9 años de la ley francesa de lucha contra la prostitución, apoyo a las víctimas y penalización del prostituyente

El 13 de abril del 2016 en Francia se presentaba la ley abolicionista que puso el acento en desmantelar la prostitución en tanto sistema de explotación, penalizar al consumidor y apoyar alternativas de vida para las personas prostituidas. A 9 años de su implementación, avances y desafíos pendientes. La experiencia en nuestro país.

La normativa en cuestión presenta una serie de políticas públicas integrales que se basa en tres pilares: la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y diversidades, es  un obstáculo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y  constituye una violación a la dignidad humana. Además, persigue dos objetivos centrales: desalentar y evitar la ingreso de personas a la prostitución y proteger a las personas sobrevivientes de la prostitución evitando que el cuerpo humano y la sexualidad sean parte del mercado.

En concreto la ley plantea, en primer lugar,  luchar contra el proxenetismo. Aumenta las penas de privación de la libertad para el o la proxeneta ( desde 7 años a condena perpetua en casos considerados gravemente ultrajantes) establece  penas económicas (15.000 a 4.500.000 euros), incorpora agravantes y propone una interpretación amplia del proxenetismo, por ejemplo, se puede imputar de proxenetismo a una persona que teniendo vínculos con una persona en situación de prostitución no puede justificar su forma de vida.

Asimismo, la ley ataca frontalmente la demanda. Penaliza la compra de actos sexuales, al cual define como el acto de solicitar, aceptar u obtener actos sexuales con una personas en situación de prostitución, con la imposición de multas que  van  desde 1.500 euros hasta incluso privación de la  libertad cuando: hay reincidencia, se involucra a personas vulnerables, menores de edad o se realiza de forma habitual. Se destaca la extraterritorialidad de la ley, ya que puede llegar a penar a ciudadanos franceses que compren actos sexuales en el extranjero.

Finalmente, la ley apoya a las personas prostituidas o en situación de prostitución y víctimas de trata de personas,  ofreciendo políticas integrales que permitan reconstruir un proyecto de vida. Para ello se propone la condonación de deudas fiscales, otorgamiento de residencia temporal para migrantes, se ofrece ingreso a programas socio -laborales en todo el territorio francés como alternativa a la actividad prostibularia, protección a víctimas que con su declaración contribuyan a esclarecer causas o procesos judiciales,  reparación económica a sobrevivientes de la prostitución o trata con fines de explotación sexual, recurriendo a bienes de las organizaciones criminales,  pudiendo el Estado responder de forma subsidiaria en caso de insolvencia de los explotadores.

Desde ya la ley no estuvo exenta de ataques y el camino para su aprobación fue un largo proceso de dos años. Una vez sancionada, fue atacada por el lobby proxeneta, algunos medios de masivos de comunicación, e incluso en el 2019 se presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por parte de organizaciones que buscan reglamentar la prostitución. Según la demanda, la ley  “ponía en peligro la integridad física y psíquica y la salud de las personas en situación de prostitución” y “el derecho al respeto de la vida privada de las personas prostituidas y sus “clientes”. Finalmente en julio del 2024,  la demanda fue rechazada por unanimidad, reconociendo que la penalización del “cliente” es válida y que la elaboración de la ley tuvo en cuenta especialmente la situación social y sanitaria de las personas prostituidas.

Como toda política pública, requiere una revisión constante sobre los efectos que genera en la sociedad y particularmente en la población que busca proteger. A 9 años de su sanción e implementación un grupo de organizaciones agrupadas en FACT-S (Fedération des Actrices et Acteurs de terrain et des Survivantes de la Prostitution, aux Côtés des Personnes Prostituées), llegaron a las siguientes conclusiones:

2.102 personas de beneficiaron con programas para salir de la situación de prostitución

El 90% de las personas apoyadas por las organizaciones nucleadas alrededor de FACT-S para la implementación de la legislación obtuvieron empleo estable

10.049 compradores de sexo fueron penados. El 100 % de los registrados son hombres

65 redes de proxenetismo fueron desmanteladas

14,7 millones de euros fueron incautados a proxenetas en el 2024.

