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Hoy jueves 27, a las 4 am de la madrugada, los integrantes de la Alameda con el apoyo de los cartoneros terminaban con el trasladando de la maquinaria y prendas de los tres talleres textiles esclavos que desde ayer a partir de las 11.30 por orden judicial se comenzó a desmantelar para que una parte de este material sea reutilizado en una nueva cooperativa sin trabajo esclavo que creará la Comunidad Q’om que lidera Félix Díaz en Formosa, y la otra parte en la creación del segundo Polo Textil de la Capital Federal que servirá para dar continuidad laboral a todos los jefes de familias que se encontraban sometidos en estos tres talleres esclavos instalados en el barrio de Parque Chacabuco, más precisamente en Santander 873/5, en Del Barco Centenera 1878/80 y Doblas 1435/7.
Tras la carga de las 24 maquinas textiles en los camiones y material eléctrico, los chóferes del sindicato que lidera Hugo Moyano se dirigieron a Formosa, a la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh. Allí se encuentra preparado un espacio para conformar la cooperativa de los Q’om. Además se trasladaron 13 maquinas al Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI) que serán utilizadas en un nuevo Polo Textil para dar continuidad a los 57 trabajadores sometidos. Además se cargaron cinco camiones con corte, hilos y botones de diversas marcas M 51, Narrow, Barry blue, Zurah Jeans, Penquin, Basement todos para jeans de la próxima temporada del verano. Y en el taller de la calle Doblas se descubrieron botones y etiquetas de la marca Cara y Cruz que promociona el boxeador “Maravilla” Martínez.
La incautación fue posible por el fallo que firmó el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la causa 3962/2013, que se caratula “Serrano Mamani, Efrain s/infracción ley 26.364”, donde se pidió indagatoria a Juan Carlos Quispe Usnayo, Efrain Serrano Mamani, Agustín García Álbarez, Santos Alcon Huanacuni, Virginia Mamani, Valentín Mamani Lecoña, Graciela Coquetarqui Catari, y Alberto Choquetarqui Marca. Todos ellos imputados por haber conformado la estructura para la esclavitud de 57 personas. La cobertura de estos esclavistas fue la fraudulenta cooperativa de trabajo Taverguis, que presidía Usnayo, secretaria Wilma Marca Chacolla y el tesoro Choquetarqui Marca. Esta fraudulenta cooperativa mantenía una deuda con la Dirección de Migraciones y AFIP que alcanzaba los 200 mil pesos, y los talleristas vivían en cuartos con todos los lujos mientras a los costureros los sometían en cuartos propios de campos de concentración.
“Ellos se valían de la condición de extranjeros con visa de turista por noventa días y sin permiso de trabajo que ostentaban estas personas para obtener su mano de obra a costos inferiores a aquellos previstos por las regulaciones nacionales, principalmente por la vulnerabilidad en la que los colocaban su situación de inmigrantes, y bajo la promesa de pronta regulación”, señala el fallo judicial de Lijo.
Las condiciones en los talleres eran inhumanas. La jornada laboral se extendía a 14 horas, superando las 12 horas que señala la OIT como reducción a la servidumbre; el almuerzo lo realizaban en las mismas maquinas, y para ir al baño debían solicitar la llave hasta el papel higiénico se encontraba bajo llave en una jaula metálica. Las condiciones de salubridad eran precarias, hacinamiento en los cuartos y en el taller de la calle Santander existían dos celdas (no se los puede reconocer como cuartos) en una terraza que la altura no superaba el metro y medio, la puerta de ingreso no superaba el metro de altura y su entrada tenía rejas con cadenas (todo filmado).
Tres puertas ocultas estaban disimuladas como pared pero en realidad eran el acceso a una de la fábrica que servía de ocultamiento de la mayoría de los trabajadores. Mientras que en el taller en Del Barco Centenera 1878/80 se ocultaban tres habitaciones donde se hacinaban a descansar las familias. en este taller los talleristas eran Valentín Mamani Lecoña y Graciela Choquetarqui Catari donde las víctimas alcanzaban a un total de seis. Y en el taller esclavos de Doblas 1435/7 los explotadores eran Virginia Mamani Lecoña y Alberto Choquetarqui Marca. Las víctimas allí alcanzaban 14 personas.
