La impunidad política en Time Warp

Nota de opinión por María Luján Rey, madre de Lucas Menghini fallecido en la Tragedia Ferroviaria de Once en febrero de 2012.

Hace unos días la Legislatura Porteña tuvo la oportunidad de conformar una comisión investigadora que permitiera conocer las razones que llevaron a la muerte a cinco jóvenes en la fiesta denominada “Time Warp” que se realizó en el predio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocido como Costa Salguero.

Esta era una oportunidad para todos: legisladores y ciudadanos. Sin importar a qué partido pertenece cada legislador, los ciudadanos esperamos que el esclarecimiento de las circunstancias que permitieron los sucesos de Costa Salguero sea develado y en virtud de ello, se trabaje para evitar que se sigan repitiendo muertes asociadas a fiestas electrónicas.

La justicia penal está avanzando y el trabajo del Juez y el Fiscal de la causa ha permitido que la misma ya cuente con procesados y detenidos. Obviamente, será en este ámbito donde se establezcan las responsabilidades penales, que esperamos finalice con una condena implacable para quienes con su accionar delictivo se cobraron la vida de 5 jóvenes. Pero es importante que junto con la justicia llegue la verdad y ésta no puede comprenderse sin establecer quiénes fueron los responsables políticos de esta tragedia. 

Conocer la verdad es una necesidad imperiosa a la hora de prevenir y evitar que se cometan los mismos errores, las mismas fallas que tuvieron lugar en la Time Warp. Es necesario saber si la normativa existente es suficiente, si debe ser modificada, si los controles deben intensificarse o si la metodología de control debe reformularse. Todas estas cuestiones no dependen del accionar judicial sino de la voluntad de quienes integran el cuerpo legislativo de la CABA. 

Y no puede ignorarse lo que la investigación judicial pone de manifiesto: la cantidad de personas que ingresaron al lugar superaba por mucho el límite permitido por la norma, la presencia de los inspectores en el lugar comprobando esta irregularidad y sin tomar ninguna acción en consecuencia, el expendio de agua embotellada que carece de la aprobación para su venta, el acceso y la venta de drogas de diseño en el predio frente a la mirada pasiva de los inspectores que allí se encontraban. Estos señalamientos de la justicia deberían interpelar a los legisladores para que sean ellos quienes inicien una investigación tendiente a complementar la búsqueda de la verdad. 

Sin embargo, y contrario a lo que los ciudadanos esperamos, la mayoría de los legisladores votó en contra la aprobación de este proyecto y así dejaron expuesto que los intereses que los motivan los alejan del rol de representantes que encarnan. Resulta difícil pensar que se opusieran a investigar si alguno de los muertos en esta tragedia hubiera sido un hermano, un hijo, un amigo. Entonces, cabe preguntarse si realmente pueden ser representantes de la ciudadanía cuando tienen la incapacidad de sentir empatía o ponerse en el lugar del ciudadano común, que ante el dolor de la pérdida de un ser querido, sólo puede encontrar consuelo en la búsqueda de justicia y verdad. 

La comisión investigadora es una herramienta que ha tenido resultados efectivos en otras causas y es inentendible que sea desechada como posible camino a la verdad por temores mezquinos que buscan proteger a la clase política y no al ciudadano común, y que busca impedir que se revise el accionar de los propios, con un mecanismo cuasi corporativo que sitúa a los representantes del pueblo, justo en la vereda opuesta a la que se sitúan sus representados.

En un momento en el que los argentinos no dejamos de asombrarnos por las “verdades” que hoy se ventilan en el marco de la política nacional, y viendo el énfasis que se pone en la investigación de hechos cometidos por la gestión anterior, pareciera que oponerse a esta comisión es una gran contradicción, salvo que la investigación sólo sea bien vista cuando se trate de los otros. Para los ciudadanos de a pie, cuando las tragedias evitables nos matan seres queridos, en CABA, en las provincias, o en la Nación, no hay otros: todos son iguales.