El juez Carlos Bentolini y el fiscal Walter López impulsan la condena de militantes, docentes y vecinos que convirtieron un local abandonado en centro cultural y comedor cartonero.
Por Lucas Schaerer
En el primer piso, sala 8, de la sede judicial en la calle Tacuarí al 100 se desarrolló este viernes, poco después de las 11, una audiencia por la causa del desalojo del centro cultural y comedor comunitario del barrio de Almagro sucedido el 12 de agosto de 2009, que terminó en una feroz represión de la Policía Federal en plena avenida Medrano al 400.
El juez Carlos Bentolini, quien intentó desligarse de la causa, dirigió la audiencia otorgando la palabra a los abogados defensores, y el fiscal Walter López es quien a lo largo del proceso se mantuvo inflexible para aceptar nulidades o recusaciones que archiven la causa y termine en un sobresimiento de los 21 imputados, entre ellos militantes, docentes y vecinos.
Los abogados defensores, que alcanzan a un total de seis, argumentaron el vencimiento de la etapa de investigación preeliminar penal, que debe alcanzar los tres meses con una prorroga de cinco días. El fiscal López retrucó que ese plazo empieza con la toma de la primera indagatoria, y no con las detenciones como argumentaron los abogados.
“El día que fui detenido me informaron los cargos. Desde ese momento es que empieza a correr la etapa de investigación de mi persona. Existen varios fallos judiciales que así lo sostienen hasta la propia fiscal de Cámara, Sandra Guagnino”, expresó Alvaro Huñi que integraba el equipo de apoyo escolar para los chicos del barrio de Almagro y los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Otro de los argumentos para archivar la causa por usurpación y resistencia a la autoridad, que lleva más de un año y medio, es el rechazo del fiscal López a admitir los testigos ofrecidos por los abogadores defensores.
“El fiscal no miró la Constitución, ni el código penal, sí la bola de cristal. Porque supo de antemano que ninguno de los testigos iba a ser útil para conocer la verdad”, sostuvo en la audiencia el abogado Omar Dib, quien añadió “más preocupante si esta arbitrariedad lo avala un juez”.
El magistrado con un tono de voz alto para la pequeña sala de audiencias no hizo lugar a ninguno de los pedidos de los abogados y en eso coincide con el fiscal. Por lo que los legisladores de diversos partidos, dirigentes sindicales como Julio Piumato, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, el defensor General Mario Kestelboim y una amplia cantidad de organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos hablan de la criminalización del compromiso social con los sectores más pobres de la ciudad.
La audiencia finalizó con el acuerdo de todas las partes en aceptar toda la prueba que será presentada en el juicio oral.
En uno de los vídeos horas previas al desalojo aparece el denunciante, Blas Harriot, que intentó armar una pared en la puerta del local abandonado de la calle Medrano que en ese momento estaba en actividad.
“Dicen que el 12 de agosto a las 2.30 se produce la usurpación. Eso es falso. Ahí fue cuando Harriot, abogado en realidad del dueño Jorge Pizano a quien luego estafaría, auto denominándose dueño del lugar y sin mostrar papel alguno, había comenzado a levantar una pared en la puerta del Centro Cultural, utilizando la calle como obrador. Hasta el propio fiscal aportó volantes de actividades que se realizaron mucho antes del 12, y figura la fecha de lanzamiento del centro cultural”, explicó Rafael integrante de la organización de cartoneros más grande del país y que opera en la ciudad con un servicio social y estatal para el recupero de material reciclable.
La represión policial el día del desalojo fue comandada por la comisaría 9ª, a cargo de Daniel Kelly. La violencia descargada por los efectivos de la Federal con los cartoneros del MTE tiene como indicios que los cartoneros una vez organizados dejaron de tributar a las comisarías para trabajar. De ahí que “el armado de esta causa tuvo como primer protagonista a la Federal, y encontró en el Fiscal Walter López su complemento ideal: sin más argumentos que un breve informe telefónico de la policía, y sin verificar ni el titulo de propiedad ni el funcionamiento del Centro Cultural, ordenó el desalojo y la ilegal detención”, figura en el comunicado firmado por cientos de personas.
La policía para defenderse entregó fotografías en la que aparece el armamento en el centro cultural. Ello incluye un gancho para chorizos, un cuchillo tramontina y un cucharón pertenecientes al comedor para cartoneros.
La policía federal y la justicia en la llamada Masacre de Pompeya demostraron como operan. El film Rati Horror Show es la prueba.