El ex director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, denunció este martes a las autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación, entre ellas a su titular, Sandra Pettovello, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia se fundamenta en la negación reiterada por parte del Gobierno Nacional de asistir y contener a las víctimas de trata como así también a sus familiares, y a pesar de los reclamos formales que se han realizado. En concreto, se trata de 130 víctimas ubicadas en distintos puntos del país que, ante la omisión estatal, padecen el agravamiento de su situación de vulnerabilidad.
“Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades a quienes oportunamente he solicitado que restableciera la asistencia que percibían las víctimas y sustraerlas de la situación de extrema vulnerabilidad a la que habrían vuelto como derivación de la omisión del depósito de la ayuda económica”, expresa Vera en su denuncia.
“La falta de una respuesta de parte de las autoridades tuvo como correlato el hecho de que el 15 de marzo pasado Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad de la Nación -a cuya órbita pasó el Comité que estuvo a mi cargo- impartió la orden de hacerme cesar en mis funciones”, agrega el ex director y titular de la Fundación La Alameda.
“Quiero destacar que previamente -aproximadamente un mes antes- había sido ratificado en mi cargo por la Jefatura de Gabinete de la Nación”, explica, relacionando la decisión de Bullrich con sus reiterados reclamos.
Con respecto al rol que debería estar cumpliendo el Estado, Vera expresa que “Nuestro país se comprometió a que las victimas rescatadas del delito de trata no sean revictimizadas por un tercero y muchos menos por el mismo Estado, ya sea por acción o por omisión. La carencia de ayuda económica las colocaría nuevamente en una situación de extrema vulnerabilidad, y de ahí la probabilidad de ser captadas nuevamente por las redes de las organizaciones mafiosas”.
Por último, deja constancia que durante su gestión como director operativo del Comité agotó “todas las instancias formales para evitar la revictimización. Esto, y que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal fueron degradados por un decreto en su nivel de reporte jerárquico -establecido por ley 26842- me permite concluir que tiene su causa en una clara voluntad de no cumplir con las obligaciones legales de asistir y proteger a las víctimas”.
Denuncia completa, en este enlace.