✍️ Pablo Zamorano
El cierre del Programa Remediar y la reconfiguración del sistema de salud bajo el gobierno de Milei
El reciente cierre del Programa Remediar no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de desfinanciamiento progresivo que trae profundas consecuencias sanitarias, económicas y sociales en un contexto de reconfiguración del sistema de salud argentino. El acceso a medicamentos constituye un componente esencial del derecho a la salud y un determinante crítico de los resultados sanitarios, especialmente en sistemas fragmentados y desiguales como el argentino. En este marco, la provisión estatal de medicamentos esenciales no solo cumple una función asistencial, sino que opera como un mecanismo redistributivo que garantizaban niveles mínimos de equidad.
Un programa desmantelado
El Programa Remediar fue creado en 2002 como una política de emergencia orientada a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante su provisión directa en el primer nivel de atención. Con un fuerte alcance federal, buscaba fortalecer la atención primaria, reducir el gasto de bolsillo de las familias en situación de vulnerabilidad y consolidar la rectoría sanitaria del Estado nacional. Con el correr de los años, el programa se expandió tanto en cobertura como en alcance, consolidando su carácter estructural dentro del sistema de salud.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se registró un creciente deterioro del plan. Ese deterioro —con matices y recuperaciones parciales en años posteriores— se profundizó y agudizó con la llegada del gobierno de Javier Milei, en un contexto de ajuste y de implementación de políticas neoliberales. Así se verificó una reducción sostenida en la entrega de medicamentos hasta derivar en la decisión de cierre formal del programa, configurando la culminación de un proceso de desfinanciamiento y reconfiguración del rol del Estado en la provisión de medicamentos esenciales.
Cobertura y consecuencias del cierre
El Programa Remediar llegó a incluir cerca de 79 presentaciones farmacológicas, abarcando medicamentos para enfermedades crónicas prevalentes como diabetes e hipertensión, antibióticos, corticoides, antiparasitarios y tratamientos para afecciones respiratorias.
Entre las principales patologías crónicas cubiertas se encontraban hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2, asma, EPOC, anemia, parkinson, hipotiroidismo, gastritis y reflujo crónico, entre otras. En cuanto a enfermedades agudas, cubría infecciones respiratorias, infecciones urinarias, salud bucodental, cuadros gastrointestinales, dolor y fiebre, dermatología y parasitosis.
El cierre del programa implicará el abandono de tratamientos que requieren continuidad para ser eficaces, con el consecuente riesgo para la salud de la población. Su eliminación redundará en la desorganización del sistema, dado que problemáticas que debieran tener continuidad de cuidados ambulatorios se presentarán de forma descontrolada y con cuadros más graves en las guardias hospitalarias.
Desde el punto de vista sanitario, la eliminación del Remediar implica una reducción significativa en la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y una enorme presión para provincias y municipios, que deberán hacerse cargo de la compra de medicamentos que antes garantizaba el Estado nacional. El acceso discontinuo o restringido a medicamentos esenciales afecta la adherencia a los tratamientos y aumenta el riesgo de complicaciones evitables y eventos agudos. En este marco, el cierre introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica, particularmente relevante en enfermedades crónicas —donde la interrupción puede derivar en descompensaciones, progresión del cuadro y aumento de la mortalidad—, pero también impacta sobre patologías agudas cuya resolución depende del acceso oportuno a medicamentos.
El contexto de ajuste en el sistema de salud
El cierre del Programa Remediar se inscribe en un proceso más amplio de reducción y reconfiguración de programas sanitarios a nivel nacional. Durante el período 2024-2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de subejecución, particularmente en partidas vinculadas a la atención directa, el sostenimiento de efectores públicos y la provisión de bienes y servicios esenciales.
La gestión se caracterizó por el cierre,desfinanciamiento o subejecución de programas sanitarios estratégicos, como el de VIH y el de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. También se observan retrocesos en las políticas de salud sexual y reproductiva: la distribución de métodos anticonceptivos y preservativos se redujo de manera abrupta, comprometiendo la continuidad de estrategias preventivas y profundizando desigualdades territoriales.
Dentro de este marco general, los hospitales nacionales resultan especialmente afectados. Se derogaron los sistemas nacionales de facturación, evaluación y auditoría para hospitales públicos de gestión descentralizada, lo que redujo la capacidad de los efectores para recuperar costos por prestaciones brindadas a pacientes con cobertura de la seguridad social. La combinación de menores recursos reales, subejecución y debilitamiento de los mecanismos de recupero incrementa la vulnerabilidad financiera de los hospitales públicos.
El impacto en el PAMI y en el acceso a medicamentos
El segundo eje clave del período es la modificación de los esquemas de cobertura de medicamentos del PAMI . El gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación general y de la evolución de los haberes jubilatorios, como consecuencia de cambios en el precio de referencia y de la eliminación de coberturas plenas para medicamentos de uso frecuente. Estas decisiones trasladaron el ajuste directamente a los adultos mayores. Se registró una caída sostenida del consumo de medicamentos bajo receta, particularmente entre los afiliados de PAMI, con impacto transversal en todas las categorías terapéuticas, incluyendo medicamentos de uso crónico y de salud mental, cuya discontinuidad implica riesgos sanitarios relevantes.
El ajuste también alcanza al personal de salud.
Médicos de cabecera del PAMI anunciaron medidas de paro en rechazo a la resolución 1107/2026 del INSSJP-PAMI, que elimina la consulta presencial como fuente de ingreso y suprime el incentivo económico, entre otras disposiciones. Según denuncian los profesionales, la medida genera una reducción salarial de $2.100.000 a $1.400.000, lo que implica un recorte del 52,5% de sus ingresos.
Desigualdad, desfinanciamiento y desarticulación general
Este fenómeno de reducción en la compra de medicamentos trasciende al PAMI y se expresa a nivel nacional: la cantidad total de medicamentos dispensados en el país se redujo de forma generalizada, tanto en medicamentos bajo receta como de venta libre, evidenciando una restricción más amplia del acceso. Se articula, además, con un aumento de la demanda de medicamentos en el sector público por parte de personas con cobertura de obra social o prepaga que recurren a efectores estatales para sostener tratamientos ambulatorios, evidenciando un desplazamiento de la demanda hacia un sistema público crecientemente desfinanciado.
El proceso de desfinanciamiento y desarticulación institucional también alcanza a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo presupuesto ejecutado registra una reducción real del 25%, agravada por cambios normativos que afectan el acceso efectivo a las prestaciones. Asimismo, se verifica el desfinanciamiento de la formación técnica, la precarización del sistema de residencias y la fragmentación del acceso a la formación de posgrado, lo que configura un debilitamiento estructural de la fuerza laboral en salud.
Conclusión
La gestión del gobierno de Javier Milei en materia de salud evidencia una orientación consistente hacia la retracción del Estado nacional, expresada en la caída real del financiamiento, la subejecución presupuestaria, la desarticulación de programas estratégicos y la desregulación de los subsistemas de seguridad social y medicina privada. El cierre del Programa Remediar —política pública vigente durante más de dos décadas— no solo afecta el acceso a medicamentos, sino que profundiza desigualdades socioeconómicas y sanitarias, pudiendo derivar en interrupciones de tratamientos, deterioro de los indicadores de salud e incremento de la mortalidad. En definitiva, este conjunto de decisiones configura un cambio estructural en el rol del Estado como rector y coordinador del sistema sanitario argentino.
Fuentes: datos extraídos de la Fundación Soberanía Sanitaria.
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