trabajadores. “Recibió una respuesta afirmativa”, testificó al juez el sacerdote Mario Videla, quien había estado presente en la reunión.En la causa quedó acreditado que en ese taller “las personas eran sometidas a prolongadísimas jornadas laborales que se extendían desde las 7.00 a las 22.30, dormían en el lugar de trabajo en muy malas condiciones de salubridad, lugar del que no podían entrar y/o salir con libertad” y donde “el pago era muy por debajo del convenio legal vigente”.El juez federal Ercolini citó a indagatoria a Walter Moya, el titular del taller, y a la presunta intermediaria, Andrea Reparaz Fiori. El primero no pudo ser localizado, mientras que Reparaz Fiori argumentó que solo concurría al taller a dejar retazos de tela que le sobraban. El juez, entonces, le dictó la falta de mérito, en marzo de 2010, pero tuvo que cambiar su postura por determinación de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero –Eduardo Freiler, el tercer integrante, estaba en uso de licencia–, quienes avalaron los argumentos de la apelación del fiscal federal Jorge Di Lello y el abogado de La Alameda, Rodolfo Yanzón. Los camaristas aseveraron que “no admite discusión que entre fines de 2005 y principios de 2009 existió un vínculo laboral entre Reparaz Fiori y la forma Kowsef SA, usufructuaria de la marca Kosiuko”. Dada la orden, el magistrado de primera instancia avanzó. Las otras pruebas para la indagatoria a los empresarios son la cámara oculta en el taller clandestino de Crisóstomo Álvarez, las etiquetas aportadas por los denunciantes y las constancias recolectadas en los allanamientos a la sede central de Kosiuko –ubicada en el partido bonaerense de Martínez, en la calle Dardo Rocha 50–; el inmueble donde se constituye Kowsef SA, Santa Fe 1725, local propiedad de la marca en Recoleta, y el taller textil clandestino en Parque Avellaneda. También se incorporaron fotocopias del expediente 34.110/0 del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 porteño, constancias de la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Inspección Federal e informes de la Dirección Nacional de Migraciones. Además de cuatro testimoniales. En cuanto al peritaje de las etiquetas exigido por la Cámara Federal, la División Scopometría (documentología), dependiente de la Superintendecia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina, no pudo afirmar su falsedad ni descartó que hayan sido provistas al taller ilegal y por la firma que comercializa la marca. De todas maneras, “la autenticidad y pertenencia ya había sido reconocida por los representantes de la firma”, aseguró a este medio el abogado querellante, Rodolfo Yanzón.Todo las pruebas arrojaron como conclusión la necesidad de citar como imputados a Terra, el presidente; a Bonomi como dueño y responsable, y a Gallardo como representante y gerente general, por comercializar hasta la actualidad la marca Kosiuko, disponer su confección y tercerizar su producción en talleres de costura, los que, a su vez, tienen trabajadores en condiciones irregulares. La relación fabricantes/responsables de la marca, talleristas y trabajadores se rige por una ley que se pretendía dejar en el olvido (ver recuadro “La ley que jaquea a esclavistas”). 
La exigencia de aplicar la Ley de Trabajo a Domicilio fue impulsada por la fundación La Alameda. Esta prevé en sus artículos como en su reglamentación todo un conjunto de obligaciones penales y laborales tendientes a evitar abusos y la explotación de la parte más débil, es decir, del trabajador. “La Justicia corroboró que el propósito de los imputados fue burlar las disposiciones vigentes para maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los de convenio, desconociendo lo relativo al régimen de trabajo de menores y mujeres, excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de higiene y seguridad laboral”, afirmó Mario Ganora, abogado de la Defensoría del Pueblo.En la causa quedó acreditada la existencia de un taller textil no habilitado, contratado por Reparaz Fiori y subcontratado por Kosiuko, que funcionó al margen de toda normativa legal y sin ningún respeto por las obligaciones de registración de los operarios, del pago de salarios, de los aportes por seguridad social y demás derechos laborales.“Los damnificados ingresaron en el país ilegalmente para que otros se beneficien con la explotación de su trabajo, y en lo que respecta a los aquí imputados, habrían promovido y/o facilitado su permanencia ilegal mediante su ocultación en su establecimiento. En fin, sometieron al régimen de servidumbre a diferentes personas, entre las que se encuentran los testigos de identidad reservada. Para lograrlo sin ser descubiertos por los órganos de control suministraron información falsa a la autoridad competente (esto es a la Subsecretaría de Trabajo a cargo de Alejandro Pereyra y de la Nación) respecto de sus proveedores y talleres de costura, para ocultar ciertos aspectos y situaciones en las que se encontraban los talleres y los trabajadores”, escribió el fiscal federal Carlos Cearras en el requerimiento a indagatoria al que accedió Noticias Urbanas y que hace desfilar a los empresarios por las escalinatas de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py.