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Aquí presentamos tres notas periodísticas que resumen las últimas acciones judiciales que hicieron posible que Federico Bonomi, dueño de Kosiuko, y otros empresarios de la marca sean citados a indagatoria para el próximo jueves 13 de octubre en los tribunales federales de Retiro, en la avenida Comodoro Py.
Publicación: 22/04/2009
Fiscal pide indagar al dueño de Kosiuko
Un fiscal federal pidió la indagatoria de los dueños de la marca Koswef S.A., propiedad de la marca de ropa Kosiuko que creó Federico Bonomi. Los costureros denunciantes no recibieron indemnización, y tampoco asistencia por el Gobierno porteño al ser víctimas de trata.
Por Lucas Schaerer
El creador de la marca de ropa Kosiuko, Federico Bonomi, es requerido por un fiscal federal a que preste declaración indagatoria en el marco de una causa por trabajo esclavo.
NOTICIAS URBANAS accedió al pedido que el fiscal Jorge Di Lello hace al juez Julián Ercolini, y que se produce a poco más de un mes de que la cooperativa textil La Alameda y la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, aportaran más pruebas en las que se compromete a la empresa Kosiuko con un taller textil clandestino en el que fueron reducidos a la servidumbre una pareja de bolivianos indocumentados.
El pedido de indagatoria del fiscal Di Lello pesa sobre Bonomi, e incluye a su gerente general Marcelo Gallardo, y a los talleristas Walter Moya y Andrea Mishaguagua. Además pide la ampliación de indagatoria de Aníbal Terra, presidente de Kowseff S.A. a cargo de la marca Kosiuko. Terra fue sobreseído por Oyarbide luego de haber sido convocado por la justicia a raíz de entregar al Gobierno porteño y Nacional una falsa lista de talleres de los que se proveía. Esos talleres fueron inspeccionados por la Subsecretaría de Trajo porteña y luego de comprobar su inexistencia en muchos de las direcciones se radicó la primer denuncia contra Kosiuko.
El pedido de indagatoria sobre los empresarios y talleristas incluye un pedido de testimonial y pericias.
El fiscal decidió por pedido de la querella, a cargo de Rodolfo Yanzón que asesora a La Alameda, el testimonio del ex subsecretario de Trabajo porteño Alejandro Pereyra y su segundo en ese momento, Fernando Gelfo. Es que Pereyra fue expulsado del gobierno de Jorge Telerman en el 2006 tras la revelación mediática de los métodos de producción por la marca de ropa con locales en los shoppings y en el exterior.
En tanto que las pericias requeridas a la policía científica de la Gendarmería es para determinar la autenticidad de las etiquetas que aportaron los denunciantes y que fueron extraídas de un taller clandestino ubicado Crisóstomo Alvarez 391, barrio de Flores.
El reconocido abogado en causas de derechos humanos, Rodolfo Yanzón, fue consultado por este medio, y decía lo siguiente: “Descontamos que va ser favorable el llamado a indagatoria, que esperamos apruebe en los próximos días el juez Ercolini. Esto lo cual dejaría a empresarios y talleristas a un paso del procesamiento. Igual falta en las acusaciones la violación a la ley de Trabajo a Domicilio, que volveremos a pedir que se tenga en cuenta, y además sumaremos más pruebas para que la justicia investigue”.
La satisfacción por el avance de la justicia fue inocultable para La Alameda. Su referente Gustavo Vera expresó que “Kosiuko inaugure su campaña de otoño-invierno desfilando por Comodoro Py nos pone muy contentos”. Además, prosiguió Vera: “Ayer se realizó el ceclo entre costureros y la empresa. Se presentó un abogado que fingió no conocer para que fuera convocado. Pero se olvidó que el mismo Bonomi reconoció que se deslindó del taller tras conocer los métodos que utilizaba para producir. Esto refleja que kosiuko no paga las indemnizaciones y en tanto que el Gobierno porteño deja a la pareja denunciante dormir en un colchón en La Alameda y no aplica la ley de asistencia a la víctima de trata”.
A principios de marzo la organización Alameda con el acompañamiento de la Defensoría aportó a la causa -nacida en el año 2006- filmaciones de un taller clandestino, más el testimonio de los explotados costureros Concepción Pajarito Marca y Oscar Mamani Mamani y el reconocimiento de la situación por dos referentes religiosos, Damián Karo de la Fundación Judaica y Mario Videla del Arzobispado de Migraciones, que participaron en varias reuniones que Kosiuko y La Alameda mantuvieron con la idea de comenzar un proceso de auditoria sobre la marca que había sido acusada de beneficiarse de la esclavitud de trabajadores.
La causa contra Kosiuko avanzó este año cuando quedo en manos del juez Julián Ercolini. Tras la denuncia de hace un mes se allanó la sedes centrales de la empresa y el taller donde tercerizaba su producción. El primer juez que entendió en la causa, Norberto Oyarnide, se apartó del expediente cuando fue acusado de recibir tres millones de pesos por los dueños de Soho. Oyarbide favoreció a los empresarios de Soho con un sobresimiento en el que se argumentaba que la esclavitud era una costumbre cultural.
