Artículo escrito por Rodolfo Yanzon, abogado de la Fundación Alameda y patrocinante en causas de violación a los derechos humanos en la última dictadura. La siguiente nota de opinión fue publicada hoy en el diario Tiempo Argentino:
http://tiempo.elargentino.com/notas/combate-actividad-ilegal-y-proteccion-las-victimas
“Mediante la legislación sobre trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, se debe buscar combatir la actividad ilegal y rescatar y proteger a las víctimas, que en muchas ocasiones se encuentran junto a sus familias en situaciones inhumanas. La legislación penal fija penas de prisión para los que intervienen en el delito, pero no establece herramientas para que el Estado decomise los bienes utilizados para el crimen, tal como en su oportunidad dispuso el juez federal Sergio Torres sobre las máquinas de un taller textil. Otro punto que debe modificarse es el que exige que la víctima mayor de edad no preste su consentimiento, porque la extrema vulnerabilidad por ausencia de libertad afecta la voluntad y el discernimiento. Es un elemento inherente a la trata. Por lo tanto, la ley no puede exigir que no haya consentimiento, cuando la víctima está impedida de darlo. Otro punto en el que debe trabajarse es la protección a los testigos que padecieron la trata. Si las personas no reciben una contención integral no podrán estar en condiciones de declarar con la libertad que el acto del testimonio necesita. En muchos procesos se ha visto que los testigos tienen miedo de sufrir represalias, pero mucho más de no poder liberarse del sistema de trata, de que el Estado termine citándolo como testigo pero que se desinterese de él como persona, con lo cual esa víctima termina tolerando la trata y la servidumbre, porque en su horizonte sólo ve un abismo que ni siquiera le garantiza un lugar donde pasar la noche.
Un anuncio promisorio fue el que dio la presidenta de la Nación al dictar el decreto prohibiendo la promoción de lugares destinados al ofrecimiento de sexo, vehículos funcionales para la trata. Esta auspiciosa medida debería ampliarse a la trata de personas con fines de explotación laboral, porque existen redes que trascienden las fronteras de los Estados (como ejemplo, los dueños de los talleres textiles reclutan a las víctimas mediante avisos en Bolivia), por la informalidad en las relaciones laborales y por la falta de controles estatales, que afecta a peones de campo, albañiles, costureros, entre otros, junto a sus familias, también ligadas al sistema de servidumbre, muchas veces agravado por la condición de migrantes de las víctimas.
En el decreto se establece la necesidad de remover patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, y pone énfasis en las distintas manifestaciones que hacen a la violencia contra la mujer, entre las que señala la violencia mediática, como la publicación o difusión de mensajes o imágenes estereotipados a través de medios masivos de comunicación promoviendo la explotación de mujeres. Ello se debe conjugar con la obligación de los medios de promover la defensa de la persona humana y el respeto a derechos esenciales, especialmente los de los niños. En este aspecto, el gobierno nacional debe emprender una campaña para cerrar en forma definitiva las denominadas “casitas” de Río Gallegos, un caldo de cultivo inmejorable para fomentar crímenes como la trata de personas, y que ha contado con la cobertura de dirigentes políticos y policiales, y que se sostiene con justificaciones cavernícolas, tales como la necesidad masculina de descargar sus fluidos en forma periódica.
Hay dos aspectos sobre los que hay que prestar mayor atención: la existencia de organizaciones mafiosas que involucran a varios Estados, y la amplia cobertura y complicidad que tienen de distintas oficinas estatales, sobre todo de aquellas que deben controlar y reprimir la actividad ilegal, como sucedió con altos miembros de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, comprometidos con el crimen, o con el cónsul boliviano durante la gestión anterior a Evo Morales, que actuó para mantener la condición de trata sobre sus conciudadanos en la Argentina. Si bien la trata de personas es un delito de competencia federal, porque interesa en forma directa al Estado Nacional, es necesario lograr la participación, colaboración e integración de cada una de las provincias y también de los municipios. Como muchas víctimas son reclutadas en otros países, será necesario concertar políticas con los Estados de la región para monitorear la actividad de estas mafias, y sus avisos públicos. Un relevamiento e intercambio de esta información permitirá prevenir e investigar estos crímenes con mejores herramientas. El Mercosur puede ser un ámbito idóneo para debatir esta temática.
Cabe preguntarse qué sucede con aquellos avisos bajo los que se esconde la actividad de trata de personas con fines laborales, no previstos en el decreto. Será vital que se incluya entre las funciones de la recién creada Oficina de Monitoreo de publicación de avisos, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que coordinará su actuación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las víctimas. Sólo una efectiva asistencia que permita a las víctimas y a sus familias no estar en situación de vulnerabilidad evitará que caigan nuevamente bajo las redes de trata. El Estado debe afrontar el compromiso de garantizar vivienda, asistencia social y trabajo, a la vez que educación y esparcimiento para niños y niñas víctimas de trata, tal como se ha constatado en granjas avícolas, en plantaciones de ajo, entre otros rubros, con extremos riesgos a su salud. El gran desafío es recuperar en la víctima no sólo al testigo sino fundamentalmente a la persona, titular de derechos y garantías. Si el Estado los reconoce, la lucha irá por buen camino”.