La Alameda presentó un pedido de informe a la Subsecretaria de Trabajo porteña para conocer si los proveedores textiles del Estado tienen sus talleres o fábricas registradas. En la Ciudad ya se suman 10 muertes en diez años de gestión PRO, con más de 3 mil talleres textiles clandestinos con 30 mil costureros reducidos a la servidumbre.
La industria textil en la Argentina tiene uno de los peores récord en cuestiones de derechos humanos y laborales. Más del 78 por ciento de la industria, dato reconocido por organismos estatales, judiciales y empresariales, está por fuera de la ley sin ningún reconocimiento básico, y gran parte de estos trabajadores en condiciones de esclavitud.
La Ciudad de Buenos Aires no escapa a esta lógica, y es escandaloso porque tiene todas las posibilidades de revertir el flagelo de la trata y esclavitud.
Desde el 2008 la Dirección General de Protección del Trabajo asume las competencias de la Ley 12.713 de trabajo a domicilio, transferidas por el Gobierno Nacional, asumiendo la totalidad de las facultades en lo que a registro, fiscalización y control laboral se refiere de los talleres textiles donde las marcas tercerizan su producción.
En este marco se crea el Registro Dadores de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de Documentación Laboral, (vigente desde el 02/05/2008, por la disposición Nº 308-DGPDT), que determina la fiscalización de toda la cadena de producción de la industria textil.
Por ende toda persona física o jurídica, sea dador de trabajo, intermediario o tallerista y que utilice el sistema de Trabajo a Domicilio deben registrarse, inclusive no teniendo su domicilio en la CABA que encomienden trabajo a domicilio a talleres o a personas que estén dentro de la Ciudad.
Pero la contracara de esta resolución es la cruda realidad. Más del 70 por ciento de las empresas o personas jurídicas que ganan las licitaciones millonarias (confección de uniformes de la Policía, para hospitales, etc) de la Ciudad no registran la cantidad de empleados que corresponden para llevar adelante las producciones, y en la mayoría de los casos ni siquiera registran empleados y se dedican a otros rubros.
Por eso mismo, desde la Fundación Alameda se presentó un pedido de informe en la Subsecretaria de Trabajo porteña para ver quiénes de todos estos proveedores del Estado están inscriptos, y por ende si tienen inscriptos los talleres donde confeccionan la importante cantidad de prendas que dicen fabricar.
Es hora de aplicar una reconversión de la industria textil y no es difícil, sólo se debe tomar la decisión de conmoverse ante la trata y la esclavitud de 30 mil personas sometidas en 3 mil talleres textiles clandestinos
Para lograr una sana industria textil el Gobierno porteño debe salir del turbio entramado de los proveedores del Estado, que tan solo pasa por las manos de unos pocos irregulares que ni siquiera se animan a blanquear donde tercerizan.
El cambio de política que puede tomar el Estado porteño va generar más puestos de trabajo, en momentos de desocupación en alza, y nos evitará la vergüenza como el dolor de tragedias evitables, como sucedió este diciembre último donde producto de un incendio en un taller clandestino murió una niña, en el barrio de Mataderos. Que no es la única, en 10 años de gestión PRO llevamos diez niños muertos en la Ciudad de Bs As.
Como bien declaró un representante de la CTEP encargado de la parte textil, estos costureros habían recibido días atrás los cortes del fabricante. ¿Quién era el fabricante? Ahí tenemos que llegar para saber quiénes son los verdaderos responsables y dejar de cortar por el hilo más delgado.