Publicación: 06/03/2009
Allanaron Kosiuko
Tras la denuncia por trabajo esclavo que realizaron la cooperativa La Alameda y la Defensora del Pueblo porteña, un juez federal allanó la sede central de la marca de ropa Kosiuko, además de su sede comercial y un taller textil clandestino.
Por Lucas Schaerer
La justicia federal allanó la sede central y la sede comercial de la marca de ropa Kosiuko, además de un taller textil clandestino donde trabajó una pareja de bolivianos que denunció, a través de la organización La Alameda, violaciones a los más elementales derechos humanos.
“Los tres domicilios fueron allanados este jueves por la tarde”, confirmaron a Noticias Urbanas fuentes cercanas a la causa.
La medida es producto de la presentación que realizaron este lunes la organización La Alameda y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez federal Julián Ercolini es quien dispuso allanar la sede central de Koisuko -ubicada en el partido bonaerense de Martínez, puntualmente Dardo Rocha 50-, y además el inmueble donde se constituye Kowsef S.A., avenida Santa Fé 1725, propietaria de la marca Kosiuko. También dispuso allanar el taller textil clandestino ubicado en Crisóstomo Alvarez 391, barrio de Parque Avellaneda.
Ercolini, titular del juzgado federal Nº 10, dictó en la mañana del jueves, el secreto de sumario y horas más tarde allanaba los domicilios que aportaron los denunciantes.
El fin del procedimiento judicial fue secuestrar la mayor cantidad de datos posibles que permitan conocer si efectivamente Kosiuko sustenta sus 20 locales propios y 200 puntos de venta en el país, más lo que exporta, gracias a la reducción a la servidumbre, la trata de personas, violación a la ley de trabajo a domicilio y la explotación de menores en talleres clandestinos.
Las pruebas que se presentaron hace pocos días son una cámara oculta en el taller clandestino donde trabajaron Concepción Pilar Pajarito y Oscar Mamani Mamani, una etiqueta de la marca de ese taller, más las declaraciones de los trabajadores, del cura Mario Videla y del rabino Damián Karo, quienes fueron testigos de varias de las reuniones que se realizaron entre La Alameda y Kosiuko, a raíz del pedido empresarial de comenzar de ser auditado en su producción.
Las denuncias sobre Kosiuko fueron presentadas por La Alameda a través del reconocido abogado en tema de derechos humanos Rodolfo Yanzon, y por la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, que además ya realizó denuncias a otras marcas de renombre como Soho y Cheeky.
La causa que imputa a Kowsef SA, cuyo presidente es Antonio Terra, aunque ante los medios así se presenten Federico Bonomi y su mujer Cynthia Ker, nació en junio de 2006 cuando fue denunciada por el Gobierno de la Ciudad.
La denuncia original fue radicada tras una investigación de La Alameda que luego se sustento por aportes de la Subsecretaria de Trabajo porteña. El relevamiento gubernamental sobre la importante marca de ropa significó la expulsión del abogado laboralista Alejandro Pereyra del Gobierno porteño, en ese momento a cargo de Jorge Telerman.
Publicación: 02/03/2009
Denuncia ecuménica contra la esclavitud
La marca de ropa Kosiuko, propiedad de Federico Bonomi, continúa violando los más elementales derechos humanos. Existe una denuncia de la Defensora del Pueblo porteña. La avalan el titular del Departamento de Migraciones del Arzobispado y la Fundación Judaica que preside Sergio Bergman.
Por Lucas Schaerer
“Siempre fui muy creyente en Dios, soy católica. Tengo un grupo de mamás con las que rezo el rosario, me encanta hacer horas de adoración… me parece que es lo mínimo que se puede hacer para que el mundo esté más unido”, son las palabras textuales de Cynthia Kern, esposa y socia de Federico Bonomi en la empresa de ropa Kosiuko. Justamente la pareja empresarial intentó redimirse de la denuncia pública y penal del 2006 por abastecerse de mano de obra esclava. La manera era dejarse auditar por los mismos que los habían denunciado en el 2006, la cooperativa Alameda.
Entonces, la pareja Bonomi y Kern pidieron una reunión con el titular de la cooperativa Alameda, Gustavo Vera. El contacto fue a través del grupo “Interrupción” de la Fundación el Otro.
“El director de Interrupción, Sergio Tosunian, me convocó a una reunión con Federico Bonomi. Luego de fuertes discusiones le dije a Bonomi que tenía que ir al Centro Textil del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y lograr el certificado ‘libre de trabajo esclavo'”, contó Vera a NOTICIAS URBANAS.
Bonomi quería auditarse por el INTI pero antes de ello buscaba un mayor efecto mediático que le permitiera alejar el fantasma de las violaciones a los más elementales derechos humanos. Para ello La Alameda debía diagnosticar la calidad de sus talleres textiles.
El riesgo de asumir un compromiso con Kosiuko, a esta altura en las antípodas, no atemorizó a la cooperativa de trabajo, pese a visualizar las intenciones de fondo del empresario. Para apartar toda sospecha de claudicación la organización que defiende a los costureros puso dos condiciones.
