Lo que publicamos y adjuntamos es un informe pormenorizado sobre todas las áreas que comprenden la prevención, la persecución, la asistencia y el fortalecimiento institucional en los que se constata vaciamiento, parálisis y retrocesos graves.
Apelamos a los organismos de derechos humanos del país y a los organismos internacionales ocupados en la materia para que reclamen al Estado Argentino volver a la senda de la defensa de los Derechos Humanos y del Protocolo de Palermo.
Acceda al informe completo haciendo click aquí abajo
CRÓNICA DE UN DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO ANUNCIADO-1
CRÓNICA DE UN DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO ANUNCIADO.
El día 26 de febrero del 2024 se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
195/2024 en el Boletín Oficial de la Nación mediante el cual, entre sendos cambios en la
organización del Estado Nacional y su funcionamiento, se dispuso que tanto el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas y el Comité Ejecutivo, ambos creados por la Ley N° 26.364 pasen
a depender del MINISTERIO DE SEGURIDAD. El precitado DNU entró en vigencia el
mismo día de su publicación. El 18 de marzo de 2024, mediante Nota Oficial de Jefatura de
Gabinete de Ministros, se le notifica al hasta entonces Director del Comité Ejecutivo de
Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus
Víctimas, Gustavo J. Vera, la limitación de sus funciones en dicho cargo, tal como habría
sido solicitado por la Ministra Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad de la
Nación. Desde ese momento, todas las políticas que se venían llevando adelante en
prevención, asistencia, persecución y de fortalecimiento institucional comenzaron a sufrir
una fuerte degradación en perjuicio de las víctimas de tan aberrante delito.
Es por ello que a partir de dicho momento y hasta la fecha venimos relevando cómo se
han ido desmantelando todas las acciones que –no con poco esfuerzo- se habían
desarrollado.. De esto podemos destacar lo siguiente:
PREVENCIÓN.
– Páginas web/redes sociales.
La página web del Comité: https://www.argentina.gob.ar/comitecontralatrata se encontraba
alojada en la sección de Jefatura de Gabinete del dominio argentina.gob.ar, en virtud del
decreto 195/2024 fue trasladada a la sección del Ministerio de Seguridad.
La situación que reviste mayor gravedad tiene que ver con la sección “Programas
Nacionales para Víctimas de Trata”. En efecto, de acuerdo al Protocolo Único de
Articulación vigente (Resol. 1/2023 de la Jefatura de Gabinete de Ministros:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279177/20230106), la Dirección
Operativa del Comité Ejecutivo tiene la obligación de actualizar los programas de asistencia
y protección que el Estado Nacional se compromete a ofrecer a las personas víctimas del
delito de trata. Tal como puede observarse, se informan en el sitio web programas que ya no
existen o que han sido suspendidos u otros que, a la fecha, no se sabe si tendrán
continuidad.
Con respecto a la red social X (antes Twitter), el perfil del Comité Ejecutivo contra la Trata:
@Paremoslatrata no reviste actualización desde el día 14 de marzo del corriente.
– Campañas de difusión sobre la temática
Hemos podido cotejar que a la fecha no hay información sobre ninguna campaña de
difusión elaborada por la gestión actual, ni en formato físico, ni virtual. Cabe destacar que,
de la gestión anterior, existe un remanente de calcos y folletería traducidos al chino, inglés y
distintos dialectos de pueblos originarios que no están siendo distribuidos. Es dable
destacar que en diciembre del 2023 se presentó una campaña para concientizar sobre la
explotación laboral en el ámbito rural denominada “Trabajar tiene derechos”. La campaña
fue elaborada conjuntamente con el Sindicato de Choferes de Camiones y la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y financiada íntegramente por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para distribuir en todo el país en diversos
formatos, como ser radio, tv, gigantografías, folletería, redes sociales.
– En el ámbito legislativo no tenemos conocimiento de que se haya presentado ningún
nuevo proyecto de ordenanza o normativa para fortalecer la difusión de los canales de
recepción de denuncias ( Línea 145, por ejemplo).
Una de las estrategias para contrarrestar el avance de las redes de trata en todo el territorio
es la articulación con las provincias y municipios de todo el país. En ese sentido, es de
destacar que la gestión anterior impulsó la sanción de varias ordenanzas y leyes
provinciales con el objetivo de visibilizar y dar a conocer la “Línea 145” en zonas de alto
tránsito, edificios públicos, estaciones de servicio y paradas de ómnibus, trenes y transporte
aéreo, entre otros espacios públicos. Durante el período 2019 – 2023 se sancionaron 104
ordenanzas para difusión de la línea de denuncia.