Fueron procesados, sin prisión preventiva, Juan Carlos Quispe por ser considerado coautor responsable de los delitos de reducción a la servidumbre (art 140 del CP) en concurso ideal con el delito de trata de personas (art. 145 bis de la ley 26.364), agravado finalmente por haberse consumado la explotación y realizado sobre un menor de edad y 24 personas lo que también concurre en el delito de facilitación o promoción de inmigrantes ilegales en el país (art 117 de la ley 25.871) reiterado en 22 personas y agravado por el abuso de necesidad de las víctimas. A Wilma Chacolla Marca se la proceso por iguales delitos. A Valentín Mamani Lechona se lo consideró coautor del delito de trata de personas y haber consumado la explotación en seis personas. A Graciela Choquetarqui Catari también por trata de seis personas y las mismas penas para los talleristas Serrano Mamani quien a su vez sometió a un menor de edad, a Alcón Huanacuni y García Álvarez.
En el taller de la calle Santander por el allanamiento judicial se secuestraron casi 70 maquinarias, además de otros insumos que suman un total de cien. En el taller de Doblas 30 maquinarias y otros insumos. Y en Del Barco Centenera 18 maquinas y otros insumos. Se estima que esto suma un total de 5 millones en maquinaria y 3 millones en prendas, que incluían toda la temporada de verano de la marca M 51 que estuvo con su abogado el día de la incautación casi toda la jornada para evitar que se cumpla la sentencia.
El decomiso se basa en el artículo 23 del código penal que consiste en la pérdida en favor del Estado de los instrumentos del delito y los efectos provenientes de él. Por lo tanto el decomiso es una pena o consecuencia accesoria de la condena,. que tiene como fin impedir la reutilización de los objetos de los que se han valido el delincuente para cometer el ilícito. es una medida cautelar respectos de las cosas relacionadas con el delito regulado por el artículo 231 del Código Penal.
Respecto a las víctimas el fallo de Lijo asegura que 57 personas al clausurarse los talleres no tienen ya trabajo, viviendas y alimentación lo que “dispone con suma urgencia adoptar medidas necesarias para restituirles los estándares mínimos de los derechos que tienen conculcados”, y delega la tarea en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata (dependen del Ministerio de Justicia Nacional), y el área de explotación infantil y trata de personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que son los organismo encargados de la contención y alojamiento de las víctimas.
El juez aceptó la solicitud de ser depositarios judiciales, por parte de Julio Piumato de la CGT y Gustavo Vera por la Alameda, a fin de garantizar la restitución de los derechos vulnerados a los trabajadores de los tres talleres esclavos. Piumato es “directivo de una organización con extensa trayectoria en la protección de los derechos laborales, y la lucha contra la explotación laboral”, y por Vera “es presidente de una asociación que tiene amplios conocimientos en materia de trabajo infantil y que ha formado cooperativas que llevan varios años en el mercado, con el fin de que en forma conjunta se encarguen de que esta maquinaria sea utilizada para la reubicación laboral”. De hecho se realizaron entrevistas personales con cada uno de los costureros y se les propuso el Polo Textil de Barracas hasta tanto se cree el segundo Polo Textil.
La Comunidad Qon se ubica en el noreste de la provincia de Formosa a 125 km de la capital. el domicilio exacto es KM 1340 en la ruta N° 86 del Departamento de Pilcomayo en la jurisdicción de Laguna Blanca. La comunidad la conforman 850 familias, y unas 4500 personas, la gran mayoría niñas/o y jóvenes. Desde hace una década vienen reclamando por sus territorios y la vigencia de los derechos humanos. Pese a todos los pedidos a los ministerios nacionales y organismos provinciales sin obtener respuestas favorables para poder contar con herramientas de trabajo que les permita un desarrollo genuino autónomo por parte de la comunidad. La mayoría de los trabajos en la comunidad no están registrados convirtiéndose en víctimas de mano de obra esclava. Por ejemplo una integrante de la comunidad, que en su momento habló con los medios por la falta de DNI, refirió que trabajaba en limpieza en la casa de la directora del colegio quien le pagaba cinco pesos la jornada de trabajo que incluía limpieza, cocinar y el cuidado de los hijos.
La Comunidad Q’om se organiza con consejos de jóvenes, ancianos y adultos, tiene personería jurídica nacional y está dispuestos a trabajar con todas las instituciones para mejorar sus condiciones de vida y lograr tener un trabajo digno.