Por Rodolfo Yanzón, abogado Fundación Liga por los Derechos Humanos y La Alameda, publicado en el diario Tiempo Argentino.
No pueden entender que la lucha por los Derechos Humanos, y muy especialmente contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad, no tengan mayor objetivo que el de hacer justicia.
Quienes reivindican la persecución política y el plan de exterminio se han hecho la idea de que detrás de la bandera de los Derechos Humanos se mueven grandes negocios. Si quienes torturaron, secuestraron y mataron al amparo de la más absoluta clandestinidad, bajo la excusa de “defender a la patria”, robaron e hicieron negocios con los bienes de los desaparecidos, no sorprende que crean que todos son de su misma condición. No pueden –o no quieren– entender que la lucha por los Derechos Humanos, y muy especialmente la lucha contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad, no tengan mayor objetivo que el de hacer justicia, buscar la verdad y robustecer la memoria social.
En plena dictadura, los organismos de Derechos Humanos, sobre todo las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, incorporaron con vigor las denuncias por las masivas violaciones a los Derechos Humanos como un modo de rechazar el accionar ilegal de la dictadura y de oponérsele cuestionando uno de los puntos con los que pretendía legitimarse. Ese cuestionamiento trasvasó el ámbito de los Derechos Humanos para transformarse en una consigna política de todos los sectores que lucharon para derribar a los usurpadores del Estado. Así, la lucha de las Madres, de las Abuelas y de los organismos de Derechos Humanos en general terminó formando parte de la lucha contra la dictadura. Eso es, desde hace tiempo, un acerbo social y político inalienable de todo el pueblo argentino, y se convirtió en símbolo de lucha internacional por la vigencia de los Derechos Humanos y de reclamo de justicia.
En estos días, a través de la campaña que algunos medios y periodistas han montado alrededor del caso Schoklender, pretenden poner en duda a las mismas Madres de Plaza de Mayo como símbolo de esa lucha. Incluso, se han escuchado algunos –que la van de progres– cuestionar a las Madres por trabajar en planes de vivienda, poniéndose a la altura de las argumentaciones monocromáticas de Mauricio Macri. Sostienen esa campaña especialmente Clarín y La Nación, que se beneficiaron con las operaciones ilegales de Papel Prensa y que publicaron sistemáticamente los comunicados de la dictadura en los que hicieron aparecer a víctimas de secuestros y torturas en campos de exterminio como “subversivos muertos en enfrentamientos” –sin mencionar las apropiaciones de niños de las que son responsables–.
Como el objetivo principal de esta campaña es el gobierno nacional, no resulta extraño que esos empresarios y amanuenses transitorios no duden en echar mano a cualquier ocasión y en tratar de enlodar todo reclamo, actividad u organización, si con ello creen que obtienen el resultado de erosionar las pretensiones oficialistas. Otros se ensañan con el pasado de Sergio Schoklender, con lo que sólo exhiben su costado más deplorable.
Más allá de tales pretensiones, no debe desconocerse que en todo debate que se suscite en el escenario político no existen intocables, ni personas o agrupaciones que se hallen exentas de responder ante la ley. No existe historia que blanquee ni justifique el presente, aun si se trata de dirigentes y organizaciones que han sido y son ejemplo de compromiso, entrega y lucha. Si existe una denuncia penal formulada por un Fiscal Federal, la justicia debe actuar y si, como en este caso, hay una imputación contra alguien relacionado con los Derechos Humanos, deben ser los propios organismos, dirigentes y militantes de los Derechos Humanos quienes soliciten en primer término que se aclare la situación y, de comprobarse los hechos denunciados, los primeros en pedir el juzgamiento y el castigo. Si existió alguna malversación de fondos por parte de Sergio Schoklender, la justicia debe ser implacable y los organismos de Derechos Humanos así exigirlo.
Sin embargo, y más allá de los resultados de la investigación, debe cuestionarse que en los últimos días Schoklender apareciera en algunos medios de comunicación haciendo ostentación de su capacidad económica y financiera para comprarse avionetas o Ferraris, lo que de por sí es una afrenta hacia todos aquellos por quienes la Asociación Madres de Plaza de Mayo comenzó su trabajo político y social. Sólo un distraído podría atribuirlo a que se trata de un hombre con habilidad para hacer dinero.
Muchos son los que han criticado y se han quejado por los manejos de Sergio Schoklender, y los que dejaron la Universidad Popular y se alejaron de las Madres por su presencia. Si se piensa que la Asociación Madres de Plaza de Mayo tomó la decisión de realizar emprendimientos sociales, tanto para dar trabajo como para generar viviendas –decisión por demás loable– y que Sergio Schoklender fue administrador de los fondos, no cabe otra conclusión que, ante las denuncias sobre la utilización ilegal de ese dinero debe promoverse una investigación, sobre todo por la sospecha de que Schoklender haya formado parte de una sociedad comercial que se benefició con la construcción de viviendas asignadas por la asociación de la que él era representante y porque están involucrados fondos del erario público, cuya asignación a sectores postergados había sido decidida por funcionarios responsables de su manejo.
Por ello hay que apoyar la actividad de los fiscales y aguardar la decisión que en definitiva adopten los jueces. Y también hay que denunciar y oponerse a las campañas sucias, que sólo pretenden ocultar sus propias miserias y complicidades, poniendo en duda el trabajo y la lucha inclaudicables de tantos años, que ya forman parte de la lucha de todo un pueblo en perseguir justicia.