El legislador porteño de Bien Común, el partido de La Alameda, Gustavo Vera, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, denunciaron hoy martes penalmente al ex jefe comunal de ese municipio bonaerense Raúl Othacehé por “defraudación en perjuicio de la administración pública nacional, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y lavado de activos“.
La denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo de Ariel Lijo, por ante la Secretaría 8.
Menéndez sostuvo que desde que se inició su gestión se detectaron diferentes irregularidades cometidas con los fondos que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, transfirió al municipio.
“En total se iban a edificar en el Municipio de Merlo 700 viviendas. Uno de los programas incluía la construcción de 340 viviendas, otro de 192 y el restante de 168. Si bien estos programas ya llevan varios años de desarrollo, por lo que el Estado Nacional ha transferido cuantiosas cantidades de dinero, lo cierto es que estas viviendas nunca han sido finalizadas”, afirmaron Vera y Menéndez.
En ese sentido, en estos convenios se estableció que los fondos otorgados por el Estado nacional eran un “financiamiento no reintegrable”. A lo largo de los años, Othacehé procedió a la licitación de cada uno de los proyectos, a la adjudicación de las obras y éstas comenzaron a ejecutarse.
La denuncia detalla que según información que se fue relevando en el municipio, este porcentaje de dinero, casi 10 millones de pesos, no era depositado en ninguna cuenta del municipio, sino que era cobrado directamente por la empresa constructora de manos del Ministerio de Planificación Federal.
Al respecto, Vera y Menéndez dudan si ese dinero ingresó en su totalidad a las arcas de la empresa constructora o sufrió algún desvío.
“Ese mismo contrato se estableció que la obra debía finalizarse en 24 meses, pero lo cierto es que a la fecha, a varios años de haberse iniciado la edificación de los barrios destinados a cubrir las necesidades de las familias más necesitadas del municipio, eso aún no ha ocurrido”, agregaron.
El intendente consideró en la denuncia que debe darse “inicio a una pesquisa integral dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podrían ser constitutivas de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional”. También se aludió al posible “enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y lavado de activos”.
En cuanto al posible enriquecimiento, se pidió investigar si el ex intendente cometió ese delito durante sus 24 años de mandato en Merlo, y también se solicitó que la pesquisa abarque a familiares y posibles testaferros.
“No se ha podido determinar si efectivamente trabajaron –o no– en la municipalidad a lo largo de estos 24 años, lo cierto es que recae sobre ellos la sospecha de que podrían ser testaferros de aquellos que sí ocuparon cargos públicos, ya sea como funcionarios o bien como empleados”, explicó sobre ellos Menéndez.