Tampoco hemos podido corroborar la firma de nuevos convenios de colaboración y
difusión, ni se están ejecutando los que se habían celebrado con más de 100 organismos
durante la gestión anterior.
Una de las acciones que se llevó adelante durante la gestión anterior fue el trabajo
territorial y la institucionalización de los vínculos de cooperación con provincias, sindicatos,
municipios, agencias del estado, cámaras empresariales y colegios de profesionales,
mediante convenios de cooperación gratuitos que permitieron difundir, concientizar y
capacitar en todo el país. Uno de los convenios más importantes en términos de prevención
del delito fue el firmado e implementado con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que
permitió llegar a casi 12 millones de personas, en tres días (28, 29 y 30 de julio) difundiendo
la línea 145 en transmisiones de TV, radio, redes sociales. A la fecha se pudo verificar que
no solo no se firmaron nuevos convenios que establezcan vínculos de cooperación y
capacitación, sino que los firmados durante la gestión anterior han quedado totalmente
abandonados y sin ejecución.
Los convenios que a la fecha se encuentran vigentes, son de acceso público y pueden ser
leídos en el siguiente enlace:
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/comitecontralatrata/convenios.
PERSECUCIÓN.
-Desmantelamiento de Agencias Territoriales (AT) de la Secretaria de Trabajo
del Ministerio de Capital Humano.
Debido al extenso territorio nacional, las agencias territoriales (AT) constituyen un aliado
estratégico tanto en la prevención como en la asistencia, puesto que las mismas funcionan
de forma conjunta con las oficinas de empleo. El desmantelamiento de esta estructura se
pone de manifiesto, no sólo en los 517 despidos que sufrió la Secretaria de Trabajo, siendo
unos 20 correspondientes a trabajadores y trabajadoras afectados a las AT.
Fundamentalmente, la parálisis se refleja, en principio, en la disolución de la Subsecretaría
de Articulación Territorial de la cual dependían centralmente las AT. A esto se le debe sumar
que ninguna de las agencias tiene designada una autoridad inmediata “Jefe de agencia”, ni
tampoco jefe regional. Esto genera dos consecuencias inmediatas: por un lado, se paralizan
las políticas públicas de asistencia a la población en general y a las víctimas de trata en
particular, y, por otro lado, tampoco están participando de fiscalizaciones preventivas que,
hasta el año pasado, se realizaban en consonancia con los calendarios de cosecha.
-Actividad Inspectiva del estado.
-Situación Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
A la fecha de publicación del presente informe se sabe que es inminente la readecuación de
la estructura de AFIP. De esta forma sufriría la fusión de las estructuras de la Dirección
General de los Recursos de la Seguridad Social y la Dirección General Impositiva.
Destacando que de la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social dependen las
inspecciones para detectar y denunciar situaciones de explotación laboral, trabajo forzoso y
la trazabilidad tributaria.
En síntesis, con esta nueva estructura se estaría resintiendo la capacidad inspectiva del
estado nacional.
–Situación Trabajadores y trabajadoras rurales, articulación con
UATRE/RENATRE.
Los trabajadores rurales han quedado nuevamente sin poder cobrar la “Tarjeta Alimentar”
del Plan ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE. Esta situación reitera un problema grave que
había sido resuelto, otra vez los más vulnerables son los afectados ya que solo les liquidan
esta prestación a los beneficiarios de la Asignacion Universal por Hijo (AUH).
Es decir, mediante el Decreto 514/2021 de compatibilidad de planes sociales, se había
establecido que ningún trabajador registrado vería afectados sus ingresos por encontrarse
trabajando de manera registrada en la Seguridad Social. Hoy ello no está ocurriendo debido
a disposiciones internas del Ministerio de Capital Humano (no se encuentra plasmado en
ninguna normativa dicha limitación). En efecto, deberían liquidar conforme la resolución
1165/23 del Ministerio de Desarrollo Social.
Por otro lado, a los trabajadores rurales desempleados (que cobran el seguro por
desempleo) también les quitan la posibilidad del cobro de la Tarjeta Alimentar ya que cobran
Asignaciones Familiares y no AUH, añadiendo que el monto que reciben por hijo es más
bajo, pasando de 52.000 a 26.000 pesos.
Todas estas medidas, claramente desincentivan la registración de los trabajadores más
humildes, causando un perjuicio económico para las familias rurales ya que impacta en la
alimentación de los niños/as del campo. Sumando ello a la problemática del trabajo infantil,
siendo esta una actividad proclive para el trabajo de los niños y las niñas así como la falta
de escolarización.
