Publicado por una agencia de noticias que cubre sobre cooperativismo.
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Trabajo sin cadenas
Un proyecto de ley propone reformar el Código Procesal bonaerense para poder incautar los bienes de empresas que utilizan mano de obra esclava y explotación infantil. Hay antecedentes de los cuales surgieron cooperativas textiles.
(Ansol).- Denunciar, escrachar, vigilar. La organización La Alameda no se queda quieta. En su cruzada contra el trabajo esclavo y la trata de personas ya creó No Chains, su propia marca de ropa junto a otra cooperativa, de Tailandia. Además, lideró la conformación del Centro Demostrativo de Indumentaria, un polo textil integrado por con 200 costureros. Organizados en cooperativa, trabajan en un predio de Barracas cedido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con máquinas incautadas a un fabricante textil esclavista.
Convencidos de que la falta de voluntad política hace posible el trabajo forzoso y la reducción a la servidumbre en las granjas avícolas y en los talleres textiles clandestinos, La Alameda le propuso al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, un proyecto de ley y una reforma al Código Procesal bonaerense para incautar los bienes de las empresas que utilicen mano de obra esclava e infantil.
El abogado penalista Mario Ganora, experto en trabajo forzoso y trata de personas y militante de La Alameda, explicó que “esta reforma ya esta prevista en el Código Penal Nacional, en su artículo nº 23, que trata sobre el decomiso de bienes utilizados para el delito”. Los casos conocidos en las últimas semanas sobre explotación de trabajadores en condiciones infrahumanas, en varias fincas del interior bonaerense, pusieron el tema otra vez en el foco de la opinión pública.
“Los bienes utilizados con fines ilegales no deben beneficiar a los resultados de la actividad. En este sentido, cuando hay una prueba fehaciente debe producirse la incautación conforme al Protocolo de Palermo, en el que está prevista la incautación como medida procesal previa hasta que la ley determine la sentencia. En ese lapso se genera un vacío legal dónde el delincuente continúa utilizando los bienes a pesar de que en algún paso del circuito productivo no se respetó la ley”, detalló Ganora.
El proyecto fue presentado en Diputados pero no tuvo avances. Quedó trabado por las discusiones entre las distintas partes involucradas. “Los funcionarios solo acordaron en dejar todo como está”, recordó el abogado. “Igualmente, la voluntad continúa intacta y este viernes se reanudará el diálogo para impulsar el proyecto”, adelantó en diálogo conAnsol.
Huellas
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó con 600 mil pesos, en septiembre de 2008, a la empresa productora y exportadora de productos avícolas Nuestra Huella S.A, por el empleo de mano de obra infantil. La denuncia la había hecho La Alameda, que el Día del Niño de ese año logró meterse con cámaras ocultas en la granja La Fernández, en Pilar, y filmar a los chicos que trabajaban en la recolección de huevos.
Uno de esos chicos, Ezequiel Ferreyra, de seis años, murió de cáncer en diciembre pasado. En el video se lo podía ver relatar cómo trabajaba manipulando veneno.
Cuando se conoció la noticia de la internación de Ezequiel, La Alameda se puso nuevamente al frente de los reclamos contra Nuestra Huella. Junto el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), marchó hacia la Casa de la Provincia para exigirle a Scioli la expropiación de la empresa a favor de los trabajadores y bajo la administración del Estado, siguiendo la experiencia del Polo Textil.
Con ese objetivo, presentaron un petitorio para reformar el Código Procesal e instalar un proyecto de ley específico con el antecedente de Nuestra Huella, que en su artículo 6 establece que los bienes incautados “serán administrados por la autoridad de aplicación para todas aquellas actividades de bien público que considere pertinentes priorizando la reinserción de los actuales ocupantes adultos en el trabajo decente”.
El proyecto también propone una gestión posterior del bien incautado, “administrado desde un organismo creado y gestionado por el Estado, pero a la vez autónomo de las decisiones del Ejecutivo, desde dónde se pueda trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para que utilicen estos bienes en beneficio de las víctimas. Sería poder tomar la experiencia italiana de la Ley La Torre”, agregó Ganora.
Con esta normativa se pretenden evitar y prevenir los daños colaterales de las denuncias: al caer en desgracia el empresario esclavista, las víctimas queden desprotegidos y sin ninguna fuente de trabajo. Para eso, contempla la construcción de viviendas en los predios expropiados, la conformación de cooperativas de trabajo y la atención psicofísica de los niños y adultos víctimas de la explotación.