El legislado
r porteño de Bien Común, el partido de La Alameda, Gustavo Vera, remarcó este jueves que la polémica ley aprobada sobre la aplicación “Taxi BA” al Código de Tránsito y Transporte tuvo una votación ilegal, ya que el proyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad “tendría que haber pasado por la comisión de Presupuesto” antes de tratarse en la sesión de la Legislatura.
El despacho en cuestión fue el 589, que contó con 51 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, entre ellas la de Vera, quien aclaró que su oposición no pasaba por decir si estaba bien o mal la aplicación, sino que estaba en contra “por la forma en que se trató”.
En ese sentido, el diputado de Bien Común pidió la vuelta del proyecto a comisión porque era necesario que pasara por Presupuesto, pero su pedido fue rechazado.
“Tiene que ver con un gasto que va a realizar la Ciudad”, precisó Vera, quien luego agregó: “No estoy cuestionando las ventajas del proyecto, sino el método de discrecionalidad que cada vez crece más”.
El diputado de Bien Común se amparó en los artículos 48 y 49 de la Constitución de la Ciudad y advirtió que se analiza la presentación de un amparo.
El artículo 48 señala: “Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible. Las autoridades proveen a la defensa de la competencia contra toda actividad destinada a distorsionarla y al control de los monopolios naturales y legales y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera”
En tanto, el 49 precisa que “el gobierno de la Ciudad diseña sus políticas de forma tal que la alta concentración de actividades económicas, financieras y de servicios conexos, producidos en la Ciudad, concurra a la mejor calidad de vida del conjunto de la Nación. Los proveedores de bienes o servicios de producción nacional tienen prioridad en la atención de las necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los concesionarios u operadores de bienes de propiedad estatal, a igualdad de calidad y precio con las ofertas alternativas de bienes o servicios importados. Una ley establece los recaudos normativos que garantizan la efectiva aplicación de este principio, sin contrariar los acuerdos internacionales en los que la Nación es parte”.