En referencia a la asistencia y protección, a la fecha, tampoco hay respuestas por parte de
los organismos para el rescate de las víctimas por presunta explotación laboral en los
predios rurales, siendo una de las actividades más complejas de abordar por sus lejanías y
dispersión de los puestos de trabajo.
Finalmente, como se explicó, a la fecha no hubo contacto de las nuevas autoridades ni con
UATRE, ni con Renatre, pese a la existencia de dos convenios en vigencia y a que en las
reuniones previas e informes presentados ante la nueva gestión, se hizo hincapié en la
sensibilidad que tiene la trata y explotación en el ámbito rural.
Nos resulta esencial dejar constancia que, la media sanción de la denominada “Ley
Bases” agravará la situación en caso de que finalmente se sancione, dado que con su
entrada en vigencia no se aplicarán multas ni sanciones ante situaciones de trabajo
no registrado.
-Convenio con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA).
Entre los sendos convenios de colaboración firmados durante la gestión anterior podemos
destacar –por lo estratégico- el que se firmó con el SENASA. Esto es así ya que la trata de
personas con fines de explotación laboral es una de las modalidades delictuales que resulta
más dificil de detectar y de imputar penalmente a los verdaderos responsables del delito. El
SENASA cuenta con una base de datos que resulta clave a la hora de programar operativos
conjuntos con organismos con poder de policía en el trabajo y de poder fundar
correctamente las denuncias imputando el delito a los verdaderos responsables. En
consecuencia, la gestión del Comité Ejecutivo anterior firmó un convenio con el objeto de
poder intercambiar información al cual se le sumó un protocolo para su implementación
territorial. Esta herramienta, novedosa y necesaria, se encuentra sin uso a la fecha. No
hubo un solo acercamiento entre las actuales autoridades a cargo del Comité Ejecutivo y del
SENASA.
-Articulación con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos ( AFIP).
En la última modificación que la gestión anterior introdujo al Protocolo Único de
Articulación (PUA), se estableció la facultad de que tanto la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) como la Unidad de Información Financiera (UIF) puedan intervenir
en causas judiciales donde se investiga el delito de trata de personas en representación del
Estado Nacional o en calidad de asistentes técnicos. Ambos resultan claves para garantizar
la trazabilidad económica y tributaria. Este vínculo de cooperación también fue dejado de
lado por parte de las nuevas autoridades. Incluso, la gestión anterior había avanzado con
capacitaciones recíprocas entre organismos e investigaciones conjuntas. Se destaca que la
gestión anterior del Comité llevó adelante varias acciones conjuntas con los precitados
organismos. En el caso de la AFIP, se llevaron adelante inspecciones conjuntas. y en el
caso de la UIF se realizaron varios seguimientos en causas que donde se invetigaba lavado
de activos cuyo delito precedente era la trata de personas. Incluso hubo presentaciones de
ambos organismos para asumir el rol de querellantes.
-Articulación con centrales obreras y organizaciones sindicales.
Al día de la fecha no hemos tomado conocimiento de acercamiento alguno de la nueva
autoridad del Comité Ejecutivo a organizaciones de trabajadores para coordinar acciones
para combatir la trata de personas. Desde un principio, la gestión anterior del Comité
Ejecutivo abordó acciones tendiente a establecer fuertes lazos con las organizaciones de
trabajadores tendientes a concientizar sobre la problemática del trabajo esclavo, trabajo
forzoso, la reducción a la servidumbre y trabajo infantil prohibido como delitos conexos a la
trata de personas. En ese sentido, firmaron sendos convenios de cooperación, capacitación
y para llevar adelante operativos conjuntos con aquellos que cuentan con algún poder de
policía.
– Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 – Programa Nacional de Rescate (PNR)
Hubo un recorte drástico en el presupuesto y en el personal del Programa Rescate, que ya
venía funcionando con dos tercios de su capacidad humana para poder abarcar todos los
fenómenos y modalidades que adopta la trata.
Varias provincias reportaban quedar sin atención cuando había allanamientos o se
saturaba la línea 145 por la escasa cantidad de operadores destinados a esa función.
Desde la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo se bregó para que se incrementaran el
presupuesto y el personal: hacían falta para cubrir todas las necesidades, ya en el 2022 y
2023, aproximadamente 45 personas que se distribuían entre profesionales para el
Programa de Rescate y operadores para la línea 145.
Lejos de haber incorporado, el nuevo gobierno, a las 45 personas que faltaban, redujo 30
puestos, con lo cual en el presente se encuentra casi al 50% de la capacidad para la
intervención tanto del 145 como del Programa de Rescate.
