Por Ximena Rattoni
La modificación de la Ley de Glaciares no solo pone en riesgo el acceso al agua pura para nuestro pueblo en el futuro mediato, sino que además alerta sobre un avance sostenido hacia un mayor grado de desintegración social y territorial, que habilita el saqueo voraz de nuestros bienes comunes sin mayores impedimentos.
En la historia de las naciones, la desintegración no siempre se anuncia con tanques o fronteras valladas. A veces, el proceso es más silencioso: ocurre por goteo, a través de leyes que, bajo el amparo de la “libertad”, el “federalismo” o el “desarrollo”, van desarmando los hilos que nos mantienen unidos como comunidad organizada y naturalizan la fragmentación. Hoy, Argentina se enfrenta a ese escenario: el de una desintegración funcional, donde el Estado nacional, lejos de proteger el territorio, parece estar firmando su propia acta de retiro.
La reforma constitucional de 1994 implicó un cambio jurídico profundo que allanó el camino para este proceso. La provincialización del dominio originario de los recursos naturales, impulsada bajo el argumento de fortalecer el federalismo, marcó en realidad un punto de inflexión hacia el remate y extranjerización de recursos naturales estratégicos (agua, minerales, energía, etc.). Desde entonces, cada provincia tiene potestad para negociar incluso con actores externos —potencias extranjeras o corporaciones— sobre bienes comunes que son estratégicos para toda la nación, debilitando la cohesión del Estado nacional. En un contexto de crisis económica global y tensiones geopolíticas, esta situación impide construir una estrategia unificada de defensa de los intereses del país.
El salto en el endeudamiento externo durante el gobierno de Macri, profundizado de manera exponencial en la gestión de Milei, coloca a la Argentina bajo una presión financiera extrema. Esto ocurre en un contexto internacional atravesado por conflictos como la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán que, a través del bloqueo de petróleo y fertilizantes en el estrecho de Ormuz, empuja al mundo hacia aumentos en los combustibles y posibles crisis alimentarias en el corto plazo. Nuestro país podría sacar provecho de esta coyuntura mundial para aumentar sus exportaciones y reservas, proteger al mercado interno y favorecer una industrialización ya que cuenta con capacidad instalada, con energía y con alimentos para ofrecer en escala. La paradoja es que, bajo la orientación liberal colonial del actual gobierno que ha destruido el mercado interno e impone precios internacionales a su propio pueblo, lo que termina aumentando es la inflación y la carestía de la vida.
Las políticas del gobierno libertario —desde el DNU 70/23, que incluye, entre otras medidas, la derogación de la Ley de Tierras (actualmente suspendida por medio de cautelar), hasta la Ley Bases y la incorporación del RIGI— configuran un esquema que favorece el saqueo antes que la inversión en términos de desarrollo. La posibilidad de otorgar beneficios extraordinarios, permitir la importación de maquinaria usada y habilitar la contratación de trabajadores extranjeros sin condiciones claras de desarrollo local implica que quienes exploten nuestros recursos no necesariamente dejen empleo, infraestructura ni ingresos significativos en el país.
A esto se suma un proceso de desfinanciamiento y recortes de la coparticipación de las provincias, una política deliberada y consensuada con el FMI y el gobierno de los EEUU, para asfixiar económicamente a cada una de ellas y obligarlas a obtener fondos a partir del remate desesperado de sus recursos naturales estratégicos. Hoy mediante el recorte del presupuesto federal se impone un escenario de saqueo y fragmentación inducida donde las corporaciones afines a los gobiernos de EEUU e Israel aspiran a apropiarse del agua, el litio, el gas, petróleo, tierras raras y todo recurso estratégico.
El síntoma más alarmante de esta abdicación del Estado nacional es la avanzada contra la Ley de Glaciares. Se argumenta que el otorgamiento de la potestad a las provincias sobre los glaciares no afecta el recurso estratégico del agua, sino que se está fomentando el “federalismo”. En la práctica, asfixiar presupuestariamente a cada provincia, llevarlas al borde del quebranto y, a la vez, ofrecerles que puedan rematar recursos estratégicos es una maniobra combinada de fragmentación inducida y saqueo.
La naturaleza no reconoce fronteras políticas: un glaciar que se pierde en la alta montaña afecta a cuencas que abastecen a poblaciones a miles de kilómetros de distancia. Atomizar la protección ambiental con los condicionantes de asfixia económica mencionados previamente tiene un sólo resultado previsible: una competencia regresiva entre jurisdicciones, en la que se degradan estándares ambientales a cambio de inversiones, comprometiendo la soberanía hídrica nacional.
Esta lógica no es aislada: es el mismo hilo conductor que une la insistencia por derogar la Ley de Tierras con el RIGI. La pulseada por habilitar la extranjerización irrestricta del suelo y otorgar beneficios fiscales por décadas, bajo jurisdicción de tribunales internacionales como el CIADI, permitirá consolidar un “Estado-archipiélago”: enclaves extractivos que operan bajo reglas propias, mientras el país asume los costos ambientales y sociales. La experiencia de zonas con décadas de actividad extractiva —como Veladero – Pascua Lama, Calingasta, La Alumbrera o Jáchal— muestra resultados marcados por la contaminación y la pobreza.
Como sociedad, debemos hacernos una pregunta central: ¿esto es federalismo o una fragmentación planificada? Sin una estrategia de defensa del interés nacional, el territorio se transforma en una “plataforma de negocios”, como la que lleva a cabo el gobierno cipayo de Milei. Frente a esto, se vuelve imprescindible reconstruir la unidad nacional para enfrentar un modelo que fragmenta para facilitar el saqueo.
La gravedad de este esquema radica en la naturalización del despojo. Cuando el Estado se retira de su rol de regulación y protección, el vacío no se llena con libertad, sino con la ley del más fuerte. Si el agua, la tierra y las normas se fragmentan sin límites, corremos el riesgo de habitar un país que conserve su nombre, pero no su soberanía.
En este contexto, el legado del papa Francisco adquiere una relevancia urgente. En Laudato si’, advierte que no existen dos crisis separadas —una ambiental y otra social—, sino una única y compleja crisis socioambiental. Defender los glaciares y el control nacional de los recursos implica proteger nuestra “Casa Común”. El acceso al agua segura, recuerda Francisco, es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque condiciona la supervivencia y el desarrollo de las comunidades.
Sin embargo, este escenario complejo y un tanto oscuro, también abre una oportunidad: la de reconstruir los lazos de solidaridad que dieron origen a nuestra nación. A lo largo del país, desde comunidades que defienden sus territorios hasta movimientos que luchan por la soberanía, persiste una Argentina que se niega a ser fragmentada.
La salida no está en el aislamiento de cada provincia ni en la pasividad ante este federalismo de fragmentación, sino en la construcción de un proyecto nacional compartido, que entienda que nadie se salva solo y que ponga en el centro la solidaridad intergeneracional. La verdadera libertad será aquella que permita decidir colectivamente qué país queremos legar: si un conjunto de enclaves extractivos o una nación integrada, soberana, inclusiva, justa y sustentable.
Todavía estamos a tiempo de revertir este rumbo. De volver a habitar nuestro territorio con dignidad y de asumir que la defensa de nuestra tierra y de nuestro pueblo es una tarea irrenunciable y una misión sagrada. De abajo hacia arriba, de la periferia al centro, unifiquemos las luchas que se están dando en cada rincón de la Patria. Seamos futuro.
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