No recibirían pago o subsidio alguno para la auditoría, o sea todo sería voluntario. Segundo la presencia de veedores. Lo que nunca pensó Bonomi, padre de familia y asiduo asistente a misa dominical, es que La Alameda tendría como imparciales veedores, al titular del Departamento de Migraciones del Arzobispado, Mario Videla, y por la Fundación Judaica al rabino Damián Karo.
En el transcurso de las reuniones, en total cinco y todas desarrolladas en la iglesia de los Migrantes en el barrio de La Boca o la sinagoga de la calle Paso en Once, se fueron detallando los pasos a realizar para la auditoría a los 70 talleres que Bonomi dijo tener.
En ese transcurrir ya se había acordado que de encontrarse trabajo ilegal se debía revertir la situación de manera inmediata y radicar la respectiva denuncia. El dueño de kosiuo aceptó. Todo prosiguió.
Eso hasta principios de enero, que es cuando a la sede de La Alameda, en la esquina de Lacarra y Directorio, llegó una pareja de costurero. Concepción Pilar Pajarito y Oscar Mamani Mamani iban a denunciar cómo habían vivido y trabajado en condiciones inhumanas dentro de un taller que abastecía a Kosiuko.
El taller “14”, según la numeración interna de Kosiuko, ubicado en la calle Crisóstomo Alvarez 391, barrio de Flores, estaba a cargo de Walter Moya. Este hombre, de nacionalidad boliviana, es quien los sometió a largas jornadas de trabajo “empezábamos desde las 7 de la mañana a las diez de la noche. Cobrábamos 600 pesos al mes. En la semana no podíamos salir y sí después de los sábados al mediodía y domingos. Al principio dormimos en el depósito de las prendas y después nos construimos nuestros cuartos de dos por dos”, figura en la declaración de los costureros ante la Defensoría.
NU en una conversación con los costureros pudo conocer más detalles. “Somos de la Paz. Allí dejamos cuatro hijos que desde hace dos meses no reciben nada de dinero por nuestra falta de trabajo”. Ante la pregunta del por qué aceptaron las condiciones de trabajo respondió Concepción “por el dinero”. Y Oscar también tenía qué decir: “Nunca antes trabajamos así, tantas horas. Para calmar los dolores hasta alcohol nos poníamos en las muñecas y brazos. Ni tiempo para lavarnos y cocinarnos. Jamás dormimos en una pieza de dos por dos. Pero eso lo soportamos con tal de trabajar”.
La pareja pasaba sus horas dentro del taller. Los hilos colgando de sus ropas y el polvillo de las prendas taponeando sus narices. Poco en la cama marinera. A la overlok, Concepción, y a la recta, Oscar. Los fines de semana iban al Parque Indoamericano y los domingos al locutorio para hablar con sus hijos (de 1 año, 4, 9 y 11) que cuida una abuela. En esos paseos es que Oscar conocía a La Alameda, ubicada frente al Parque Avellaneda.
“También el mismo tallerista Walter Moyal nos contó como con Alfredo Ayala y otros talleristas habían atacado a La Alameda”, relataron al unísono los costureros que encontraron resguardo jurídico en la cooperativa, sin costo alguno, y hospedaje por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Como habían acordado las partes si aparecía una denuncia se resolvería de buena voluntad. Por la declaración del cura y el rabino ante la Defensoría del Pueblo esto no ocurrió “Kosiuko quiso pagar 10 mil pesos por cada costurero” cuando las cuentas eran mucho más altas. Tampoco denunció al taller clandestino. Es más el inmueble textil se levantó rápidamente. Lo que demuestra las intenciones de borrar todo tipo de pruebas.
Obviamente la auditoría la mesa de diálogo entre empresa y organización con sus veedores no continuó. Ahora seguirá por las malas, y ello significa la vía judicial.
El juez federal Julián Ercolini, junto al fiscal Carlos Cearras, son quienes tienen en sus manos la investigación sobre Kosiuko. Por lo que supo este medio de fuentes judiciales hasta el momento le imputan a la marca obstrucción al Ministerio de Trabajo por no haber presentado la lista de talleres donde terceriza.
“Con las actas de la Subsecretaría demostramos la relación taller con fabricante. Eso también está en manos de la justicia”, informó Alejandro Pereyra, el expulsado subsecretario de Trabajo durante la gestión de Jorge Telerman justamente por haber tomado la iniciativa de investigar a Kowseff S.A.
La pruebas que fueron remitidas en estas horas van desde una cámara oculta en el taller clandestino, a una etiqueta de la marca, y las declaraciones de los trabajadores, más el testimonio del cura Mario Videla y el rabino Damián Karo.
Las imputaciones de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, que pretende ser aceptado como querella, contra la firma Kowsef S.A. es por reducción a la servidumbre, trata de personas, violación a la ley de trabajo a domicilio, trabajo infantil y a la ley nacional de migraciones. En semejantes términos la Defensora del Pueblo Alicia Pierini.
“Siempre tuve interés en ponerme a rezar y en agradecer”, contó a la revista Noticias Cynthia Ker. Su firmeza espiritual esta a prueba.