Para concluir este punto, es importante mencionar que el último año de gestión, a raíz de
un convenio firmado con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se estaba
comenzando a trabajar, por un lado, en la accesibilidad a la Línea 145 de personas que
tenían alguna discapacidad/padecimiento mental y en consecuencia se encontraban
imposibilitados de poder realizar una llamada telefónica, y por otro lado, se estaba
trabajando capacitaciones en cruzadas y la incorporación de modificaciones al protocolo
vigente a los fines de poder abordar los crecientes casos de víctimas de trata con alguna
capacidad/padecimiento mental.
Como se expuso, a la fecha no solo hubo una reducción del personal de la Línea 145 y del
equipo territorial del Programa Nacional de Rescate, en paralelo la ANDIS sufrió en dos
etapas un total de 300 despidos, quedando reducida a su mínima expresión.
ASISTENCIA.
-Programa Restituir.
En lo que respecta al REDAVIT (Registro de Asistencia a la Víctima), hemos podido
corroborar que no está funcionando, por lo tanto tampoco se estaría implementando el
Programa Restituir aprobado por la Resolución 493/2023 del Ministerio de Desarrollo
Social..
-Programa Acompañar.
Hemos tomado conocimiento que se retomaron los pagos de quienes ya estaban
inscriptos/as en el programa, pero no se han dado nuevas altas desde diciembre de 2023 a
la fecha del presente informe.
-Programa Potenciar Trabajo.
Hemos averiguado que no se han dado nuevas altas desde diciembre de 2023 a la fecha
del presente informe. Por Decreto 198/2024 se sustituyó el “POTENCIAR TRABAJO” y se lo
reemplazó por los siguientes:
VAT: Volver al Trabajo (Capital Humano – Secretaría de Trabajo).
AS: Acompañamiento Social (Capital Humano-SENAF).
Sin embargo, esta reconfiguración sólo alcanza a las personas que venían percibiendo el
“POTENCIAR TRABAJO” hasta noviembre de 2023, de modo tal que aquellas víctimas
rescatadas desde entonces a la fecha (343 de acuerdo a datos del Programa Nacional de
Rescate) no estarían siendo incluidas. Esta situación se ve agravada por la circunstancia de
que las Agencias Territoriales (AT), que representan a la Secretaría de Trabajo en las 22
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran sin autoridad asignada a la fecha.
-Programa REPARAR (de inclusión laboral para víctimas de trata de personas).
El pago final del último mes, correspondiente al 3er y último llamado del cohorte, se liquidó
con varias semanas de demora, abonandose el 1º de mayo. Es decir, no solo hay
incertidumbre respecto a la continuidad del programa, si no que desde el inicio de la nueva
gestión en diciembre del 2023 los pagos de los y las beneficiarias comenzaron a demorarse.
Destacamos especialmente esta situación puesto que en la mayoría de los casos, este es el
único ingreso que perciben. Tampoco se produjo el llamado al 3er cohorte como estaba
estipulado, por tanto el programa se encuentra paralizado.
-Programa de Empleo Independiente (PEI).
Hasta donde sabemos no se ha aprobado ningún PEI. Tampoco está a la vista la
posibilidad de que se aprueben y ejecuten en el futuro. Asimismo, sabemos que está
paralizado el proceso de inclusión laboral debido a la inactividad de las agencias territoriales
(AT) que deben hacer de nexo para tal fin.
-Vivienda.
En este punto es dable mencionar que la última vivienda que se entregó fue en el mes de
enero del 2024 en la provincia de Catamarca. Es de destacar que la entrega de viviendas a
víctimas de la trata de personas tiene su origen en la firma de un convenio con la gestión
anterior del Comité Ejecutivo y el entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con
aportes de capitales de la Nación y las provincias.
Producto del recorte de coparticipación destinado a las provincias, la paralización de la
obra pública y la ausencia de gestión del Comité con los institutos provinciales de vivienda
el programa ha sido abandonado pese a que hay decenas de casos de víctimas que
necesitaban viviendas y que están pendientes de resolución.
-Refugios.
Refugio Nacional (Hogar Patiño): A la fecha de elaboración del presente, no se registran
víctimas de trata alojadas. Además de haber despedido a personal del mismo, y no realizar
las tareas de mantenimiento necesarias.
Refugios interior: Hasta la fecha no hemos tomado conocimiento de construcción, ni
adecuación de los refugios que estaban propuestos en la provincia de Catamarca. En lo que
se refiere al Refugio de la provincia de Misiones, sabemos que a la fecha requiere personal
idóneo para su puesta en funcionamiento y no ha habido ninguna tratativa para resolverlo.
-Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
Es importante explicar sucintamente que el mencionado fondo es una herramienta creada
por la Ley 27.508, tiene por objetivo reparar económicamente a las personas sobrevivientes
del delito de trata, evitando que los bienes y sumas de dinero decomisados en causas
referidas a trata de personas pierdan valor.
Para su funcionamiento se creó una Unidad Ejecutora (UE) que debería funcionar en el
Ministerio de Justicia. Esta UE recibe los bienes decomisados, las sentencias firmes que
individualizan a las personas a reparar, e inmediatamente informa al Consejo Federal de
Trata.
Resulta clave tener en cuenta que es el Consejo Federal de Trata, órgano en el que se
encuentran representadas todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y que además
integran: el Ministerio Público Fiscal, la Cámara de Diputados y Senadores, las
organizaciones de la sociedad civil, el propio Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y para entender en este tema específico la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE), el que determina los desembolsos para reparar a las víctimas
identificadas en sentencia firme. De esto se desprende la vitalidad de que el Consejo
Federal funcione regularmente.
En concreto: si el Consejo Federal de Trata no se reúne no se puede reparar a las víctimas
de trata.
A la fecha se han abonado 57 reparaciones a víctimas por un monto total de $12.411.055,96.
A la fecha se encuentran pendientes de pagar reparaciones de los siguientes casos, que
contabilizan en total 10 sobrevivientes.
Caso 1: “MATURANO, MONICA (U3) Y OTRO s/INFRACCION ART.145 TER 1° PARRAFO
(SUSTITUIDO CONF. ART 26 LEY 26.842”, tramitado ante el Tribunal Oral Federal de
Mendoza N°1. (Sentencia firme del 22/10/2022: indemnización por daño material y moral a
victima K.E.K $4.000.000). 1 víctima.
Caso 2: “CUELLO OSORIO, RAMON PEDRO s/INFRACCION ART. 145 BIS 1° PARRAFO
SUSTITUIDO CONF. ART 25 LEY 26.842)”, tramitado ante el Tribunal Oral Federal de
Mendoza N°2. (Sentencia firme del 9/08/2023: reparación económica de las víctimas: B.P.
$1.879.088; P.Q $1.879.088; K.B. $1.663.084; K.G $217.668; M.M $1.663.084; D.G.
$1.024.580; M.A.S. $404.679; J.P. $1.663.084; R.G. $217.668. Total de reparaciones:
$10.612.023). 9 Víctimas.
-Desmantelamiento de los Centros de Referencia (CDR).
Los Centro de Referencia (CDR) representaban al entonces Ministerio de Desarrollo Social
– hoy denominado Ministerio de Capital Humano- en todo el país, contabilizando un total de
59 puntos ubicados en zonas periféricas. En los centros se realizaban diversos trámites y
gestiones o bien se orientaba y derivaba a otras agencias del estado nacional.
Si bien la competencia primaria en materia de asistencia a las personas víctimas del delito
de trata corresponde a los Puntos Focales Provinciales (PFP), en la realidad y en la práctica
los CDR complementaban el trabajo realizado por los equipos de profesionales de los PFP.
Durante los años de gestión a cargo del Comité Ejecutivo, fueron frecuentes las situaciones
en las que hubo que gestionar alimentos, programas de asistencia económica, colchones,
muebles para el hogar o incluso prendas de vestir, así como otros recursos para las
víctimas de trata y sus familias a través de los CDR.
El día 5 de marzo del 2024 el Ministerio de Capital Humano dispuso que la totalidad de los
CDR serían cerrados y los trámites que antes se realizaban de forma presencial, desde
ahora se gestionaría de forma telefónica. Esta decisión implicó debilitar profundamente la
asistencia que el estado por ley debe garantizar a las víctimas de trata, agregando que el
contacto interpersonal para situaciones de extrema vulnerabilidad no es fácilmente
reemplazable por un llamado telefónico.
-Desmantelamiento estructura federal ENACOM -Ente Nacional de
Comunicaciones.
En lo que atañe al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas, el vínculo con el ENACOM estaba dado fundamentalmente para garantizar la
entrega de dispositivos tablets para aquellas personas damnificadas por el delito de trata
que debían o querían capacitarse dentro del Programa Reparar.
En el 2023 se firmó un convenio de cooperación entre el Comité Ejecutivo y el ENACOM,
por medio del cual se garantiza la entrega de dispositivos tablets, estas entregas se hacían
a través de las delegaciones provinciales.
