FOTO: La jueza de Santa Cruz Cecilia Alvarez junto a los integrantes de la Fundación Alameda.
El 6 de junio de 2009, luego de una investigación con cámaras ocultas y una denuncia penal de la Alameda, la jueza federal de Santa Cruz, Cecilia Álvarez, ordenó el allanamiento y cierre de los 34 prostíbulos que confirmaban la red de trata y proxenetismo llamado “Las Casitas”. La mayoría de la corporación política se opuso rabiosamente a la medida, incluido el gobernador, y por haber filmado a un jefe policial en el prostíbulo. La Alameda fue querellada hasta por el fiscal de Estado. Hoy se reconoce que esos antros haba que cerrarlos, pero en aquel momento la Alameda luchaba contra molinos de viento.
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VIDEO: La cámara oculta dentro de los prostíbulos de Las Casitas.
El avance de la ciudad hizo que las “casitas” ahora estén rodeadas de barrios.
Según el secretario de Derechos Humanos, Humberto Quiñones, y el titular de la Ong “La Alameda”, Gustavo Vera coincidieron en que algo cambió luego de la clausura de las manzanas 635 A y B que dispuso la jueza Federal Subrogante, Ana Cecilia Alvarez, y que se concretó el sábado por la madrugada de aquel 6 de junio de 2009.
La medida fue consecuencia de la denuncia efectuada por la organización dos meses antes en el Juzgado Federal, y representó -según Vera- un “punto clave” en la lucha contra la trata y proxenetismo a nivel nacional.
La causa sigue a la espera de una confirmación de sentencia, señaló el abogado de la Municipalidad de Río Gallegos.
A tres años de la clausura, el Gobierno nacional prohibió la publicidad y la “difusión de imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual” en los clasificados de los medios gráficos.
Maduración
“El cierre de las casitas no sólo fue un alivio para las víctimas, sino que permitió un debate necesario y sano en la sociedad santacruceña respecto a qué hacer a quiénes utilizan la explotación por cuenta ajena, y sacar ganancias”, dijo Vera a TiempoSur.
El referente de la organización sostuvo que existió “cierta maduración” por parte de la sociedad santacruceña en cuanto a la lucha contra la trata de personas, luego de la clausura de los 34 prostíbulos.
Destacó que esta medida formó parte de una lucha general por parte de la entidad,
que luego derivó en la prohibición de habilitación de “wiskerías” en varios municipios de Santa Cruz y el país, pero también un impulso con la reforma a la ley de trata que cuenta con media sanción en el Congreso de la Nación, que estipula controles que el Estado debe ejercer en este tema.
“En fin, el cierre no tuvo un efecto local sino un punto importante a escala nacional. Todos los involucrados teníamos como referencia ese lugar al que llegaban mujeres de países limítrofes y del norte”, apuntó.
La causa
Dos años después del cierre de los prostíbulos -el 15 de junio de 2011- los tres jueces que componen la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dictaminaron su reapertura. Entre los argumentos, los magistrados señalaron que no se comprobaron los delitos de trata ni prostitución. Pero también expuso que “la ley penal no tiene el fin de arreglar problemas sociales”, porque para los jueces se clausuraron locales que no iniciaron los trámites para ser habilitados (en ese momento la comuna regularizó estos locales por medio de la figura de cabaré clase “c”) y otros que contaban con estos requerimientos, por lo cual resolvió que el municipio exija los trámites necesarios para su habilitación y de esta forma “ejercer el comercio lícito”.
Esto fue apelado por el Fiscal de Comodoro Rivadavia, sumado a diversas presentaciones por parte de organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional.
“El fallo de la Cámara de Apelaciones fue escandaloso. Pero lo bueno es que la clase política no se anima a reabrir las casitas porque saben que tendrían un repudio amplio de la sociedad. Además irían contra la ley” precisó Vera, y marcó que si en algún momento se reabren, realizarán una nueva presentación en la Justicia.
Por lo menos se dificulta
El titular de Derechos Humanos no dudó en advertir que el cambio luego del cierre de este lugar fue “notorio”. “Por lo menos no hay la organización que se daba en las casas de tolerancia y esto hace que el lugar donde estaban ubicadas deje de ser un lugar problemático como lo era hasta el momento del cierre”, destacó a este medio Quiñónez.
Admitió que de igual manera “la trata no va a terminar”, pero indicó que “por lo menos” se dificulta a los tratantes la organización de redes de prostitución. Desde el cierre proliferaron los departamentos o viviendas VIP y en algunos casos se pudo divisar la cuenta de sexo en la vía pública.
Pero también existen las wiskerías en diversos barrios de la ciudad. “Sabemos que hay departamentos privados y prostitución callejera que se disfraza de cuentapropismo (prostitución por cuenta propia, algo que no es ilegal) pero detrás de eso hay coimas de la policía. Sin embargo, los proxenetas en Santa cruz recibieron un golpe importante”, agregó Vera.
Quiñónez dijo que esto se “investiga”. El funcionario recordó el decreto presidencial que prohibió la publicación o publicidad de imágenes o avisos clasificados que fomenten la explotación sexual. Esto comenzó a regir desde el 6 de julio, cuando se publicó en el Boletín Oficial y apuntó al denominado “Rubro 59”.