Se requiere un mayor presupuesto para la asistencia económica directa

Facilitar el acceso a los programas de ayuda creados a partir de la implementación de la ley para las personas migrantes.

Con respecto a la realidad en nuestro país, como siempre expresamos desde la Alameda,  Argentina es un país abolicionista, pionero en la materia y referencia en el mundo. Entre los hitos más relevantes se pueden mencionar la Ley Palacios (1913), una de las primeras normas a nivel mundial que, haciéndose eco de las demandas de las mujeres anarquistas (para más información recomendamos la lectura del periódico “La Voz de la Mujer”)  buscó proteger a las víctimas y penalizar a los prostituyentes. La sanción de esta ley fue tomada por las Naciones Unidas para conmemorar todos los 23 de septiembre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Pero como si este hito histórico no fuera suficiente, nuestro país adhiere a un sólido y vasto conjunto de instrumentos internacionales, que consolidan la posición abolicionista como lo son:  1-Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Decreto Ley nro. 11925), 2-Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Ley 23054), 3-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23179), 4-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, Ley 24632), 5-Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (Ley 25632) junto al Protocolo de Palermo.

En referencia a las leyes que rigen y que buscan impedir el avance del proxenetismo y de las redes de trata, además de la “Ley Palacios”, contamos con la ley de Profilaxis Antivenérea  12.331 (1936) que, entre otras cuestiones, establece la prohibición de instalar prostíbulos en todo el territorio nacional  y  la ley de lucha contra la trata y protección a las víctimas 26.364 y su modificatoria 26.842.

Desde la Fundación Alameda realizamos aportes importantes en este tema, durante el paso por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vera, creó la primera “Comisión Especial para abordar la Trata de Personas y otros Delitos” del ámbito legislativo y que funciona hasta el día de hoy, presentó y logró la aprobación de la ley que, modificando el Código de Habilitaciones, prohíbe la habilitación de prostíbulos y la explotación sexual bajo la figura de las “alternadoras” o “coperas” utilizadas para encubrir la explotación sexual.

En el plano de la gestión, durante nuestro  paso por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, por solo nombrar algunos ejemplos, presentamos  un amparo contra la denominada “zona roja” en Mar del Plata, se redactó  un proyecto de ley que, basándose en el modelo francés pero adaptado a la realidad argentina, buscó penalizar la demanda de prostitución, se impulsaron políticas públicas integrales que generaban alternativas reales y duraderas para las personas que optaban por salir de la prostitución o bien eran rescatadas, como fueron el Programa Reparar de formación e inserción laboral, el acceso a soluciones habitacionales para víctimas de trata a través del Consejo Federal de la Vivienda, el acompañamiento terapéutico por parte del Ministerio de Salud y su federalización a través del COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental), el acceso a asesoramiento jurídico gratuito a través del Ministerio Público de la Defensa, la asistencia económica directa a través de los programas Potenciar Trabajo, Programa Acompañar y Ayuda Urgente, la entrega de tables y notebooks a través de Enacom, entre otros.

Finalmente, en sus más de 20 años de trayectoria la Alameda hizo de la lucha contra las redes de trata y las políticas públicas para las personas sobrevivientes una bandera constante. No solo presentamos denuncias que permitieron el desmantelamiento de redes de explotación sexual, el decomiso de bienes de tratantes, sino que impulsamos políticas públicas para que el Estado cumpla con sus obligaciones. En este sentido y por nombrar algunas denuncias que se convirtieron en hito se puede mencionar la Causa Martins, la red de prostíbulos que funcionaban en propiedades del juez Zaffaroni, las Casitas de Río Gallegos, la mega causa de 619 prostíbulos que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires o la red que funcionaba bajo el amparo del Departamento Central de la Policía Federal.

Desde la Alameda, sostenemos el posicionamiento abolicionista de nuestro país, consideramos a la prostitución y a la trata y explotación sexual como un crimen que afecta la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos y luchamos por políticas públicas que signifiquen alternativas de vida digna para las personas prostituidas.