Esta política pública significó que al menos 50 personas tuviesen, en casi todos los casos,
por primera vez un dispositivo nuevo y propio pero además, les permitió poder seguir
capacitaciones y talleres, como el caso de los y las beneficiarias del Programa de inserción
laboral, o bien retomar su educación formal.
A través de la Resolución N° 7/2024, publicada en el Boletín Oficial el día 3/04/2024, se
dispuso el cierre de la totalidad de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de
Comunicación, no teniendo a la fecha novedades acerca de la continuidad de esta política
pública y en el caso de que así se decida qué organismo, con presencia territorial en todo el
país, lo reemplazaría.
FORTALECIMIENTO y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL.
-Delegados/as
Con el objetivo de elaborar políticas públicas que tuvieran impacto en cada una de las
provincias de nuestro país, desde el año 2020 se propuso dotar de territorialidad al Comité
Ejecutivo, para ello y paulatinamente, se fueron nombrando delegados y delegadas. En una
primera instancia por cada región de nuestro país: Noa, Nea, Cuyo, Centro, Patagonia
Norte, Patagonia Sur, AMBA e interior de la Provincia de Buenos Aires, para posteriormente
nombrar un solo delegado/a por provincia y por sección bonaerense.
Cada uno de los delegados tenía como funciones primordiales: articular medidas de
asistencia con los organismos con responsabilidad primaria en esa área, participar de
allanamientos e inspecciones, orientar y recibir denuncias por posibles situaciones de trata,
hacer seguimiento posterior de la causa que se iniciaba, organizar espacios de
sensibilización y capacitación, convocar regularmente a la Mesa Interinstitucional de cada
provincia, etc.
Es decir, cada uno de los delegados y delegadas, fueron la expresión del Plan Bienal en
ejecución y de las funciones que por ley competen al Comité Ejecutivo en todo el país, de
Tierra del Fuego a Formosa.
Con el cambio de gestión, el organismo y sus trabajadores no estuvieron exentos del
avasallamiento que sufrió toda la administración pública y que repercutió en desmedro de
las políticas públicas en general, y de trata en particular. En un primer momento,
infringiendo el principio de estabilidad del empleo público, los contratos anuales y
prorrogables, fueron renovados por 90 días so pretexto de realizar una supuesta auditoría
que justificara las tareas que cada uno desarrollaba.
Finalmente, los primeros días de marzo del corriente año y luego del traspaso del Comité
Ejecutivo a la órbita del Ministerio de Seguridad, la totalidad de los delegados y delegadas
fueron desvinculados. Es importante dejar en claro que no hubo auditoría alguna, ni
evaluación de mérito o tareas desarrolladas. Desde ya, tampoco se consideró cómo esta
decisión impactaría directamente en la prevención, detección, persecución, asistencia y
articulación institucional en materia de trata de personas.
-Mesas Interinstitucionales.
Partiendo de una premisa clara, según la cual el crimen organizado para su desarrollo
requiere de zonas liberadas. Es decir, no puede actuar sino es con negligencia o
complicidad de un parte del Estado y que la mejor forma de evitarlo son los controles
cruzados o multicontroles, comenzaron a construirse cada una de las 34 mesas
interinstitucionales.
Sintéticamente, estos espacios tuvieron como objetivo generar un circuito entre los
organismos provinciales y nacionales, que tenían competencia directa e indirecta en materia
de trata, sumando al poder judicial, municipios, sindicatos que tenían poder de policía, y
excepcionalmente también a ONGs que estuvieran calificadas en materia de lucha contra la
trata.
En una segunda instancia, empezaron a desarrollarse Mesas interinstitucionales en zonas
de frontera con organismos de Brasil, Paraguay y Bolivia.
Las Mesas Interinstitucionales, establecidas como parte de las acciones de los planes
bienales 2020/2022 y 2022/2024, eran convocadas por el delegado o delegada de cada
provincia y el Punto Focal Provincial (PFP), con la anuencia del gobernador o gobernadora
de cada jurisdicción. En los encuentros se planificaban acciones de visibilización,
capacitaciones destinada a funcionarios y funcionarias, calendario de inspecciones,
participación en allanamientos, formas creativas de complementar recursos que el estado
nacional y provincial destinaban a la asistencia, asimismo era constante la revisión del rol
de cada organismo frente a una situación de emergencia.
A la fecha de elaboración del presente informe no hay certezas respecto a la continuidad de
estos ámbitos de articulación, salvo excepcionalmente y por urgencias, tampoco hubo
contacto de la nueva gestión con los organismos provinciales y las delegaciones que aún quedan en pie del estado nacional. Es claro el abandono de estos circuitos de trabajo que
claramente mejoraron la intervención y eficacia del estado.
