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Para monseñor Juan Carlos Romanín “es un retroceso” en la lucha contra la trata de personas, y estimó que abrir los locales “en el fondo termina legalizándola”. Los obispos en general se pronunciaron por necesidad del trabajo de prevención con el objetivo de contener a las mujeres rescatadas y evitar el “reclutamiento” de nuevas víctimas.
Domingo 10 de Julio de 2011
La Iglesia católica comenzó a desplegar una ofensiva fuerte contra la trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que los obispos advirtieron tuvo un aumento desmesurado en los últimos años y al que consideraron “una de las esclavitudes más crueles de nuestro tiempo”.
La estrategia eclesiástica busca profundizar el trabajo de prevención con el objetivo de proteger los derechos de quienes son rescatadas de las redes de prostitución, y también evitar el reclutamiento de nuevas víctimas. A esto se suma el compromiso de organizaciones católicas de acompañar los proyectos legislativos tendientes tanto a endurecer las condenas a los explotadores sexuales, como aquellas iniciativas que auspician penar con prisión de hasta tres años a los clientes.
La preocupación de la Iglesia por esta problemática se hizo más evidente días atrás, al conocerse la decisión judicial de reabrir “Las Casitas”.
También por el informe anual del Congreso de Estados Unidos, que alertó el crecimiento en Argentina de casos de esclavitud sexual o laboral, al tiempo que reconoce que si bien han crecido el número de rescates, no así las condenas a los victimarios.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, quien calificó el fallo que permite la reapertura de “Las Casitas” como “un retroceso” en la lucha contra la trata de personas, y estimó que “en el fondo termina legalizándola”.
Asimismo, denunció que detrás de esta sentencia “se esconden intereses económicos muy fuertes de redes mafiosas ultra organizadas, esas que hace dos años sufrieron un duro revés con las clausuras”. “La decisión judicial no hace más que apañar a grupos mafiosos que secuestran niñas y jóvenes para extorsionarlas, denigrarlas y prostituirlas”, subrayó el prelado en declaraciones a DyN.
Pese a que en Argentina los prostíbulos, el proxenetismo y la explotación sexual por cuenta ajena están prohibidos por ley nacional y dos convenios internacionales ratificados por el Congreso, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dio luz verde a la reapertura de los “cabarets” locales.
Según el fallo al que DyN tuvo acceso, los camaristas determinaron que “no se comprobó delito de trata ni prostitución”, por lo que ordenaron al municipio de Río Gallegos controlarlos a fin de que no se cometa allí un “comercio ilícito”.
Romanín opinó en este sentido que detrás de este fallo hay “una mano rara” y lamentó que la Justicia no haya encontrado pruebas de que en “Las Casitas” se ejercía la prostitución, cuando esa situación de ilegalidad, dijo, era “harto conocida”.
En tanto, la organización La Alameda, dedicada a luchar contra la trata de personas, denunció que la sentencia firmada por Santiago Kierman, Hebe Lilia Corchuelo de Huberman y María Leal de Ibarra “fue posible gracias al respaldo de un sector del poder político nacional y provincial que busca disimular el proxenetismo bajo la figura de whiskería o cabaret”. Ante la gravedad de esta problemática, la congregación religiosa de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor presentaron recientemente la campaña “Se trata de abrir los ojos”, que cuenta con el aval del cardenal Jorge Bergoglio.
La estrategia de prevención está destina a formar agentes multiplicadores, sobre todo en zonas que la Iglesia estimó de “alto riesgo” para este delito, como El Dorado (Misiones), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Viedma (Río Negro) y el barrio porteño de Pompeya.
Unas seiscientas niñas, adolescentes y mujeres adultas, según estadísticas oficiales, son mantenidas secuestradas por redes delictivas de trata de personas que operan en el país.