-Reuniones regulares de referentes políticos del Comité Ejecutivo:
Siendo el Comité Ejecutivo un órgano interministerial, las reuniones regulares de los y las
representantes de cada uno de los organismos que lo integran resultan claves.
Cada referente político era nombrado por el ministro o ministra. En estas reuniones, que
durante la gestión pasada se celebraron al menos una vez por mes, se definían las líneas
de trabajo que luego continúan los equipos técnicos, se presentaban iniciativas, acciones y
propuestas, y se hacia un riguroso seguimiento de la ejecución del plan bienal vigente.
Con un denodado esfuerzo se logró realizar una primera reunión en febrero del 2024, de
forma tal de dejar constituida a la mesa con los representantes de la nueva gestión,
posteriormente, y debido a las reiteradas renuncias y despidos, de los cinco representantes
participantes de esa reunión inicial solo quedaban tres. A la fecha, y siendo mitad de mayo,
solamente hubo una reunión más, contabilizando un total de 2 reuniones en lo que va del
año.
A esto se le debe sumar que, a consecuencia del DNU 195/2024, de los 5 organismos que
lo integraban: Ministerio de Seguridad, Trabajo, Desarrollo Social, Seguridad y Mujeres,
Géneros y Diversidad, se redujo a 3. Dejando afuera aportes esenciales y necesarios como
eran los casos de Trabajo y el entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad,
ambos absorbidos y reducidos por el Ministerio de Capital Humano.
– Articulacipon con la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes (CORETT).
A consecuencia del proceso de la consolidación de la Plataforma Regional contra la Trata y
el Tráfico (PRETT) integrada por 10 países de América del Sur que Argentina impulsó,
comenzaron a generarse vínculos de articulación con otros mecanismos de cooperación
con los cuales se comparten objetivos en común. En este sentido, habíamos recibido
honrados la invitación para participar, junto al Estado Plurinacional de Bolivia, de la
Reunión Plenaria de la CORETT la cual se realizó los días 10 y 11 de abril en Roatán,
Honduras.
La CORETT reúne a 9 países, y actualmente su presidencia es detentada por Honduras.
La importancia de esta invitación radica en que era una oportunidad inmejorable de aunar
esfuerzos, intercambiar conocimientos y aprendizajes y comenzar a delinear una estrategia
continental contra la trata en todas sus formas, haciendo eje en la asistencia y protección a
las víctimas.
Lamentablemente, la situación de acefalía del Comité Ejecutivo impidió la participación de
Argentina. La situación reviste mayor gravedad, si se tiene en cuenta que, al momento de la
publicación del presente, no hay certezas respecto a darle continuidad a la interacción con
esta Coalición.
-Plan de trabajo con Chile.
En noviembre del 2023, y tomando como referencia el Memorándum de Entendimiento
entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de la República de Chile, sobre Cooperación en la Prevención e
Investigación del Delito de Trata de Personas, se realizó la segunda reunión binacional con
las autoridades en materia de trata de ambos países.
En el encuentro se elaboró un plan de trabajo que involucra a los distintos pasos fronterizos
que unen a ambos países que son más de 80, entre formales e informales. Se había
consensuado, tomar como prueba piloto los más masivos y en los que hubiera habido
posibles situaciones de trata.
Seguidamente se había acordado realizar reuniones presenciales en esos pasos
fronterizos, reuniendo a los actores territoriales, la idea era que el proceso tuviera como
corolario la elaboración y firma de una hoja de ruta con acciones concretas a ejecutar por
ambos países.
Al día de hoy, no hay información fehaciente respecto a la concreción de estos acuerdos,
tampoco constan reuniones con las autoridades de la República de Chile para retomar el
proceso iniciado.
– Argentina – Bolivia: hoja de ruta para coordinar acciones contra la trata.
El 22 de septiembre del 2023 ambos gobiernos suscribieron la Hoja de Ruta 2023 – 2027
tomando como antecedentes, el acuerdo marco para la prevención e investigación del delito
de trata de personas y la asistencia y protección de sus víctimas y la Plataforma Regional
contra la Trata y Tráfico de Personas.
El documento, trabajado intensamente por equipos técnicos de ambos países durante un
año, establece taxativamente 35 acciones a desarrollar y evaluar de forma conjunta para
combatir, perseguir y asistir a las víctimas de trata.
Al día de hoy, no hay certezas respecto a la implementación y ejecución de las acciones
detalladas en el instrumento, tampoco hubo acercamientos entre la nueva dirección del
Comité Ejecutivo de Argentina con las áreas pertinentes del Estado Plurinacional de Bolivia.
-Gravedad institucional: Fuerzas de Seguridad monopolizando la elaboración
de políticas públicas en materia de trata.
La Argentina históricamente combatió a la trata no solo desde una perspectiva de
seguridad, como se intenta bajo la nueva gestión, sino también con perspectivas de
derechos humanos, de género y diversidad, y bajo los principios del interés superior del
niño, niña y adolescente, de no discriminación, no punibilidad, no revictimización,
interseccionalidad, confidencialidad, entre otros.
En razón del Decreto de Necesidad y Urgencia 195/2024 del 26 de febrero de este año el
Comité Ejecutivo, que desde su creación y debido a las funciones interministeriales que
desarrolla, se encontraba en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, pasó a
funcionar en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Esto representa un grave error, en
primer lugar, porque un DNU no puede legislar en materia penal y tanto el Comité como el
Consejo Federal fueron creados en el marco de la ley 26.842 que reforma artículos del
Código penal, y en segundo lugar, porque ambos organismos tienen autonomía funcional.
En la práctica, con el desmantelamiento de las políticas públicas lo único que va quedando
en pié es el creciente monopolio de las fuerzas de Seguridad en las políticas de trata, no
solamente las de persecución, sino también prevención, asistencia y fortalecimiento
institucional
De un enfoque de Derechos Humanos y con Perspectiva de Género, retrocedimos a un
enfoque meramente policial con todos los peligros que ello implica y que vivimos los primeros años luego de sancionada la primera ley de trata en 2008. Para entonces se produjo la denuncia y desmantelamiento de la primer división de trata de la Policía Federal en el año 2010, con la consecuencia de 60 comisarios pasados a disponibilidad, imputados y/o procesados por cohecho con redes de trata, también se debe recordar la complicidad
policial en casos resonantes como la desaparición de Marita Verón, entre otros casos.
-Repudios del arco político frente al desmantelamiento de las políticas públicas antitrata.
A casi dos meses del decreto por el cual se trasladó el Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la
órbita del Ministerio de Seguridad, distintos sectores legislativos comenzaron a pronunciarse
de forma contundente.
La diputada Micaela Morán (Unión por la Patria/Frente Renovador) presentó el primer
Proyecto de Resolución en la cámara baja, por medio del cual se expresa preocupación y
rechazo a las medidas del gobierno nacional que implican el desmantelamiento del Comité
Ejecutivo y en los hechos el abandono de las políticas públicas por las que el Estado asistía
y protegía a las y los sobrevivientes del delito. El proyecto ya cuenta a la fecha con el
acompañamiento de casi 30 legisladores.
Por su parte, la diputada provincial Laura Aloisi (Unión por la Patria), presentó en la Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto de declaración que busca que el
cuerpo repudie la desarticulación del organismo, así como el despido de la totalidad del
equipo que lo integraba.
En la misma línea, la diputada de la Provincia de Catamarca, Adriana Diaz (Frente de
Todos) presentó ante el poder legislativo catamarqueño un proyecto de declaración
expresando preocupación por el arbitrario despido de los delegados y delegadas del Comité
Ejecutivo y la gravedad que implica dejar de asistir a víctimas de trata en todo el país.
En el mismo sentido, se encuentran en circulación proyectos de declaración y resolución de
Concejos deliberantes de Lomas de Zamora, Vicente López, Tigre General Pueyrredón y
Viedma, entre otros.
Finalmente, en adhesión al repudio generalizado frente la situación de desmantelamiento de
políticas de estado y despidos del Comité Ejecutivo se manifestaron en su habitual e
histórica ronda las Madres de Plaza de Mayo. El pasado jueves 11 de abril se refirieron a
este tema en los siguientes términos: “Repudiamos los despidos en el estado, en los
espacios/oficinas donde se ocupan de nuestra materia Derechos Humanos. En particular
contra el desmantelamiento de quienes se ocupan de la lucha contra la trata de personas!, y
donde existen 150 víctimas. “Bullrich despide a los delegados de la lucha contra la trata”.
Sin lugar a dudas, aún frente a la gravedad de los hechos detallados, especialmente este
último repudio honra la lucha contra la trata y explotación de personas en nuestro país, y
sienta las bases para la reconstrucción que tarde o temprano deberemos realizar, para
lograr de una vez por todas y definitivamente una sociedad sin esclavos ni excluidos.
Buenos Aires, República Argentina, 14 de mayo de 2024.